Martín Gill, ex intendente de Villa María, vuelve a ser remitido a juicio por presunta violencia de género

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, bajo la conducción de la fiscal Juliana Companys, volvió a elevar a juicio la causa contra el ex intendente Martín Rodrigo Gill. El proceso, que investiga lesiones leves calificadas por vínculo y presunta violencia de género, se reactivó tras la denuncia de su expareja, María Rosa de Lourdes Astudillo, presentada el 19 de marzo de 2023 ante la Unidad Judicial de la ciudad.

Antecedentes de la causa

Los hechos que se investigan corresponden a dos supuestos episodios de violencia física ocurridos en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill todavía ejercía como intendente de Villa María. Además de la agresión física, la denunciante describió un patrón de violencia psicológica, control y episodios previos que se remontan al inicio de la relación en febrero de 2022. La fiscal Companys ya había solicitado la elevación a juicio en marzo de 2024, decisión que la jueza de Control, María Soledad Dottori, confirmó en noviembre del mismo año, rechazando los recursos de nulidad presentados por la defensa.

Sin embargo, el 28 de mayo de 2025 la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Río Tercero anuló esa elevación a juicio, aceptando un recurso de la defensa que cuestionaba la admisión de ciertos testimonios y pruebas. La resolución devolvió el expediente a la Fiscalía de Instrucción de Villa María para que se revisaran las actuaciones y se revaluaran las pruebas, lo que culminó en la nueva decisión de elevar el caso a juicio en octubre de 2025.

El proceso judicial y sus giros

Con la nueva remisión a juicio, el expediente avanza nuevamente a la instancia donde se analizarán todas las pruebas recabadas. La elevación a juicio no implica una condena; simplemente habilita que el juzgado examine los testimonios, los informes periciales y la evidencia fotográfica para determinar la responsabilidad penal de Gill. El ex intendente, que también se desempeñó como ministro provincial de Cooperativas y Mutuales, funcionario nacional y rector de la Universidad Nacional de Villa María, ha mantenido su inocencia y ha cuestionado la solidez de la acusación.

En paralelo, Gill solicitó una licencia sin goce de sueldo como ministro provincial en septiembre de 2024 y presentó su renuncia definitiva al cargo en noviembre de ese año, argumentando que quería afrontar el proceso judicial sin los privilegios que le otorgaba el fuero. Esta decisión, aunque simbólica, no le exime de responder ante la justicia y ha generado un intenso debate en la esfera política cordobesa.

Repercusiones en la política local

El caso ha encendido la polémica en Villa María y en toda la provincia. Los partidos políticos locales se han dividido entre quienes exigen una condena ejemplar para erradicar la impunidad en casos de violencia de género, y quienes defienden la presunción de inocencia del ex intendente, señalando que la causa podría ser una maniobra política. En el ámbito laboral, varios sindicatos han pedido que se suspendan los beneficios que Gill aún percibe como ex funcionario, mientras que organizaciones de derechos de la mujer han convocado marchas y foros para visibilizar la gravedad de la violencia de género en la esfera pública.

Para la ciudadanía, la noticia reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas y de garantizar que los cargos públicos no se amparen en privilegios para evadir la justicia. En la práctica, la causa podría sentar un precedente importante para futuros procesos contra autoridades que enfrenten acusaciones similares.

Un poco de historia sobre la legislación de violencia de género en Argentina

Desde la sanción de la Ley 26.485 en 2009, conocida como Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Argentina ha avanzado en la tipificación de la violencia de género como delito autónomo. La normativa introdujo medidas como órdenes de protección, la creación de juzgados especializados y la obligación de las instituciones públicas de contar con protocolos de atención a víctimas.

En los últimos años, la reforma del Código Penal y la incorporación de la violencia psicológica como forma de daño agravado han permitido que los juzgados analicen casos más complejos, como el que enfrenta Gill. Sin embargo, la aplicación práctica de la ley sigue enfrentando desafíos, especialmente cuando los acusados ocupan cargos de poder que les otorgan fueros o privilegios.

El caso de Martín Gill pone de relieve la tensión entre la normativa vigente y la realidad política. Si bien la legislación brinda herramientas para perseguir y sancionar la violencia de género, la efectividad de esas herramientas depende de la voluntad institucional y de la presión social para que la justicia sea imparcial y rápida. En Córdoba, la ciudadanía observa con atención cada paso del proceso, esperando que se demuestre que nadie está por encima de la ley.

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