Impulso al empleo: el Programa Impuesto por Inversión genera más de 3.000 puestos en el Noroeste y Sur‑Sur cordobeses

Lead: El gobernador Martín Llaryora anunció en la Bolsa de Comercio de Córdoba que la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI) movilizará $240.500 millones y creará más de 3.000 empleos formales, directos e indirectos, en 21 localidades del Noroeste y Sur‑Sur de la provincia.

Un plan para equilibrar el desarrollo territorial

El IPI forma parte del Plan de Igualdad Territorial (PIT), una estrategia que busca frenar la concentración de la actividad productiva en el Gran Córdoba y abrirle la puerta a la inversión privada en zonas históricamente rezagadas. Según explicó Llaryora, los programas tradicionales tienden a reforzar las áreas ya desarrolladas; por eso, el PIT propone “más oportunidades para que la provincia crezca de forma equitativa”.

En la práctica, la medida se traduce en incentivos fiscales que devuelven hasta el 100 % del impuesto a los ingresos brutos invertidos en nuevos proyectos y exenciones del Impuesto de Sellos. La ley provincial 11.062, aprobada en septiembre de 2025, permite que estos beneficios se combinan con otros regímenes de promoción vigentes, ampliando la caja de herramientas para empresarios cordobeses.

Los números detrás de la convocatoria

Durante febrero y marzo de 2026 se recibieron 40 proyectos, de los cuales 25 fueron aprobados para el Noroeste y 15 para el Sur‑Sur. Las inversiones abarcan 21 localidades distribuidas en diez departamentos, incluyendo Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral y los distritos rurales de Río Primero, además de Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca en la zona Sur‑Sur.

Los proyectos se dividen en cinco grandes ejes: 20 en industria, 8 en turismo, 6 en actividades primarias, 3 en salud y 3 multisectoriales que combinan producción, servicios y turismo. Entre los rubros destacan la molienda de granos, la producción de biocombustibles, la vitivinicultura, la construcción industrializada, frigoríficos y alojamientos turísticos. De los 40, 35 son pioneros: son los primeros en crear empleo formal en esas localidades, lo que implica una diversificación de la matriz productiva y el fortalecimiento de las cadenas de proveedores locales.

Según la estimación oficial, los 40 proyectos generarán más de 900 puestos de trabajo directos y, al contar los indirectos, el total supera los 3.000 empleos formales. En términos relativos, eso representa un aumento cercano al 50 % del empleo formal en las áreas receptoras, una cifra que, en palabras del gobernador, “significa que la gente del interior podrá laburar sin tener que migrar a la capital”.

Primeras obras y expectativas de crecimiento

De los 40 proyectos aprobados, 14 ya están en marcha, 11 de ellos en el sector industrial. En la localidad de San Alberto, por ejemplo, una planta de procesamiento de frutas ha puesto en marcha una línea de producción que empleará a 120 personas y abastecerá a mercados nacionales. En el Sur‑Sur, la empresa agroindustrial que instalará una planta de biocombustibles en General Roca ya ha contratado a 80 trabajadores locales y promete generar una cadena de suministro que incluirá a pequeños productores de maíz y soja.

El gobernador también resaltó el papel del Banco de Córdoba, que está financiando parte de los proyectos mediante líneas de crédito con tasas de interés “las más competitivas del mercado”. Además, destacó la colaboración con el sector de la maquinaria agrícola en ferias rurales, lo que ha impulsado un récord de ventas de equipos gracias a la financiación estatal.

Beneficios fiscales y requisitos de acceso

Para acceder a los incentivos del IPI, las personas humanas o jurídicas deben estar radicadas en la provincia, ser contribuyentes de Ingresos Brutos y presentar proyectos que se desarrollen en los departamentos y pedanías contemplados por la Ley 11.062. La devolución del impuesto a los ingresos brutos puede cubrir el 100 % de la inversión, mientras que la exención del Impuesto de Sellos se aplica a los actos vinculados a la constitución de la empresa y a la adquisición de bienes de capital.

El proceso de postulación incluyó una fase de evaluación técnica en abril y mayo, y la aprobación final por el Consejo Asesor en junio. La expectativa es que la segunda convocatoria, programada para finales de 2026, repita o incluso supere los resultados de la primera, ampliando la cobertura a nuevos departamentos como Villa Carlos Paz y San Justo.

Un vistazo al futuro: cómo el IPI cambia la vida de los cordobeses

Más allá de los números, el Programa Impuesto por Inversión se traduce en historias de vida. En la pedanía de Timón Cruz, una familia que antes dependía del trabajo estacional en la agricultura ahora cuenta con un contrato estable en la nueva planta de alimentos procesados, lo que les permite acceder a crédito para la educación de sus hijos y a una mejor calidad de vivienda. En el sur de la provincia, la apertura de un centro de salud privado no solo crea puestos de trabajo para médicos y enfermeros, sino que también reduce la distancia que los pacientes deben recorrer para recibir atención especializada.

En palabras del propio Llaryora, “cuando la economía se distribuye, todos ganamos”. El programa, por tanto, no solo busca números, sino también la cohesión social y la reducción de la brecha entre el interior y la capital.

Raíces de la política de igualdad territorial

El concepto de igualdad territorial no es nuevo en Córdoba. Desde la década de 1990, gobiernos provinciales intentaron equilibrar la distribución del gasto público mediante la creación de fondos de desarrollo regional. Sin embargo, la falta de incentivos fiscales específicos limitó el impacto de esas políticas.

Con la Ley 11.062, la provincia da un paso adelante al combinar la promoción fiscal con la planificación estratégica del PIT. La medida se inspira en experiencias exitosas de otras provincias argentinas, como Santa Fe, donde programas de devolución de impuestos a la inversión lograron revitalizar economías rurales.

El desafío ahora es mantener la sostenibilidad fiscal del programa. Los analistas señalan que la devolución del 100 % de los ingresos brutos debe ser compensada con un aumento de la recaudación a mediano plazo, producto del crecimiento económico generado por los nuevos proyectos. En este sentido, el acompañamiento del Banco de Córdoba y la coordinación con la Cámara de Industria y Comercio de Córdoba son clave para garantizar que la inversión se traduzca en una base tributaria más amplia.

En conclusión, el Programa Impuesto por Inversión se perfila como una herramienta estratégica para reactivar el interior cordobés, generar empleo y reducir la brecha territorial. Si bien aún quedan retos por superar, los primeros resultados son prometedores y marcan un hito en la política de desarrollo regional de la provincia.

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