EEUU apunta a los últimos fiscales bolivianos: Mariaca y Lanchipa bajo la lupa por presunto narcotráfico

Roger Mariaca y Juan Lanchipa, los dos últimos fiscales generales de Bolivia, fueron incluidos a principios de octubre en la lista de ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos restringe la visa, bajo la acusación de vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, se produjo después de que Mariaca fuera detenido en el aeropuerto de Santa Cruz y Lanchipa apareciera en la segunda ronda de sanciones migratorias del gobierno de Donald Trump.

El paso de Washington: la lista negra y sus consecuencias

El Departamento de Estado difundió la primera nómina el 27 de septiembre, señalando a Mariaca como facilitador de redes narco‑terroristas y como quien habría ayudado a delincuentes a eludir la justicia boliviana. Dos días después, la autoridad aeroportuaria de Santa Cruz lo retuvo bajo una orden de captura. La segunda lista, publicada el 3 de octubre, incorporó a Lanchipa, quien dirigió el Ministerio Público entre 2018 y 2024, en medio de una ofensiva que también incluye a diputados, jueces y altos funcionarios del país.

De Santa Cruz a la cárcel: la detención de Roger Mariaca

Roger Mariaca, de 38 años, había sido fiscal departamental de Santa Cruz antes de ser elegido por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa en 2024 para encabezar la Fiscalía nacional. Su designación estuvo marcada por acusaciones de compra de votos que nunca se probaron con evidencia, pero el amplio apoyo de todas las bancadas generó sospechas en los círculos políticos. El gobierno boliviano ahora lo acusa de liderar una “organización criminal” destinada a “proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo”. La detención se dio en un contexto de creciente presión internacional para frenar el flujo de cocaína que atraviesa la región andina.

Juan Lanchipa y la política boliviana: entre el MAS y la oposición

Lanchipa, elegido con el voto mayoritario del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2018, tuvo que navegar los vaivenes del poder político. Durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, impulsó procesos contra exautoridades del MAS, encarceló a ministros y llegó a emitir una orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales por sedición y terrorismo. En una entrevista en la radio Erbol, el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano recordó que Áñez le había dicho a Lanchipa que no confiaba en él, pero que el fiscal había respondido: “A sus completas órdenes el Ministerio Público”. Tras la victoria de Luis Arce en 2020 y el regreso del MAS al poder, los procesos penales contra Morales fueron archivados y, bajo la gestión de Lanchipa, se encarceló a la expresidenta Áñez y a dos de sus ministros.

Repercusiones para Córdoba y la región

Para la provincia de Córdoba y el resto de Argentina, la movida de Washington tiene una dimensión muy práctica: la lucha contra el narcotráfico que cruza la frontera norte y que afecta a nuestras rutas de exportación agropecuaria. Un endurecimiento de los controles migratorios y financieros en Bolivia podría reducir la circulación de cargamentos de cocaína que, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llegan a la región del Gran Chaco y se infiltran en el mercado argentino. Además, la presión sobre los fiscales bolivianos abre la puerta a una mayor cooperación entre Buenos Aires y Washington en materia de inteligencia y captura de redes criminales, lo que podría traducirse en más recursos para los laboratorios de la Policía Federal que ya trabajan en la interdicción de cargamentos en la frontera.

Raíces de la polémica: la historia de la Fiscalía boliviana y el narco

La Fiscalía boliviana ha sido, desde la década de los 90, un terreno de disputa entre fuerzas políticas y grupos del crimen organizado. En los años 2000, bajo la presidencia de Evo Morales, el Ministerio Público ganó notoriedad por perseguir a líderes del narcotráfico que operaban en los valles de Cochabamba y Santa Cruz, pero también fue acusado de usar la justicia como herramienta política contra opositores. La falta de independencia judicial quedó en evidencia cuando varios fiscales fueron removidos sin procesos claros, generando una percepción de impunidad que favoreció la expansión de carteles internacionales.

Durante el gobierno interino de Áñez (2019‑2020), la Fiscalía se convirtió en el brazo ejecutor de una campaña contra el MAS, con procesos que muchos observadores internacionales catalogaron como motivados por intereses políticos más que por pruebas. Esa etapa dejó un legado de desconfianza institucional que aún pesa sobre la gestión de Lanchipa y, posteriormente, de Mariaca. La inclusión de ambos en la lista negra de EE. UU. pone en evidencia que la comunidad internacional ya no está dispuesta a tolerar una “caja negra” donde el narcotráfico se mezcle con la administración de justicia.

En la actualidad, el presidente Rodrigo Paz, quien busca estrechar la cooperación con Washington en materia de seguridad, enfrenta el reto de reformar la Fiscalía para que sea verdaderamente autónoma y capaz de frenar las rutas del narco que atraviesan la zona cordobesa. El caso de Mariaca y Lanchipa, aunque centrado en Bolivia, sirve como señal de alerta para toda la región: si no se frenan los nexos entre el poder judicial y el crimen, el laburo de los gobiernos locales se vuelve cada vez más complicado y la seguridad de los ciudadanos queda en juego.

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