Fracaso total de la reunión paritaria: docentes universitarios vuelven al paro en medio de la polémica con el Gobierno de Milei

Buenos Aires, 23 de junio de 2026 – La mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y los gremios docentes y no‑docentes de las universidades públicas concluyó este martes sin alcanzar ningún acuerdo. La propuesta del Ejecutivo, un aumento salarial del 3 % para el mes de septiembre, fue calificada como una provocación por los representantes sindicales, que reclaman la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y la regularización del 31,2 % de salarios adeudados.

La cumbre y la oferta del Gobierno

El encuentro, convocado por el Ministerio de Capital Humano bajo la dirección de Sandra Pettovello, fue descrito por los propios docentes como “vergonzoso”. La administración de Javier Milei no presentó novedades sustanciales respecto a la cumbre del 10 de junio, cuando se firmó un acuerdo que preveía un aumento del 24 % en los salarios, de los cuales sólo se ejecutó un 21 % en julio. El nuevo 3 % ofrecido apenas cubre la diferencia pendiente y no incluye los compromisos de actualización del 20 % de los gastos de funcionamiento, los $50.000 millones extra para hospitales universitarios ni la suba del 50 % de las Becas Manuel Belgrano, paralizadas desde hace más de dos años.

Respuesta de los gremios docentes

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, declaró al término de la reunión que “la propuesta del Gobierno fue una provocación y no una oferta”. Frente al retraso salarial del 31,2 %, los sindicatos anunciaron un paro de 24 horas para el miércoles, con la intención de presionar la aplicación estricta de la Ley de Financiamiento y la devolución de los fondos que el Ejecutivo no ha entregado. Chevalier subrayó que la agenda sindical incluye la abolición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la negociación de un convenio colectivo que contemple el nomenclador salarial y los adicionales por posgrados.

La Ley de Financiamiento Universitario y su vigencia

Entre el acuerdo de junio y la reunión de este martes se produjo la ratificación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario, publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025. El presidente Milei suspendió su aplicación ese mismo día, lo que desencadenó una serie de recursos judiciales. La Corte Suprema, el 25 de junio de 2026, rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado y confirmó la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización salarial y de becas con base en el índice de inflación del INDEC, retroactiva a la asunción del mandatario.

El pronunciamiento judicial y los plazos

El juez federal Martín Cormick, a cargo del proceso, otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de la Ley. Hasta la fecha, el Gobierno no ha entregado los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, ni a los hospitales universitarios, ni a las becas estudiantiles, a pesar de los compromisos asumidos en junio.

El paro anunciado y la perspectiva en Córdoba

El Frente Sindical Universitario, que agrupa a los principales gremios docentes, convocó a un paro total de actividades para el miércoles, con la posibilidad de ampliarlo si el Ejecutivo no retrocede. En Córdoba, la medida se suma a la creciente tensión en el sector universitario, donde los estudiantes y docentes ya han protagonizado marchas y asambleas en los últimos meses. Las autoridades locales, encabezadas por la intendencia, han pedido evitar la paralización de los servicios esenciales, pero reconocen que la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento pone en riesgo la calidad de la educación superior en la provincia.

Raíces históricas de la lucha universitaria en Córdoba

La confrontación actual no es la primera vez que las universidades cordobesas se ven envueltas en conflictos laborales. Desde la década de 1990, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) vivió una serie de huelgas docentes que culminaron en la reforma del estatuto universitario de 2001, la cual buscó garantizar la autonomía académica y la estabilidad salarial. En 2008, la crisis económica provocó un nuevo paro general que duró 15 días, impulsado por la falta de fondos para becas y la escasa inversión en infraestructura.

En 2012, la UNC fue escenario de la histórica “Marcha de los 30 mil”, una movilización masiva que exigía la recomposición de salarios y la ampliación de los presupuestos de investigación. Ese movimiento dejó como legado la creación del Consejo de Coordinación Universitaria, organismo que hoy coordina las negociaciones entre el Estado y las instituciones de educación superior.

Más recientemente, la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2024 representó un intento de romper con la tendencia de recortes y retrasos en los pagos. Sin embargo, la suspensión de la norma por parte del presidente Milei y la falta de cumplimiento judicial reavivan viejas heridas y ponen en evidencia la fragilidad del pacto social entre el Estado y la academia. La nueva ola de protestas en Córdoba podría marcar un punto de inflexión, obligando a los poderes públicos a reconsiderar sus políticas salariales y presupuestarias para evitar una crisis estructural en la educación superior.

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