Flávio Bolsonaro promete una reforma constitucional en Brasil tras la victoria del PL en el Congreso

El martes, el candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro declaró que, de ganar la segunda vuelta el 25 de octubre, su primer objetivo será impulsar una reforma profunda de la Constitución. El anuncio se realizó en un acto político en Goiânia, capital del estado de Goiás, donde también estuvo presente el gobernador reelegido de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado. Bolsonaro vinculó la propuesta a la “redemocratización” del país, argumentando que la nueva composición del Congreso 2027, dominada por el Partido Liberal (PL), le permitiría cambiar la Carta Magna.

El plan de Flávio y la nueva mayoría del PL

En las elecciones de 2022, el PL pasó de 98 a 121 bancas en la Cámara de Diputados y de 15 a 28 senadores, convirtiéndose en la fuerza individual más grande en ambas cámaras. Sin embargo, los números todavía están lejos de los tres quintos necesarios para aprobar una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC): 308 diputados y 49 senadores. Por eso, el candidato subrayó que su estrategia se centrará en controlar las presidencias de la Cámara y del Senado, lo que le permitiría “frenar” la agenda del actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y abrir paso a una agenda propia.

¿Qué implica una reforma constitucional para la Argentina?

Desde la frontera cordobesa hasta la Patagonia, cualquier cambio estructural en Brasil repercute en la Argentina. Una reforma que altere la distribución de competencias federales o los mecanismos de inversión extranjera podría afectar directamente los flujos comerciales que cruzan la frontera con Misiones y Corrientes. Además, la posibilidad de una amnistía al ex presidente Jair Bolsonaro, propuesta por Caiado, generaría incertidumbre jurídica que los inversores argentinos suelen temer, complicando proyectos de energía y agroindustria que dependen de estabilidad normativa. En el laburo cotidiano, los exportadores de soja y carne temen que una nueva Carta Magna introduzca cláusulas que modifiquen aranceles o normas de inspección, lo que podría encarecer los costos de exportación.

Los pactos políticos y la presión de los aliados

El PL ya cuenta con el respaldo de la federación Unión Brasil y Progresistas, y se perfila la cercanía de partidos como Republicanos, Novo y Podemos. Este mosaico de alianzas es crucial porque, aunque el PL sea la mayor fuerza individual, necesita sumar votos de otros bloques para alcanzar la mayoría constitucional. En el acto de Goiânia, Ronaldo Caiado prometió su apoyo incondicional y, de llegar al poder, firmar una amnistía para Jair Bolsonaro, quien cumple 27 años de prisión por su presunta participación en una trama golpista. Esa promesa ha encendido la polémica, pues la Constitución brasileña, en su artículo 60, prohíbe eliminar la forma federativa, el voto directo, secreto, universal y periódico, la separación de poderes y los derechos y garantías individuales.

Un poco de historia sobre la Constitución brasileña y sus reformas

La Constitución de 1988, conocida como la “Constitución Ciudadana”, surgió tras el fin de la dictadura militar y marcó un giro hacia la democracia plena, con una amplia carta de derechos sociales y políticos. Desde entonces, ha sido objeto de varias enmiendas, pero siempre con el requisito de los tres quintos en ambas cámaras, lo que ha limitado cambios radicales. La última reforma importante se dio en 1998, cuando se introdujo la regla de la reelección presidencial y se modificaron normas fiscales. Cada intento de modificar la Carta Magna ha generado intensos debates en la sociedad civil y en los medios, porque cualquier alteración tiene el potencial de reconfigurar el equilibrio de poderes y la distribución de recursos entre los estados.

En la década de 1990, el entonces presidente Fernando Collor intentó impulsar una reforma constitucional que buscaba reducir la carga tributaria y descentralizar competencias, pero el proyecto fracasó ante la resistencia de los partidos tradicionales y de la sociedad civil. Más recientemente, en 2016, el Congreso aprobó una PEC que introdujo la regla de la “carta de crédito” para limitar el gasto público, una medida que fue criticada por su impacto en la inversión pública. Estos antecedentes muestran que la Constitución brasileña es un documento vivo, pero también que sus cambios no son tarea fácil y suelen requerir amplios consensos.

En el contexto actual, la propuesta de Flávio Bolsonaro representa un intento de usar la mayoría legislativa para impulsar una agenda que, según sus propios discursos, “redemocratizará” el país. Para la Argentina, la cuestión no es solo política, sino también económica: cualquier movimiento que altere la estabilidad institucional brasileña repercutirá en la balanza comercial, en la inversión extranjera y en la seguridad jurídica que los empresarios cordobeses y argentinos tanto necesitan para planificar sus proyectos a medio y largo plazo.

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