El video del narco uruguayo Sebastián Marset revela amistad con el fiscal boliviano Roger Mariaca

Un clip difundido por la Policía boliviana muestra al detenido narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Santa Cruz en marzo, respondiendo a preguntas de agentes sobre una supuesta llamada del fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En la grabación, Marset afirma sin titubeos que el funcionario era su “amigo” y que mantenía conversaciones regulares con él.

La escena que encendió la polémica

El video, publicado la madrugada del miércoles, llega justo después de que Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueran aprehendidos en el aeropuerto internacional Viru Viru. En la secuencia, un agente le pregunta a Marset por una llamada que está recibiendo: “Está llamando, Mariaca. A todo el mundo está llamando. ¿Por qué está llamando?”. El narco responde con naturalidad: “Porque Mariaca es mi amigo”. Cuando se le indaga si había hablado con el fiscal, contesta: “Sí, hablo con él”.

El interrogatorio prosigue y el agente le exige detalles sobre el contenido de esas charlas y si estaban vinculadas a negocios ilícitos. Marset asegura: “No negocio nada, supuestamente él controla la Fiscalía. Avisa”. Ante la pregunta de qué avisaba, el narco replica: “Lo que tiene que avisar”. Finalmente, al indagar si había recibido alguna advertencia ese día, responde: “Hoy no me avisó nada”.

Reacciones institucionales y la sombra de EE.UU.

La Fiscalía boliviana rechazó la versión de que Mariaca se hubiera reunido con Marset días antes de su extradición a Estados Unidos y solicitó pruebas que respalden tal afirmación. El Ministerio Público, por su parte, calificó la detención del fiscal como un “secuestro” y denunció la falta de claridad en los motivos de la medida.

En paralelo, agentes policiales irrumpieron en la sede de la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde testigos aseguraron que efectivos con el rostro cubierto ingresaron al edificio, generando nuevas dudas sobre la legalidad del operativo. Hasta la madrugada del jueves, las autoridades bolivianas no habían explicado públicamente los motivos de la captura de Mariaca y Zeballos ni el alcance de los operativos en distintas sedes del Ministerio Público.

Dos días antes, Estados Unidos había revocado visas a varios funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, entre ellos Mariaca y Zeballos, acusándolos de corrupción y de obstaculizar la lucha contra el narcotráfico. Según Washington, el fiscal habría recibido sobornos para facilitar el tráfico de drogas y proteger a criminales violentos. Mariaca rechazó esas acusaciones, tachándolas de “injerencia” y “presión política”, y vinculó la medida a investigaciones impulsadas por el Ministerio Público boliviano, incluida la causa contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Impacto regional: la mirada argentina

Para Córdoba y el resto de Argentina, el caso adquiere una dimensión extra por la presencia de Cerimedo, quien ha sido señalado en investigaciones de lavado de dinero vinculadas a redes de narcotráfico en la región del Cono Sur. La posible conexión entre un narco uruguayo, un fiscal boliviano y un consultor argentino reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de nuestras instituciones frente a la influencia del crimen organizado.

Los analistas de seguridad de la Universidad Nacional de Córdoba advierten que la exposición de contactos entre funcionarios y narcos en países vecinos puede traducirse en un mayor riesgo para la zona, especialmente en la ruta del Chaco que conecta Argentina con Bolivia y Paraguay. “Si se comprueba que existieron intercambios de favores, podríamos estar frente a una red que utiliza la frontera para mover drogas y dinero sucio, lo que complicaría la labor de nuestras fuerzas de seguridad”, comenta el criminólogo Juan Pablo Ríos.

Asimismo, el sector empresarial cordobés teme que la polémica pueda afectar la percepción internacional de la región, dificultando inversiones y generando presión sobre los acuerdos comerciales con EE.UU. y la UE. El Consejo Empresarial de Córdoba ha pedido al gobierno nacional que refuerce los mecanismos de control y transparencia para evitar que casos como este perjudiquen la imagen del país.

Un nuevo capítulo en la investigación boliviana

El video de Marset abre una nueva línea de investigación sobre los posibles contactos entre funcionarios bolivianos y el narcotraficante uruguayo, quien fue capturado en Santa Cruz en marzo y luego extraditado a EE.UU. Las autoridades bolivianas, bajo presión internacional, deberán presentar pruebas que demuestren o desmientan la supuesta amistad entre Mariaca y Marset.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Bolivia ha señalado que Mariaca se trasladó a Santa Cruz para cumplir con su agenda institucional, aunque no ha aclarado si esa visita estuvo relacionada con la captura de Marset. La comunidad internacional observa con atención, pues cualquier indicio de colusión entre altos funcionarios y el crimen organizado podría desencadenar sanciones adicionales por parte de Washington.

En el contexto de la revocación de visas, la polémica también pone en relieve la creciente tensión diplomática entre Bolivia y EE.UU., donde la acusación de corrupción se mezcla con reclamos de soberanía y la defensa de la independencia judicial.

Las raíces de este escándalo y sus posibles consecuencias

El caso Mariaca‑Marset no es el primero en la historia reciente de Bolivia donde funcionarios de alto rango han sido señalados por vínculos con el narcotráfico. En la década de los 2000, varios ministros fueron investigados por supuestos pagos a carteles de cocaína, y la presión de EE.UU. llevó a la destitución de varios altos cargos. La diferencia ahora radica en la difusión de pruebas visuales, como el video de Marset, que ponen en jaque la narrativa oficial.

Si se confirma la amistad entre el fiscal y el narco, la repercusión podría ser devastadora para la credibilidad del sistema judicial boliviano y para la cooperación bilateral en materia de seguridad. Por otro lado, una defensa sólida por parte de Mariaca podría reforzar la postura de que las acusaciones son parte de una campaña de desestabilización política impulsada por intereses externos.

Para los cordobeses, el episodio es una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico. La transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración entre fuerzas de seguridad de Argentina, Bolivia y Uruguay serán esenciales para evitar que casos como este vuelvan a poner en jaque la estabilidad de la región.

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