La ONU alerta: Bolivia se transforma en epicentro de carteles internacionales de droga

En una entrevista concedida a EFE, la delegada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Mónica Mendoza, advirtió que el país ha dejado de ser solo un productor de materia prima y una ruta de tránsito para pasar a convertirse en un verdadero centro de operaciones para carteles de droga de México, Brasil, Perú y Colombia. La funcionaria explicó que la dinámica criminal se ha convertido en un “holding” que agrupa narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal, todo bajo una coordinación cada vez más sofisticada.

Carteles transnacionales y su expansión en Bolivia

Según Mendoza, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México ha ampliado su presencia, al igual que las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho. Además, grupos procedentes de Perú y Colombia operan con el “consenso” de estructuras locales, lo que ha generado una red criminal que controla tanto la producción de coca como su distribución internacional. Las cárceles bolivianas ya albergan a detenidos de esas nacionalidades vinculados a las cúpulas de los carteles, lo que evidencia la profundidad de la infiltración.

El último informe de la UNODC sobre cultivos de coca reveló que la superficie cultivada en Bolivia aumentó un 7 % entre 2024 y 2025, pasando de 34.000 a 36.400 hectáreas. Bolivia ocupa el tercer puesto mundial en producción de hoja de coca, detrás de Colombia y Perú, y ese crecimiento se da en un escenario donde las redes transnacionales amplían sus operaciones, convirtiendo la hoja en un activo para la financiación de actividades ilícitas.

Repercusiones para la región andina y la frontera con Argentina

Para los vecinos de la región, la situación representa una movida complicada que podría repercutir directamente en la seguridad de la frontera norte de Argentina, particularmente en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Los flujos de cocaína y de otras mercancías ilícitas que atraviesan la frontera boliviana-argentina suelen pasar por rutas que conectan con la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional 9, carreteras clave para el comercio legal y el turismo. Un aumento de la violencia y de los asesinatos por encargo en la zona fronteriza con Brasil ya ha llevado al gobierno boliviano a desplegar al Ejército y a unidades de élite, lo que incrementa el riesgo de derrames de violencia hacia territorio argentino.

Los empresarios del sector agropecuario y del turismo en el norte argentino temen que la percepción de inseguridad afecte sus laburos y la llegada de visitantes. Además, la posible expansión del lavado de dinero a través de instituciones financieras de la región podría complicar los controles anti‑lavado en los bancos argentinos, obligando a reforzar la normativa y los recursos de fiscalización.

Respuesta del gobierno boliviano y desafíos para la seguridad

El presidente Rodrigo Paz, que asumió en 2025, reconoció la presencia de crimen organizado transnacional y defendió las medidas adoptadas, entre ellas la detención en marzo del uruguayo Sebastián Marset, entregado luego a EE. UU. para enfrentar cargos de narcotráfico. Mendoza describió esa captura como el fin de una “narcopaz”, periodo en que los grupos dividían rutas y zonas sin confrontaciones visibles, pero que ahora se ha roto, desatando una lucha abierta por el control territorial.

La funcionaria también alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales y policiales, señalando que la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de proteger al “narcoterrorismo”, es solo la punta del iceberg. Negar la infiltración institucional, según Mendoza, facilitaría que el narcotráfico se instalara con mayor facilidad y entorpecería la recuperación de la confianza ciudadana.

Para enfrentar el fenómeno, la UNODC pide una respuesta integral que incluya acciones contra las estructuras criminales, el desmantelamiento de sus finanzas y la aprobación de normas más estrictas contra el lavado de dinero y la extinción de dominio. La comunidad internacional y los gobiernos de la región deberán coordinarse para cortar las rutas de financiamiento y los canales de transporte que alimentan la “holding” criminal.

De la hoja de coca a la guerra de clanes: raíces históricas del narcotráfico en Bolivia

La hoja de coca ha sido parte de la cultura andina desde tiempos precolombinos, utilizada en rituales, medicina y como estimulante en la vida cotidiana de los pueblos originarios. Sin embargo, la expansión del cultivo comercial en las últimas décadas, impulsada por políticas de desarrollo y por la demanda internacional de cocaína, creó un caldo de cultivo para que organizaciones criminales internacionales encontraran en Bolivia un terreno fértil para sus operaciones.

Durante los gobiernos de Evo Morales (2006‑2019) y Luis Arce (2020‑2025), la narrativa oficial minimizó la presencia de carteles externos, atribuyendo la violencia a emisarios y clanes locales. Esta postura cambió con la administración de Paz, que reconoce la dimensión transnacional del problema y busca alianzas con organismos internacionales como la UNODC para enfrentar la amenaza.

El desafío ahora es romper la convergencia de delitos que ha convertido a Bolivia en un nodo estratégico para el tráfico de drogas, y evitar que la violencia y la corrupción se extiendan a los países vecinos, incluida Argentina. La respuesta requerirá no solo medidas de seguridad, sino también políticas de desarrollo rural que ofrezcan alternativas económicas a los agricultores de coca y fortalezcan el estado de derecho en toda la región.

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