Detienen al fiscal general de Bolivia tras la revocación de su visa estadounidense por presuntos lazos con el narcotráfico

Santa Cruz, Bolivia – El viernes por la noche el fiscal general boliviano, Roger Mariaca, fue arrestado en la zona oriental del país, apenas dos días después de que Washington le retirara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. La detención se produjo mientras la Policía boliviana allanaba la sede de la Fiscalía General del Estado en Sucre, según fuentes citadas por la AFP y la denuncia oficial del Ministerio Público.

El operativo que paralizó la Fiscalía de Sucre

Según testigos, el operativo se inició en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde Mariaca habría llegado para cumplir con una agenda institucional. Desde allí, agentes del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), una unidad de inteligencia con el rostro cubierto y chalecos distintivos, lo interceptaron y lo trasladaron a una comisaría de la zona. En una transmisión en vivo, la jefa de comunicaciones de la Fiscalía, Claudia Pardo, denunció la “intervención ilegal” y calificó el suceso de “secuestro”.

Junto a Mariaca, también fue detenido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien figura en la misma lista de sanciones emitida por el Departamento de Estado de EE UU. Ambos funcionarios fueron llevados a la sede de la Fiscalía en Sucre, donde la policía revisó documentos y equipos de trabajo. Hasta el momento, el gobierno boliviano no ha emitido una declaración oficial que explique los motivos de la aprehensión.

La revocación de visas estadounidenses y sus ramificaciones

El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE UU anunció la revocación de visas a trece altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, acusándolos de corrupción y de socavar gobiernos democráticamente electos. Bolivia encabeza la lista con ocho nombres, entre ellos Mariaca y Zeballos. Washington argumentó que los funcionarios “ponen en riesgo los esfuerzos contra el narcoterrorismo” y que sus acciones “socavan las instituciones democráticas”.

El gobierno boliviano calificó las acusaciones como “graves” y solicitó a Washington la información completa para iniciar una investigación interna. La medida también será analizada por el Congreso boliviano en una sesión prevista para el próximo lunes, donde se debatirá la posible creación de una comisión de investigación.

Repercusiones para la región y el vínculo argentino

La controversia no se queda en la frontera boliviana. En la última década, varios consultores y empresarios argentinos, como el político Fernando Cerimedo, han sido investigados por autoridades bolivianas por supuestos delitos que incluyen tentativa de feminicidio y presuntos vínculos con el narcotráfico. La revocación de visas y la detención de Mariaca podrían complicar aún más la cooperación judicial y comercial entre ambos países.

Para la provincia de Córdoba, donde la industria agroexportadora depende en parte de rutas de tránsito a través de Bolivia, cualquier escalada de tensiones podría afectar los costos logísticos y la seguridad de los envíos. Además, la comunidad cordobesa de profesionales del derecho que colaboran con contrapartes bolivianas temen que la “presión política” de EE UU genere un clima de desconfianza que frene proyectos de integración judicial y de lucha contra el crimen organizado en la región.

El trasfondo político del fiscal general

Roger Mariaca fue electo fiscal general en octubre de 2024 por un Legislativo dominado entonces por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce. Su mandato, de seis años, coincidió con una etapa de mayor apertura a la cooperación internacional en materia de seguridad, pero también con críticas internas por la supuesta falta de independencia del Ministerio Público.

En sus declaraciones públicas, Mariaca ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico y ha catalogado la revocación de la visa como una “injerencia” y “presión política” por parte de Washington, vinculándola a investigaciones que, según él, afectaron a figuras tanto dentro como fuera de Bolivia, entre ellas a Cerimedo.

Los escenarios que se dibujan para Bolivia y sus vecinos

Si bien la detención de Mariaca y Zeballos aún no ha sido justificada por las autoridades locales, el episodio ya está generando un debate sobre la soberanía judicial y la influencia externa en los asuntos internos de Bolivia. Analistas de la Universidad Nacional de Córdoba advierten que la situación podría desencadenar una ola de medidas recíprocas por parte de otros países de la región, que podrían revisar sus propias políticas de visas y cooperación policial.

En el plano interno, la presión sobre el gobierno de Luis Arce se intensifica. La oposición ya ha pedido la renuncia del ministro del Interior y la apertura de una investigación parlamentaria independiente. Mientras tanto, la población boliviana muestra signos de incertidumbre, con protestas esporádicas en Santa Cruz y Sucre que reclaman transparencia y el respeto al debido proceso.

Raíces y repercusiones de la polémica (Un vistazo histórico)

Bolivia ha sido históricamente un punto de cruce para el narcotráfico andino, una realidad que ha llevado a Washington a implementar programas como “Escudo”, destinado a fortalecer la capacidad institucional de los países de la región para combatir el narcoterrorismo. Sin embargo, la política de sanciones de EE UU ha sido vista por muchos analistas latinoamericanos como una herramienta de presión diplomática que, en ocasiones, vulnera la soberanía nacional.

El caso de la revocación de visas a funcionarios bolivianos se inscribe en una línea de medidas que comenzaron en 2019, cuando EE UU sancionó a varios funcionarios de Venezuela y Nicaragua bajo la acusación de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En Bolivia, la lista de 13 nombres publicados en septiembre de 2024 representa el mayor número de sancionados en la historia reciente del país.

Para la región, la polémica reaviva el debate sobre la necesidad de crear mecanismos de cooperación judicial que no dependan exclusivamente de la presión de potencias externas. En Córdoba, universidades y centros de estudio están impulsando mesas de trabajo para analizar cómo estos eventos pueden afectar la seguridad fronteriza, el comercio y la movilidad de profesionales entre Argentina y Bolivia.

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