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Trasladan al ex presidente paraguayo Santiago Peña a la cárcel militar de Viñas Cué tras denuncias de privilegios

Asunción, 23 de noviembre de 2026 – El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó este lunes el traslado del ex presidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, ubicada en la capital paraguaya, después de que se confirmara la existencia de privilegios en el regimiento donde cumplía prisión preventiva desde hace diez días por el colapso del Banco Ueno.

El contexto judicial y la orden del juez

La medida, firmada por el magistrado Legal, persigue “garantizar el efectivo cumplimiento de la prisión preventiva” decretada el 7 de noviembre. Además, el juez solicitó a las autoridades penitenciarias que adopten todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del ex mandatario, y que entreguen un informe detallado sobre los protocolos de seguridad que se aplicarán durante su permanencia en el nuevo recinto.

El traslado se produce tras la decisión del presidente interino, Pedro Alliana, de destituir al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar donde Peña estaba recluido. Dayub había asumido el cargo el 20 de octubre y fue removido tras denuncias de que el ex presidente disfrutaba de “privilegios” incompatibles con la naturaleza de una prisión preventiva.

Privilegios denunciados y la destitución de José Dayub

El diario ABC Color difundió fotografías que mostraban máquinas y equipos de gimnasia instalados en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del regimiento. El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó la existencia de dichos aparatos y señaló que, aunque se debe garantizar “la atención que se merece el ser humano”, no se permitirán “ningún privilegio”.

Dayub, en declaraciones previas, había asegurado que Peña se encontraba “en una habitación normal”, con cama, ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado. Sin embargo, la presencia de equipamiento de gimnasio y la supuesta comodidad del recinto generaron la polémica que culminó en su remoción.

Implicancias políticas y el caso Ueno Bank

Peña, economista de 47 años, quedó envuelto en la crisis del Banco Ueno, una de las principales entidades financieras privadas de Paraguay, cuya caída afectó a aproximadamente 2,94 millones de clientes, incluidos organismos estatales que habían transferido grandes sumas de dinero al banco. El Banco Central inició un proceso de resolución al detectar que el índice de solvencia del banco estaba muy por debajo del mínimo legal.

La Fiscalía sostiene que Peña mantenía una relación económica y corporativa previa con el grupo al que pertenece el banco, lo que alimentó la acusación de “lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal”. El expediente, denominado “Santiago Peña Palacios y otros”, incluye a 27 imputados, entre ellos a uno de los fundadores de Ueno Bank.

El Senado destituyó a Peña mediante juicio político, mecanismo constitucional que permite al Congreso apartar al presidente por “mal desempeño de funciones”. Fue detenido la noche del 6 de noviembre en su residencia de Asunción y, tras la presencia de manifestantes, trasladado al Regimiento Escolta Presidencial por razones de seguridad. El juez Humberto Otazú, quien inicialmente ordenó la prisión preventiva en esa unidad, argumentó que el ex mandatario manejaba “demasiada información sensible” y, por ello, no debía ser enviado a una cárcel común.

¿Qué significa este traslado para la política paraguaya?

El cambio de recinto penitenciario no solo busca evitar la percepción de impunidad, sino también enviar un mensaje de firmeza institucional ante la ciudadanía, cansada de la corrupción que ha sacudido al país en los últimos años. La medida refuerza la idea de que, independientemente del rango que se haya alcanzado, la justicia puede y debe actuar de manera equitativa.

Para los partidos políticos, el caso Peña abre una brecha profunda. La oposición ve la situación como una oportunidad para impulsar reformas en el sistema judicial y en la supervisión de los bancos, mientras que el oficialismo intenta minimizar el impacto, argumentando que el proceso sigue los cauces legales y que la seguridad del ex presidente es prioritaria.

En el plano económico, la crisis del Banco Ueno sigue generando incertidumbre en los mercados locales. Los inversionistas observan con atención los pasos que dará el gobierno de Alliana para restablecer la confianza en el sistema financiero, y el caso judicial de Peña se convierte en un termómetro de la capacidad del Estado para sancionar a los responsables de la caída del banco.

Finalmente, la decisión de trasladar a Peña a la cárcel militar de Viñas Cué podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los casos de altos funcionarios acusados de delitos financieros. La comunidad jurídica espera que los protocolos de seguridad sean transparentes y que se evite cualquier percepción de privilegio que pueda erosionar la credibilidad del sistema judicial.

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