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La ONU se prepara para regular los ‘robots asesinos’: qué implica para la defensa y la industria argentina

El debate en Ginebra pone a prueba la postura de Argentina frente a la IA militar

La ONU se prepara para regular los ‘robots asesinos’: qué implica para la defensa y la industria argentina

Ginebra, 16 de noviembre de 2026 – Desde este lunes, 128 Estados se reúnen en la sede de la ONU para decidir si abren negociaciones vinculantes sobre los sistemas de armas autónomas, también llamados “robots asesinos”. El objetivo es crear un marco jurídico que limite el desarrollo y empleo de armamento capaz de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa, una cuestión que ya está generando un intenso debate en la comunidad internacional.

El escenario global y la presión de la IA militar

Los avances en inteligencia artificial han transformado la forma en que los ejércitos conciben la guerra. Drones autónomos, sistemas de defensa aérea que operan sin operadores y enjambres de robots capaces de decidir en tiempo real están pasando de la teoría a la práctica. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, Moscú utilizó drones totalmente autónomos con efectos letales, mientras que Kiev ha impulsado el desarrollo de enjambres de drones que actúan sin control humano.

Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch advierten que, sin una regulación clara, los civiles quedarán “peligrosamente expuestos”. Laurent Gisel, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), subrayó que la necesidad de regular estas armas se vuelve más urgente a medida que la IA avanza a pasos agigantados.

Posiciones de potencias y la postura argentina

En la última Asamblea General, 163 Estados respaldaron una resolución que pidió iniciar negociaciones sobre normas para regular las armas autónomas. Sin embargo, cinco países –Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Israel y Corea del Norte– votaron en contra, y otros nueve, entre ellos Irán, Arabia Saudita y China, se abstuvieron. La ambigüedad de Beijing ha sido calificada como “cuidadosamente cultivada” por la experta Laure de Roucy‑Rochegonde.

Argentina, aunque no figura entre los opositores, ha adoptado una posición cautelosa. El Ministerio de Defensa, encabezado por el general Juan Carlos García, señaló que el país necesita “evaluar el impacto de estas tecnologías en nuestro presupuesto de defensa y en la seguridad de la población”. En Córdoba, donde se concentran varios centros de investigación en robótica y defensa, los expertos piden que cualquier acuerdo internacional tenga en cuenta la capacidad productiva local y la necesidad de evitar una carrera armamentista que sobrepase los recursos del Estado.

Implicancias para la industria y la seguridad de Córdoba y el país

La provincia de Córdoba alberga a empresas como Fábrica Militar de Armas (FMA) y al Instituto Nacional de Tecnologías de la Información (INTI) que, desde la década del 2000, han desarrollado sistemas de control remoto y sensores de precisión. Un marco regulatorio internacional podría abrir oportunidades de exportación si Argentina logra posicionarse como proveedora de tecnologías “responsables” y compatibles con normas éticas.

Sin embargo, los analistas advierten que una regulación demasiado estricta podría frenar la inversión en I+D local. “Si el gobierno impone límites severos sin ofrecer alternativas de mercado, el laburo de cientos de ingenieros cordobeses se verá comprometido”, comenta la ingeniera en sistemas, Martina López, del centro de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba.

En el plano de la seguridad interna, la proliferación de armas autónomas plantea riesgos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las fuerzas de seguridad provinciales están empezando a probar drones con IA para vigilancia, pero la falta de una normativa clara genera incertidumbre sobre su uso en operaciones policiales.

Un vistazo histórico a la regulación de armamentos en Argentina

Argentina tiene una tradición de participación en foros internacionales de control de armamentos. En los años 80, durante la dictadura militar, el país firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y, en la década de 1990, adoptó la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC). Estas experiencias dejaron lecciones sobre la importancia de equilibrar la soberanía nacional con la presión de la comunidad internacional.

El debate actual sobre las armas autónomas revive viejas discusiones sobre la ética de la guerra y la responsabilidad del Estado. En la década del 2000, el Congreso aprobó la Ley de Defensa Nacional, que estableció criterios para la adquisición de armamento y la necesidad de evaluaciones de impacto social y ambiental. Hoy, esas disposiciones podrían servir de base para argumentar que cualquier desarrollo de IA militar debe someterse a un control riguroso y transparente.

Para Córdoba, la historia muestra que la innovación tecnológica puede coexistir con la responsabilidad social siempre que exista un marco regulatorio sólido. La decisión que tome la ONU en los próximos días será observada de cerca por los laboratorios de la ciudad, los sindicatos de la industria militar y la sociedad civil, que buscan que la regulación sea una herramienta para proteger la vida y fomentar un desarrollo tecnológico sostenible.

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