Judiciales de Córdoba avalan la nueva propuesta salarial del TSJ y el Gobierno provincial

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) dio luz verde a la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la autoridad ejecutiva de la provincia. La decisión se tomó el martes 2 de septiembre, durante la cuarta sesión intermedia de la Asamblea General Extraordinaria, donde participaron 1.146 empleados judiciales de la capital y del interior.

Resultados de la votación y alcance del acuerdo

La moción, impulsada por la mayoría de los cuerpos orgánicos del gremio, alcanzó 810 votos a favor (70,7%), superando con holgura el rechazo del 24,1% y las posturas que pedían volver a la medida de fuerza (5,14%). La ratificación formal se completará con la firma del acta acuerdo el miércoles 3 de septiembre.

Los ejes centrales del entendimiento salarial

• Equiparación federal: Se adelantan las cuotas de equiparación gradual con la Justicia Federal, que pasarían a percibirse en septiembre y diciembre de 2026 en lugar de 2027 y 2028. Para escribientes y auxiliares ayudantes, el adelanto será total en septiembre.
• Rubros permanentes: Se liquidará el 50 % del concepto «permanencia» para todas las categorías y se añadirá un refuerzo no remunerativo del 1,9 %. En la categoría más baja, la suma de estos conceptos representa una mejora del 5,65 % respecto a la pauta de la Corte Suprema; para los demás tramos, los aumentos varían entre 7,66 % y 14 %.
• Aportes y días de paro: La oferta reduce los aportes extraordinarios del 8 % al 6 % para los tramos superiores y garantiza que no se descuenten los días de paro pendientes.

Recomposición de la base del escalafón

El punto más destacado para la conducción gremial fue la recomposición de la categoría inicial (auxiliares sin título ni antigüedad). A partir de septiembre, estos empleados percibirán $1.577.952, casi el doble del salario de $789.411 que recibían en abril de 2025.

Según el secretario de prensa de AGEPJ, Martín Méndez, “el salario inicial de los judiciales tuvo un incremento del 99,9 % respecto a los $789.411 que se percibían en abril de 2025. Esto representa una recomposición real de más de 28 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período”.

El vocero también subrayó que el nuevo acuerdo permite que el ingreso básico de un trabajador judicial “vuelva a cubrir de manera completa la Canasta Básica Total para una familia tipo de cuatro personas, superándola en un 100,8 %, cuando en abril del año pasado apenas alcanzaba a cubrir el 71 %”.

Repercusiones para la economía cordobesa

El aumento salarial no solo impacta a los empleados judiciales; repercute en la economía de la provincia. Con más poder de compra, los judiciales se convierten en un motor de consumo para comercios locales, especialmente en barrios como San Vicente y Alberdi, donde gran parte del personal reside. Además, la reducción de los aportes extraordinarios al 6 % libera recursos que pueden destinarse a la inversión familiar, impulsando la demanda de bienes durables y servicios.

Para los sindicatos y la autoridad provincial, este acuerdo evita una nueva medida de fuerza que habría paralizado los tribunales y, por ende, la circulación de la justicia. Un conflicto judicial prolongado habría generado costos indirectos para empresas y particulares que dependen de resoluciones rápidas.

Perspectivas a futuro y próximos pasos

Con la firma del acta prevista para el 3 de septiembre, el acuerdo entrará en vigor en los próximos pagos de haberes. La AGEPJ ya avisa que mantendrá una vigilancia estrecha para asegurar que se cumplan los compromisos de no descontar días de paro y de aplicar los adelantos de equiparación federal.

El TSJ, por su parte, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de capacitación para que los empleados judiciales puedan aprovechar mejor sus nuevos salarios y contribuir a la modernización de la gestión judicial en la provincia.

Raíces de la paritaria judicial en Córdoba

La historia de las negociaciones salariales en el Poder Judicial cordobés se remonta a la década de 1990, cuando la primera paritaria oficial se estableció tras la reforma constitucional que dio mayor autonomía a la justicia provincial. Desde entonces, las asambleas gremiales han sido el espacio donde se discuten los ajustes frente a la inflación, que en los últimos veinte años ha superado el 600 % en la provincia.

En 2008, la AGEPJ logró la primera equiparación parcial con la Justicia Federal, un hito que marcó el inicio de una serie de reclamos por igualdad de condiciones. La crisis económica de 2012 frenó esos avances, y fue en 2016 cuando los judiciales volvieron a la mesa de negociaciones, logrando un aumento del 12 % que, aunque modesto, fue clave para detener la fuga de talento hacia la capital nacional.

El acuerdo de 2026 se inscribe, por tanto, en una línea de lucha constante por la dignidad laboral y la justicia social. Cada mejora salarial no solo representa un número en la nómina, sino también la garantía de que la justicia provincial cuente con personal motivado y bien remunerado, factor esencial para la calidad de los servicios judiciales que benefician a todos los cordobeses.

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