Graves intentos de encubrimiento en la fraternidad Chi Phi de Cornell: la historia de Jane Doe y sus llamadas reveladoras

Una exalumna de la Universidad de Cornell, identificada como Jane Doe, denunció el 8 de noviembre de 2024 una violación grupal ocurrida el 19 de octubre en una casa de la fraternidad Chi Phi. La denuncia, presentada ante la Policía de Cornell, desató una cadena de llamadas grabadas que revelan los esfuerzos de varios miembros de la hermandad por reconstruir los hechos, minimizar la gravedad del episodio y, en algunos casos, intentar silenciar a la víctima.

Las llamadas que intentan armar la versión de los hechos

Doe, desconcertada y con la cabeza llena de dudas, comenzó a registrar sus conversaciones con los chicos de Chi Phi para no perder detalle de lo que le decían. Tres semanas después del presunto asalto, marcó a Matthew Ingalls, quien la había invitado a la casa. En la charla, la joven explicó: “Estoy tratando de reconstruir los hechos, ¿sabés? Estoy muy confundida”. Más adelante, le envió un mensaje en el que describía el daño a su reputación: “Esto está arruinando mi vida temporalmente. Mi reputación está destruida y estoy completamente avergonzada”.

Ingalls, lejos de ofrecer claridad, intentó desplazar la culpa insinuando que Doe había estado sobria y que su recuerdo podía ser impreciso. En otro momento, le dijo que “me he exprimido el cerebro con este misterio”, como si ambos pudieran estar equivocados. La conversación con Winston Lee, estudiante de segundo año, también quedó registrada; Lee admitió que la joven estaba “profundamente intoxicada” y que había consumido ketamina, pero sostuvo que no había nada que indicara un delito en la habitación.

Los mensajes de texto y los chats de Snapchat fueron parte esencial del entramado. En un grupo de casi sesenta miembros, se invitaba a más personas a entrar al cuarto, mientras que otro integrante envió una disculpa por “cómo se dieron las cosas”. Los intentos de la fraternidad por presentar la noche como una “orgía consentida” contrastan con la descripción de Doe de una violación grupal perpetrada por entre ocho y diez hombres.

Respuesta institucional: expulsiones, suspensiones y la investigación policial

Tras la denuncia, la Universidad de Cornell tomó medidas rápidas: dos miembros fueron expulsados, varios más suspendidos y el capítulo de Chi Phi quedó suspendido el mismo día. La fiscalía del condado de Tompkins, sin embargo, decidió no presentar cargos después de revisar un resumen de seis páginas que, según los abogados de la denunciante, omitía fragmentos clave que demostraban la certeza de la víctima.

La policía universitaria solicitó a las operadoras Verizon y T‑Mobile la preservación de datos telefónicos, correos y videos, enviando cartas fechadas el 15 de noviembre. No está claro si esas solicitudes se convirtieron en órdenes judiciales, pero la intención era recolectar pruebas que pudieran contrarrestar la versión de la fraternidad.

El caso escaló a nivel estatal cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para investigar la actuación de Cornell y la posible protección institucional a los agresores. La investigación, liderada por la exfiscal Sally Yates, abarcará los procedimientos internos de la universidad, el rol de la policía del campus y el manejo de denuncias de agresión sexual.

El ángulo cordobés: qué implica este caso para la comunidad estudiantil argentina

Para los cientos de cordobeses que estudian en el exterior, el escándalo de Chi Phi se vuelve una advertencia sobre la cultura de fraternidades en universidades norteamericanas. En Córdoba, la Ley de Educación Superior y la normativa contra el acoso sexual en instituciones educativas están en constante revisión; este caso internacional alimenta el debate sobre la necesidad de protocolos más rigurosos y de apoyo psicológico inmediato para las víctimas.

Además, la presión de la comunidad argentina sobre las universidades que reciben a estudiantes de intercambio se intensifica. Organizaciones como la Asociación de Mujeres Universitarias de Córdoba (AMUC) exigen que las instituciones argentinas exijan a sus contrapartes extranjeras garantías de seguridad y canales de denuncia accesibles, evitando que casos como el de Jane Doe queden en la sombra.

En el ámbito económico, los escándalos de esta magnitud pueden afectar la percepción de los programas de intercambio y, por ende, la demanda de becas y convenios internacionales. Si la reputación de una universidad se ve empañada, los estudiantes argentinos podrían reconsiderar sus destinos, lo que repercutiría en la industria de turismo educativo que genera miles de pesos al año en la provincia.

Ecos de la historia: precedentes de encubrimientos en fraternidades y lecciones para Córdoba

Los intentos de encubrimiento no son nuevos. En la década de los 90, la Universidad de Pennsylvania enfrentó una ola de denuncias contra su fraternidad Phi Beta, donde se descubrió que los líderes habían presionado a testigos para que guardaran silencio y alteraran pruebas. Aquellas investigaciones, que terminaron con reformas en los códigos de conducta, sirvieron de precedente para la legislación de Nueva York y, de paso, inspiraron a grupos de derechos humanos en Argentina a solicitar cambios similares.

En la historia reciente de Córdoba, el caso de la fraternidad “Los Pioneros” de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), acusado en 2018 de manipular testimonios de una agresión sexual, mostró cómo la falta de protocolos claros puede perpetuar la impunidad. Tras la presión mediática, la UNC adoptó un protocolo de acompañamiento a víctimas y un comité independiente de revisión, medidas que hoy son citadas como modelo a seguir.

La lección que extrae la comunidad cordobesa es clara: la prevención y la respuesta rápida son esenciales. Las universidades deben contar con oficinas de atención a víctimas, con personal capacitado y con la garantía de que cualquier intento de encubrimiento será sancionado. Asimismo, los estudiantes deben estar informados de sus derechos y de los canales de denuncia tanto en su país como en el extranjero.

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