Indemnizan a estudiante de Córdoba tras graves quemaduras en experimento de química

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó este lunes a una institución educativa de gestión privada a indemnizar a una estudiante de 17 años que sufrió quemaduras de extrema gravedad durante la práctica de laboratorio conocida como “la serpiente del faraón”. El accidente ocurrió en la clase de química de segundo año de nivel secundario, cuando una compañera añadió alcohol a la mezcla, provocando una deflagración que alcanzó directamente a la víctima.

El accidente y sus consecuencias para la joven

El experimento, típico de los programas de química de nivel secundario, consiste en mezclar sustancias inflamables para crear una estructura carbonosa que se desplaza como una serpiente. En la jornada del 12 de julio, la estudiante que resultó herida se encontraba en el laboratorio bajo la supervisión de una única docente, mientras varios grupos realizaban la prueba de forma paralela. La incorporación inesperada de alcohol desencadenó una explosión que dejó a la menor con quemaduras de tercer grado en brazos, piernas y tronco. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Córdoba, la joven ingresó en terapia intensiva durante 70 días.

Durante ese período la adolescente tuvo que someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas: limpiezas, ablaciones y autoinjertos de piel. El proceso de rehabilitación, que incluye fisioterapia y terapia ocupacional, se prolongó varios meses y, según los informes médicos, dejó una incapacidad psicofísica permanente y definitiva, limitando su capacidad para realizar actividades cotidianas y académicas.

Responsabilidad del colegio bajo la legislación argentina

El magistrado Gustavo A. Massano, a cargo del caso, fundamentó su fallo en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad objetiva del prestador de servicios. El juez consideró que el colegio, al ofrecer la enseñanza y los recursos de laboratorio, actúa como una empresa proveedora y, por ende, la estudiante se encuentra en la posición de consumidora del servicio educativo. En este marco, la institución no puede escudarse en la conducta imprudente de otro alumno como eximente de responsabilidad.

La defensa del colegio argumentó que el daño se debió a un hecho fortuito e imprevisible, mientras que la aseguradora sostuvo que la conducta de la estudiante que provocó la explosión era una “casualidad”. Ambos argumentos fueron desestimados, ya que la pericia técnica demostró que el laboratorio carecía de elementos básicos de protección personal, como gafas de seguridad, guantes y extintores en buen estado, y que el manual interno de seguridad nunca se aplicó.

El fallo también señaló la insuficiente supervisión: la docente a cargo tenía que vigilar simultáneamente a varios grupos sin la ayuda de asistentes de laboratorio, lo que vulneró el deber de custodia que la normativa educativa impone a las instituciones. La sentencia ordenó al colegio pagar una indemnización que cubre los gastos médicos, la pérdida de capacidad laboral futura y una compensación por daño moral, además de la obligación de implementar un protocolo de seguridad actualizado.

Repercusiones para la seguridad en laboratorios escolares de Córdoba

Este caso ha encendido la discusión sobre la seguridad en los laboratorios de las escuelas privadas de la provincia. La Secretaría de Educación de Córdoba anunció que revisará los protocolos de seguridad de todos los establecimientos que cuenten con aulas de química, exigiendo la presencia de un técnico especializado y la certificación anual de los equipos de protección. Asimismo, la Cámara de Escuelas Privadas de Córdoba manifestó su intención de crear un registro de buenas prácticas y de capacitar a los docentes en gestión de riesgos.

Organizaciones de padres y madres de familia, como la Asociación de Padres de Alumnos de Córdoba, han pedido que se establezcan inspecciones sorpresivas y que se garantice la participación de los estudiantes en la elaboración de los manuales de seguridad, a fin de fomentar una cultura de prevención desde la adolescencia.

En el plano judicial, el fallo abre precedentes para futuros litigios contra instituciones educativas que no cumplan con los estándares de seguridad. Expertos en derecho civil advierten que la jurisprudencia podría extenderse a otras áreas de la enseñanza donde se manejen materiales peligrosos, como biología o tecnología.

Lecciones aprendidas y el camino hacia una educación más segura

El trágico accidente de la estudiante cordobesa evidencia que la educación no solo implica la transmisión de conocimientos, sino también la garantía de un entorno seguro. La historia de la “serpiente del faraón” se transformó en una advertencia sobre la necesidad de protocolos claros, supervisión constante y equipamiento adecuado.

Históricamente, los laboratorios escolares en Argentina han sufrido incidentes menores, pero pocos han alcanzado la magnitud de este caso, que combina la gravedad de las lesiones con la responsabilidad objetiva del proveedor de servicios educativos. La normativa actual, aunque contempla la seguridad, ha sido insuficiente en su aplicación práctica, como quedó patente en la omisión del manual interno del colegio.

Mirando hacia el futuro, la comunidad educativa de Córdoba tiene la oportunidad de convertir este doloroso episodio en un punto de inflexión. La implementación de auditorías de seguridad, la capacitación continua del personal docente y la participación activa de los estudiantes en la gestión de riesgos son pasos esenciales para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

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