España aprueba dos decretos que congelan desahucios hasta 2030 y prohíben la compra de viviendas por fondos buitre

El Consejo de Ministros, tras intensas negociaciones entre el PSOE y la coalición Sumar, aprobó este martes dos decretos‑ley que marcan un hito en la política de vivienda española. El primer texto establece la renovación automática de los contratos de alquiler, mientras que el segundo prohíbe los desahucios hasta 2030 y veta la adquisición de inmuebles por parte de fondos buitre hasta 2028.

Los detalles de los decretos y el cruce de intereses

El llamado “decreto Maricarmen” incluye una serie de medidas solicitadas por sindicatos, organizaciones de inquilinas y asociaciones de propietarios. Entre ellas destaca la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2028, de la vigencia de las protecciones vinculadas al alquiler, así como la limitación del incremento de rentas al 0 % cuando superan el índice de referencia de vivienda. Además, se regula el alquiler de habitaciones y de temporada, y se establece la renovación automática de los contratos, medida que ha generado polémica entre los pequeños propietarios que temen perder flexibilidad para vender o reajustar sus inmuebles.

Reacciones en el terreno: sindicatos, partidos y la ciudadanía

El Sindicato de Inquilinas de Madrid condicionó su respaldo al Gobierno a la aprobación íntegra del paquete en un solo texto, calificando la división en dos decretos de “un decreto farsa”. Valeria Racu, su portavoz, señaló que la presión en las calles –acampadas y movilizaciones– busca “echarle un pulso histórico al Gobierno”. Por su parte, el líder de Junts, Miriam Nogueras, advirtió que la renovación automática pone en riesgo a los pequeños propietarios y que su partido podría apoyar el resto de las medidas pero no la prórroga de los alquileres.

¿Qué implica para Argentina y los inversores cordobeses?

Si bien los decretos se aplican exclusivamente en territorio español, su eco se siente en la comunidad inversora argentina. En los últimos años, fondos buitre y fondos de inversión internacionales han adquirido cientos de viviendas en ciudades como Madrid y Barcelona, generando una presión alcista en los precios de alquiler que ha sido replicada en algunos barrios de Córdoba, donde inversores extranjeros buscan rentabilidades atractivas. La prohibición española de compra por fondos buitre hasta 2028 podría inspirar a legisladores argentinos a replantear la normativa sobre la adquisición masiva de inmuebles por capitales externos, una medida que, según expertos locales, ayudaría a frenar la escasez de alquileres y la especulación en barrios como Alta Córdoba o el Centro.

El camino hacia la votación final y los posibles escenarios

El pleno extraordinario del Congreso está programado para este viernes, cuando se decidirá la convalidación de los decretos. Se anticipa que el PP y Vox se opondrán firmemente, mientras que el voto de Junts será decisivo. Si el paquete se aprueba tal cual, España contará con una moratoria de desahucios que se extenderá por una década, una medida sin precedentes que podría servir de referencia para otros países que luchan contra la crisis de vivienda.

Una mirada histórica a la regulación del alquiler en España

Desde la crisis financiera de 2008, el mercado de alquiler español ha atravesado una serie de reformas. En 2013 se introdujo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que buscaba equilibrar derechos de inquilinos y propietarios, pero la presión de los fondos de inversión y la escasez de vivienda asequible mantuvieron la tensión. Los últimos años vieron la aparición de los “fondos buitre”, que compraron grandes bloques de pisos a precios de ganga, desencadenando protestas masivas en 2021 y 2022. La actual iniciativa del Gobierno pretende revertir esa tendencia, aunque la división del paquete ha generado críticas de que se está “troceando” la reforma.

En el contexto argentino, la reciente discusión sobre la Ley de Alquileres 2020 y sus ajustes ha puesto en relieve la necesidad de políticas que protejan a los inquilinos sin ahogar a los propietarios. La experiencia española, con su combinación de prohibición de desahucios y regulación de aumentos, ofrece un caso de estudio que podría influir en futuros debates en la Cámara de Diputados de la Nación.

En definitiva, la aprobación de estos decretos marca un punto de inflexión en la política habitacional europea y abre la puerta a posibles ecos en América Latina, donde la escasez de alquileres y la especulación inmobiliaria son problemas cada vez más visibles.

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