Organizaciones de discapacidad de Córdoba piden al Gobierno nacional la ejecución urgente de la nueva Ley de Discapacidad
El Colectivo de Discapacidad de Córdoba reclama al Gobierno nacional la puesta en marcha sin demoras de la nueva Ley y un presupuesto adecuado.

El Colectivo de Discapacidad de Córdoba lanzó este jueves un reclamo enérgico al Gobierno nacional, exigiendo que la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad sea promulgada, reglamentada y puesta en práctica sin más dilaciones. La norma será debatida en la Cámara de Senadores el 19 de noviembre, tras haber recibido media sanción en la Cámara de Diputados.
Desconfianza hacia la gestión de Javier Milei y la urgencia de la reglamentación
En un comunicado oficial, las entidades que conforman el colectivo dejaron claro que la simple aprobación de la ley no basta para resolver la profunda crisis del sector. Señalaron que la gestión de Javier Milei ha generado una serie de incumplimientos, especialmente durante la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y advirtieron que la ausencia de una aplicación concreta mantendrá la incertidumbre en los servicios esenciales. Por eso, demandan al Poder Ejecutivo que avance de inmediato con la promulgación, la reglamentación y la puesta en marcha de la normativa, evitando repetir los errores del pasado.
Modificaciones negociadas y el rechazo al proyecto original
Ante la imposibilidad de lograr los votos necesarios para prorrogar la emergencia en la Cámara de Diputados, los bloques opositores negociaron cambios al proyecto oficialista con el objetivo de incorporar la mayor cantidad posible de garantías previstas en la legislación vigente. Sin embargo, el Colectivo de Discapacidad de Córdoba había manifestado su rechazo al borrador original y pidió a los diputados de la provincia que no lo respaldaran, como forma de criticar las políticas nacionales que, según ellos, profundizan el deterioro del sistema prestacional.
Incumplimientos que avivan la incertidumbre
El comunicado enumera varios ejemplos que ponen en evidencia la falta de claridad del Estado. El 30 de septiembre cayó el convenio que las instituciones prestadoras mantenían con el Estado nacional a través de Incluir Salud; aunque las organizaciones cumplieron con los requisitos para su renovación, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) aún no ha comunicado el procedimiento a seguir. Además, se cuestionó la suspensión anunciada el 28 de octubre por el vocero del Gobierno, Adrián Ravier, de más de 21.000 pensiones por discapacidad, a las que se sumaron casi 5.000 solicitudes la semana siguiente, generando un clima de gran preocupación entre los usuarios y sus familias.
El presupuesto 2027 y el temido Capítulo 6
Otro punto crítico señalado por las organizaciones es el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El llamado “Capítulo 6” propone modificaciones al sistema de discapacidad que, según el colectivo, contravienen los principios de la nueva ley. Entre los cambios más controvertidos están la eliminación de valores universales y federales del nomenclador de prestaciones, la desregulación del sistema, la derogación de las pensiones por discapacidad para la protección social y la incompatibilidad entre esas pensiones y el empleo. Por eso, el colectivo reclama que el presupuesto incluya expresamente partidas suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la reactivación de los trámites pendientes.
Demandas concretas y la necesidad de recursos
Las organizaciones exigen la reactivación inmediata de los trámites para nuevas pensiones, con respuesta para más de 200.000 solicitudes que permanecen sin resolución. También piden la implementación de las pensiones por discapacidad para la protección social, la recuperación de prestaciones y compensaciones a instituciones afectadas, y una actualización urgente de los aranceles. Además, reclaman un presupuesto adecuado para el sector y la protección del Fondo Solidario de Redistribución, financiado con aportes de trabajadores de todo el país.
Raíces y desafíos del movimiento de discapacidad en Córdoba
El Colectivo de Discapacidad de Córdoba agrupa a la Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), la Cámara de Prestadores de Discapacidad (CAPREDIS), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Colectivo 3 de Diciembre. Cada una de estas organizaciones tiene una trayectoria que se remonta a años de lucha por la inclusión, la defensa de derechos y la mejora de los servicios de salud y asistencia social. Su presencia en la provincia ha sido fundamental para visibilizar las problemáticas de personas con discapacidad y para impulsar políticas públicas que reconozcan su derecho a una vida digna.
Históricamente, Córdoba ha sido un escenario de movilizaciones sociales que han marcado la agenda nacional. En el caso de la discapacidad, la provincia ha contado con centros de atención especializados, universidades que ofrecen carreras afines y una red de organizaciones no gubernamentales que colaboran estrechamente con el sector público. Esta infraestructura ha permitido que la voz de los usuarios sea escuchada, aunque la falta de recursos y la inestabilidad normativa continúan generando obstáculos.
El próximo paso, según los representantes del colectivo, pasa por una fiscalización rigurosa del cumplimiento de la nueva Ley y por la asignación de recursos claros en el presupuesto 2027. Sin una actuación concreta, el riesgo es que la declaración de fin de emergencia se convierta en una mera formalidad, mientras la gente sigue enfrentándose a la falta de pensiones, la incertidumbre sobre los convenios y la ausencia de aranceles actualizados. En sus propias palabras, “las personas con discapacidad, nuestras familias y quienes trabajamos en el sector no resistimos más dilaciones ni incumplimientos”.
Explora más noticias en nuestra sección: Córdoba
