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Venezuela libera a más de 30 presos políticos y la oposición exige el fin de la represión

La oposición venezolana celebra nuevas excarcelaciones mientras demanda el retorno del Estado de derecho.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo para la transición democrática venezolana, celebró este sábado la segunda ronda de excarcelaciones tras intensas conversaciones con el chavismo. La dirigente, respaldada por Estados Unidos, pidió que se liberen todos los presos políticos, que cese la represión y que el Estado de derecho vuelva a regir en todo el territorio nacional.

Una cifra que se vuelve símbolo de la crisis

Según la ONG Foro Penal, más de 20 personas fueron puestas en libertad y la entidad sigue verificando cada caso. El vicepresidente Gonzalo Himiob confirmó a la agencia EFE que “tenemos información de un poco más de 20, pero estamos verificando directamente cada caso”. Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón anunció 29 excarcelaciones, aunque 17 de esos individuos no figuraban en su registro de presos políticos. La ONG Surgentes destacó que ocho mujeres, entre ellas una adolescente, recuperaron la libertad después de ser acusadas de pertenecer a los llamados “tancol”, término que alude a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

Los nombres que vuelven a la calle

Entre los liberados se encuentran el ex coronel Miguel Castillo Cedeño, detenido desde 2019; Frank Cabañas, arrestado en 2017, y el comisario José Gregorio Valladares. Los tres fueron acusados de supuestos planes de desestabilización contra el régimen de Nicolás Maduro, quien actualmente está bajo arresto domiciliario en Nueva York. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informó que, desde el 21 de agosto, se contabilizan 33 liberaciones de presos políticos.

Repercusiones en la región y la mirada argentina

El anuncio de estas excarcelaciones llega en un momento crítico para la política exterior argentina. El gobierno de la Nación, que mantiene una postura de diálogo y busca estabilidad en el Mercosur, ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La comunidad argentina en Caracas, estimada en varios miles de trabajadores y estudiantes, observa con cautela los movimientos de la oposición, pues cualquier escalada de la crisis podría afectar sus remesas y la seguridad de sus familias.

En Córdoba, las organizaciones de derechos humanos locales han organizado foros para analizar cómo la situación venezolana impacta los flujos migratorios y el mercado laboral. “Si la represión se intensifica, vamos a ver más venezolanos intentando cruzar la frontera, y eso repercute en el laburo informal y en la demanda de servicios sociales”, señaló el coordinador de la ONG Cordobesa de Derechos Humanos.

El juego diplomático entre EE.UU. y Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, en su visita a la Asamblea General de la ONU, volvió a plantear la posibilidad de organizar elecciones en Venezuela en conjunto con la presidenta interina Delcy Rodríguez. “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, comentó Trump ante la prensa en la Casa Blanca. La reunión entre ambos líderes subraya la presión internacional que recae sobre el régimen chavista y la estrategia de EE.UU. de combinar sanciones con incentivos políticos.

Delcy Rodríguez, tras regresar a Venezuela, calificó de positiva la misión de la delegación venezolana en Nueva York y resaltó la necesidad de atender la crisis eléctrica que ha provocado protestas masivas en varias regiones del país. “Feliz de estar de vuelta, feliz de reencontrarme nuevamente con el pueblo venezolano y seguir andando este camino que es para la felicidad y el bienestar”, declaró en un video difundido por el ministro de Comunicación.

Eco de la crisis: ¿qué implica para Córdoba y la región?

Históricamente, los episodios de represión y liberación en Venezuela han tenido eco en la cuenca del Plata. Durante la década de los 2000, la ola migratoria venezolana generó una sobrecarga en los sistemas de salud y educación de provincias como Córdoba, que recibió a cientos de familias en busca de trabajo y estabilidad. Hoy, la posible intensificación de la crisis política podría reactivar esos flujos, poniendo nuevamente a prueba la capacidad de los gobiernos locales para absorber a nuevos migrantes.

Además, la incertidumbre en Venezuela afecta directamente a los exportadores cordobeses de soja y trigo, que dependen del acceso a puertos venezolanos para diversificar sus rutas comerciales. Un escenario de mayor estabilidad política abriría puertas a acuerdos de libre comercio y a la reactivación de proyectos energéticos conjuntos, mientras que una escalada de la represión mantendría el riesgo de sanciones adicionales que encarecerían los costos de exportación.

En el plano social, la liberación de presos políticos alimenta la esperanza de una reconciliación nacional, pero también genera temores de que la respuesta del gobierno sea una nueva ola de detenciones. Las organizaciones de la sociedad civil en Córdoba siguen vigilando de cerca la evolución del caso, recordando que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras y que la solidaridad regional es clave para evitar que la violencia se traslade más allá de las fronteras venezolanas.

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