Irán ejecuta a 35 presos y mantiene 106 condenas a muerte tras la revuelta de enero

Lead: El régimen iraní ha ejecutado a 35 de los 106 detenidos condenados a muerte por su participación en las protestas de enero, según el informe de la ONG noruega Hengaw publicado el 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte. Otros 63 presos corren un riesgo inminente, mientras ocho condenas fueron anuladas.

Cifras alarmantes y el contexto de la represión

Las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas con una violencia que, según autoridades iraníes, dejó 3.117 muertos; organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en EE. UU., estiman que la cifra supera los 7.000 fallecidos. En 2025 Irán ejecutó al menos 2.159 personas, la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981, duplicando el número del año anterior.

Hengaw, que lleva años documentando violaciones de derechos humanos en Irán, basa sus datos en un riguroso trabajo de su Centro de Estadística y Documentación, actualizado al 9 de octubre de 2026. El informe detalla no solo las condenas y ejecuciones, sino también los procesos judiciales irregulares que carecen de garantías mínimas, como la defensa adecuada y la revisión independiente.

Repercusiones internacionales y la posición de Argentina

El anuncio llega en un momento en que la comunidad internacional vuelve la mirada a Teherán. Estados Unidos e Israel continúan los bombardeos que, según Bloomberg, no han logrado destruir la capacidad militar iraní. Funcionarios occidentales afirman que Irán conserva la mayor parte de su arsenal de misiles balísticos y drones, pese a los ataques.

Para Argentina, la situación plantea un dilema de política exterior. El país mantiene relaciones diplomáticas con Irán y, a la vez, forma parte de la coalición de naciones que han condenado públicamente la pena de muerte. En la Cámara de Diputados, legisladores cordobeses han pedido al Gobierno nacional que refuerce su postura en foros como la ONU, recordando que la defensa de los derechos humanos es un valor esencial de la democracia argentina.

Además, la diáspora iraní en la provincia, aunque reducida, ha intensificado sus protestas en Buenos Aires y Córdoba, exigiendo sanciones más duras y la liberación de los presos políticos. Estas movilizaciones generan presión sobre el Ejecutivo para que adopte medidas concretas, como la presentación de resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos.

El papel de la sociedad civil cordobesa

En la capital cordobesa, organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y colectivos de la sociedad civil han organizado jornadas de información y recaudación de fondos para la familia de los detenidos iraníes. En el barrio de Güemes, una exposición fotográfica titulada “Voces silenciadas” muestra retratos de los condenados, conectando la lucha iraní con la historia de represión en Argentina.

El periodista local, a través de podcasts y columnas en diarios digitales, ha resaltado la importancia de entender que la pena de muerte no es solo un tema lejano, sino una amenaza que se extiende a cualquier sociedad que permita la impunidad. La narrativa cordobesa enfatiza la necesidad de mantener viva la memoria de la última dictadura militar, donde cientos fueron ejecutados sin juicio, para evitar que se repitan tragedias similares en cualquier parte del mundo.

Los activistas también han pedido a las autoridades locales que incluyan la defensa de los derechos humanos en la agenda de la próxima Feria Internacional del Libro de Córdoba, proponiendo mesas de debate con expertos internacionales y representantes de ONG como Hengaw.

Ecos de la represión: lecciones para la defensa de los derechos humanos en Argentina

La historia de la pena de muerte en Irán, que se remonta a la Revolución de 1979, muestra cómo los regímenes autoritarios utilizan el terror judicial para silenciar a la oposición. En Argentina, la última dictadura (1976‑1983) dejó más de 30.000 desaparecidos, muchos de los cuales fueron ejecutados sin juicio. Esa sombra histórica obliga a la sociedad a vigilar cualquier señal de retroceso.

La experiencia de los familiares de los ejecutados iraníes, que luchan contra la negación oficial y la falta de información, recuerda a los familiares de los desaparecidos argentinos que, durante décadas, buscaron la verdad y la justicia. Ambos casos evidencian la importancia de los archivos, la documentación independiente y la presión internacional para romper el silencio.

En este contexto, la labor de ONG como Hengaw se vuelve crucial. Su capacidad para recopilar datos verificables, publicar informes y difundir información a través de redes globales permite que la comunidad internacional conozca la magnitud de la represión. En Córdoba, los periodistas y activistas pueden aprender de esa metodología para fortalecer sus propias investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en el territorio nacional.

La defensa de la vida y la dignidad humana debe ser una causa transversal que una a Irán, Argentina y el resto del mundo. Cada ejecución en Teherán es un recordatorio de que la lucha contra la pena de muerte es una tarea pendiente en todas las latitudes, y que la solidaridad internacional es la herramienta más eficaz para frenar esta barbarie.

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