El Arzobispado de Córdoba denuncia el impacto del proyecto de ley de ‘Inviolabilidad de la propiedad privada’ en los barrios populares

En un clima de profunda inquietud por el futuro habitacional de los sectores más vulnerables, la Iglesia Católica de Córdoba, en conjunto con la Mesa de Barrios Populares, lanzó este jueves un comunicado contundente contra el proyecto de ley de ‘Inviolabilidad de la propiedad privada’, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La conferencia de prensa, realizada en la sede del Arzobispado de Córdoba, contó con la presencia del cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba; el Pbro. Melchor López, vicario de los Pobres; Ayelén Cabaña, referente de la organización TECHO; y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.

Un golpe a la regularización dominial y los servicios básicos

El proyecto de ley de ‘Inviolabilidad de la propiedad privada’ choca frontalmente con los procesos de integración urbana que se vienen desarrollando en la provincia de Córdoba. Según se expuso en el encuentro, la actual Ley 27.453 es la que sostiene el andamiaje jurídico para que las comunidades en situación de pobreza puedan aspirar a un título de propiedad y a una urbanización real.

En la provincia de Córdoba, se estima que más de 40 mil familias podrían verse directamente afectadas si se eliminan o debilitan estas protecciones. Actualmente, existen 318 barrios registrados dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en territorio cordobés, los cuales quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica extrema ante el nuevo escenario normativo.

Obras paralizadas y el fantasma de los desalojos

La conferencia de prensa no solo sirvió para discutir marcos legales, sino también para visibilizar el impacto concreto que el freno a las políticas de integración ya está teniendo en los barrios. Ayelén Cabaña compartió datos alarmantes sobre la situación actual: se han contabilizado 671 obras de urbanización paralizadas en todo el país.

Lo más preocupante para la Mesa de Barrios Populares es el resurgimiento de la amenaza de expulsión. Actualmente, existen 150 juicios de desalojo activos que ponen en vilo a más de 4.500 familias argentinas. La derogación o modificación de la Ley 27.453 quitaría el freno legal a estos procesos, desatando una crisis habitacional y social de proporciones impredecibles.

Un llamado a la acción

La jornada en el Arzobispado concluyó con un pedido unánime de las entidades convocantes: sostener y profundizar las políticas de integración urbana. El llamado final fue a continuar trabajando de manera conjunta por ciudades que no excluyan a sus habitantes más pobres, buscando asegurar oportunidades y condiciones dignas para todos los ciudadanos, sin distinción de su código postal.

La Iglesia Católica de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares se alinean con la lucha por la justicia social y la protección de los derechos humanos de los más vulnerables. En un momento en que la crisis habitacional y social se agudiza, es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar la dignidad y la integración de las comunidades en situación de pobreza.

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