Presidente De la Espriella ordena la militarización de Santa Marta tras amenazas de las Autodefensas Conquistadoras

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella confirmó este jueves la puesta en marcha de un operativo de refuerzo militar y policial en la zona de Santa Marta, después de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) anunciaran un paro armado de 48 horas para el 21 de septiembre de 2026. En un video dirigido a los habitantes de Magdalena y La Guajira, el mandatario explicó que la medida busca evitar que los grupos armados continúen intimidando a comerciantes, transportadores y pobladores.

Contexto del paro armado y la respuesta del Estado

Las Acsn, una organización criminal que se ha consolidado en la Sierra Nevada, emitieron la amenaza de cerrar las rutas comerciales y atacar a la población civil si el gobierno no cede a sus exigencias. De la Espriella no tardó en responder: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente que solo quiere trabajar”. El presidente añadió que ordenó “blindar a Santa Marta y defenderla”, y que el mando militar y policial recibió la orden de actuar con todas las capacidades legítimas del Estado, siempre dentro del marco constitucional.

Operativo policial y capturas en la región Caribe

El operativo que precedió a la militarización dejó siete muertos dentro de la estructura de las Acsn, entre ellos el alias “Cholo”, considerado el segundo cabecilla del grupo. La fuerza pública también anunció la captura de tres presuntos integrantes en Santa Marta y dos más en Riohacha, y aseguró que la investigación sigue en marcha para desmantelar al resto de la organización. Según el Ministerio de Defensa, durante los allanamientos se incautaron diez fusiles, incluido un Barrett calibre .50, lanzagranadas, pistolas y granadas.

Impacto económico y social de la extorsión en la zona

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) estima que la Acsn cuenta con 594 miembros identificados y que su principal fuente de ingresos es la extorsión a comerciantes, empresas turísticas, hoteles, transportadores y narcotraficantes. La cifra ronda entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales, lo que representa una presión enorme sobre la economía local y el turismo, sectores vitales para la región Caribe. La Defensoría del Pueblo había alertado en diciembre de 2025 sobre un nivel de riesgo alto en 21 municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta, citando la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Acsn.

Reacción internacional y denuncias de violaciones de derechos

La Organización de las Naciones Unidas en Colombia (ONU) recopiló testimonios que indican que la Acsn ejerce un control social mediante sanciones violentas, incluidas exhibiciones públicas de castigos por supuestos delitos como venta de drogas, hurtos, violencia de género y familiar. Estas prácticas han sido denunciadas como violaciones de derechos humanos y generan una atmósfera de miedo que dificulta la vida cotidiana de los habitantes de la zona.

El presidente De la Espriella se traslada a la zona

De la Espriella anunció que viajará personalmente a Santa Marta para liderar las acciones del gobierno, acompañar a la fuerza pública y respaldar a los ciudadanos amenazados. “El que no se someta será dado de baja”, declaró en su mensaje difundido el 22 de septiembre de 2026 a través de su cuenta de X. La presencia del mandatario en el territorio busca enviar un mensaje claro de que el Estado no cederá ante la presión de grupos armados y que la seguridad de la gente honrada es la prioridad.

Un vistazo a la historia de la violencia en la Sierra Nevada

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido, durante décadas, un escenario de conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y grupos del crimen organizado. Desde los años 90, la región ha sufrido desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones que han mermado su desarrollo económico y social. La aparición de las Acsn a principios de la década del 2020 marcó una nueva etapa de violencia, con tácticas de terror que incluyen bloqueos de carreteras y amenazas directas a la población civil.

Los intentos de pacificación iniciados por gobiernos anteriores lograron reducir la presencia de guerrillas, pero dejaron un vacío que fue ocupado por organizaciones como las Acsn, que se financian en gran medida con la extorsión a la cadena productiva del turismo y la agricultura. La militarización de Santa Marta, aunque polémica, representa una respuesta del Estado frente a la incapacidad de las autoridades locales para contener la amenaza.

En los últimos años, la comunidad internacional ha presionado al gobierno colombiano para que implemente políticas de seguridad centradas en la protección de derechos humanos. La actual medida de De la Espriella será observada de cerca por organismos como la ONU y la OEA, que evaluarán si la respuesta militar respeta los límites constitucionales y evita abusos contra la población civil.

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