Familias de Villa El Libertador y Comercial reciben por fin sus escrituras tras décadas de lucha

Villa El Libertador y Comercial, dos barrios del sur cordobés, vivieron una jornada histórica este lunes cuando 17 familias firmaron los papeles que les otorgan la propiedad legal de sus hogares. El hecho pone fin a una cadena de procesos judiciales que arrastró a la comunidad desde los años 80, cuando cientos de lotes fueron vendidos sin la correspondiente regularización.

Orígenes de una controversia que se extendió por generaciones

Todo comenzó en la década de 1980, cuando la explosión demográfica de Córdoba impulsó la venta de terrenos en zonas periféricas. Muchas familias, con la ilusión de construir su propio hogar, pagaron los lotes en efectivo, pero el registro de la propiedad nunca se completó. Sin títulos, los vecinos quedaron expuestos a reclamos y a la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios.

En 2013‑2014 la Oficina de Derechos Humanos y Justicia presentó un informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General, denunciando que la problemática no era meramente contractual, sino una cuestión colectiva de vulnerabilidad social y derecho a la vivienda. La denuncia desencadenó una investigación penal en la Fiscalía de Instrucción de 27° Nominación, que revisó más de 4.000 expedientes civiles y culminó con la imputación del responsable de la firma comercial que había vendido los lotes.

El acuerdo que destrabó el conflicto

Tras varios intentos fallidos de la defensa, el imputado aceptó una solución alternativa prevista por la legislación procesal. La propuesta contempló la escrituración de los inmuebles vendidos y, cuando la documentación no lo permitía, una compensación económica. Además, se acordó desistir de los procesos civiles vinculados a la falta de escrituración.

Gracias al programa municipal “Tu casa, tu escritura”, 17 familias obtuvieron sus títulos de propiedad. En paralelo, se alcanzaron 12 acuerdos de conciliación que incluyeron la desestimación de reclamos y una reparación económica en un caso particular. Estos acuerdos permitieron cerrar decenas de expedientes que habían circulado por distintos juzgados de la ciudad.

Trabajo de campo: la cercanía con los vecinos

El acompañamiento no se quedó en los tribunales. La Dirección de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba organizó convocatorias puerta a puerta, asistiendo a cada familia en la recopilación de documentos, la gestión ante el Registro Civil y la recuperación de archivos históricos del Poder Judicial. Cuando los compradores originales habían fallecido, las Defensorías Civiles de Córdoba intervinieron para iniciar gratuitamente las declaratorias de herederos, garantizando que la segunda fase del proceso pudiera avanzar sin trabas.

Esta intervención territorial fue clave para superar la burocracia y devolver la esperanza a vecinos que habían vivido años de incertidumbre, sin poder hipotecar sus propiedades o venderlas con garantía.

Una solución que busca cerrar un conflicto de décadas

El proceso judicial iniciado hace más de una década ha permitido sentar un precedente de coordinación entre el Poder Judicial, la municipalidad y la sociedad civil. La primera etapa de escrituración no solo entrega títulos, sino que también desmantela una red de litigios que frenaba el desarrollo urbano y la inversión en la zona.

El caso subraya la necesidad de políticas de regularización fundiaria más ágiles y de una vigilancia permanente para evitar que situaciones similares se repitan en otros barrios cordobeses.

Raíces y repercusiones de la regularización en Córdoba

Desde la década de 1990, Córdoba ha impulsado varios programas de regularización urbana, como el “Plan de Regularización de Barrios Populares” (2005) y la “Vuelta al Barrio” (2012). Sin embargo, la falta de seguimiento y la complejidad de los procesos judiciales dejaron rezagados a barrios como Villa El Libertador y Comercial. La reciente victoria legal muestra cómo la presión social combinada con la acción institucional puede revertir décadas de abandono.

Además, la seguridad jurídica que otorgan las escrituras abre la puerta a la formalización de la economía local: los propietarios ahora pueden acceder a créditos, mejorar sus viviendas y aportar al crecimiento del comercio del barrio. En un contexto de inflación y dificultad de acceso al crédito, este avance tiene un impacto directo en el bolsillo de cientos de cordobeses.

El caso también sirve de referencia para otras provincias que enfrentan problemas de regularización de tierras, demostrando que la unión entre la comunidad y las autoridades es la clave para romper el círculo de la informalidad.

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