Detrás del atentado a la fiscal Mónica Ferrero: viajes a Bolivia, la sombra de Sebastián Marset y la caza de pruebas

En la madrugada del 28 de septiembre de 2025, la fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero, vivió una pesadilla que todavía resuena en los pasillos del poder. Delincuentes vestidos de negro, con capuchas y guantes, escalaron los techos de su vivienda, dispararon tres veces y lanzaron una granada que detonó en el patio. Ferrero declaró que, por apenas 15 centímetros, el ataque no la mató. El presidente Yamandú Orsi, en una conversación con su predecesor Luis Lacalle Pou, condenó enérgicamente el hecho, mientras la opinión pública se volcaba en buscar a los responsables.

El primer sospechoso: Sebastián Marset y la red de narcotráfico

Desde el primer momento, la hipótesis que más resonó fue la posible implicación de Sebastián Marset, un narcotraficante con antecedentes internacionales que había escapado de la justicia uruguaya. Marset, detenido en Bolivia en marzo de 2025, enfrenta cargos por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos. La investigación reveló que su nombre estaba ligado a varios de los perpetradores del atentado, aunque su rol exacto seguía sin confirmarse.

Daniel Alejandro Garaza: el cerebro del atentado

La semana pasada el tribunal condenó a dos de los involucrados. Uno de ellos, Daniel Alejandro Garaza, fue sentenciado a siete años y tres meses por ser el autor intelectual del delito de asociación para delinquir, atentado agravado y estrago agravado. Garaza, quien había sido buscado por la justicia uruguaya desde hacía meses, se convirtió en el eje central de la trama. Según el diario El País, él ideó el ataque junto a su padre, Jorge Garaza, un ex policía ya condenado por vínculos con Marset.

Los hallazgos judiciales indican que Garaza viajó a Bolivia para planificar el ataque, reclutó a los ejecutores en Uruguay y, tras el atentado, se encargó de la destrucción de pruebas. Entre sus planes estaba la posibilidad de eliminar a uno de los autores materiales si éste pudiera delatar al grupo.

Rutas clandestinas: los dos viajes a Bolivia

El primer viaje de Garaza a Bolivia tuvo lugar en febrero de 2025, siete meses antes del atentado. Partió desde Brasil acompañado de Adrián Arrigoni, otro reclutador ya condenado. En ese momento, Garaza ya figuraba como requerido por la justicia uruguaya, pero logró evadir los controles migratorios y cruzar la frontera sin ser detectado.

Un segundo viaje se realizó semanas antes del 28 de septiembre. Garaza estuvo en Santa Cruz de la Sierra, la misma ciudad donde fue detenido Marset. Allí gestionó una residencia temporal de dos años. Regresó a Uruguay el 25 de septiembre, tres días antes de ejecutar el ataque, ingresando de forma clandestina: tomó un vuelo a São Paulo, luego otro a Pelotas y, finalmente, cruzó la frontera en un vehículo conducido por su padre. Este itinerario demuestra la complejidad de la red y la capacidad de los implicados para sortear los controles oficiales.

Leonardo Washigton Pereira: la logística del escape

El otro condenado fue Leonardo Washigton Pereira, quien se encargó de la logística del ataque y esperó fuera de la casa de Ferrero para facilitar la huida. Fue sentenciado a ocho años por asociación para delinquir, receptación agravada y coautoría de atentado, estrago e incendio. La investigación lo vinculó a un Volkswagen Bora que, junto a una camioneta Great Wall, se utilizó para la fuga.

Tras el atentado, Pereira y Garaza iniciaron la “caza de pruebas”. Garaza, en una conversación con Arrigoni, mostró su preocupación por posibles huellas: “¿Decís que hay huellas peluca? Hay que picarlos, entonces”. La sentencia indica que Garaza llegó a contemplar el asesinato de uno de los autores materiales para evitar que la justicia los encontrara.

El panorama completo: seis condenados y una trama internacional

Hasta la fecha, seis personas han sido condenadas por el atentado a la fiscal Ferrero. La investigación ha puesto al descubierto una red que cruza fronteras, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero y a la capacidad de evadir la justicia mediante viajes clandestinos y documentos falsos. El caso ha puesto en jaque la seguridad de los funcionarios públicos en Uruguay y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles migratorios y la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Raíces del crimen y su eco en la política uruguaya

El atentado contra Mónica Ferrero no solo marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, sino que también reveló la vulnerabilidad de las instituciones frente a grupos criminales con recursos y contactos internacionales. Desde la década de 1990, Uruguay ha sido un punto de tránsito para el tráfico de cocaína proveniente de Bolivia y Perú, y la presencia de figuras como Sebastián Marset ha evidenciado la capacidad de los carteles para infiltrar estructuras locales.

La respuesta política ha sido inmediata: el presidente Orsi anunció la creación de una unidad especial dentro del Ministerio del Interior para rastrear y desarticular redes transnacionales. Además, se ha planteado la reforma de la legislación sobre asociación delictiva, con penas más severas para quienes planifiquen actos de terrorismo interno.

En el plano social, el atentado generó una ola de solidaridad con la fiscal Ferrero, quien recibió mensajes de apoyo de todos los partidos y de la ciudadanía. Sin embargo, también despertó el temor de que la violencia política pueda volver a aparecer, especialmente en un contexto donde el narcotráfico sigue generando ganancias millonarias y donde la corrupción en algunos sectores facilita la impunidad.

El caso sigue abierto a nuevas investigaciones, y las autoridades uruguayas mantienen la presión sobre los contactos de Garaza y Marset en Bolivia y Brasil. La lección que deja este episodio es clara: la seguridad de los funcionarios y la integridad del Estado dependen de una respuesta coordinada, tanto a nivel nacional como internacional, para frenar la expansión de redes criminales que no respetan fronteras.

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