Asambleas de UTA paralizan colectivos en Córdoba hasta las 10 hrs y avivan el conflicto salarial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó este viernes una serie de asambleas informativas en la capital cordobesa, una medida que obligó a suspender el servicio de varias líneas de colectivos hasta las 10 de la mañana, dejando a miles de pasajeros sin transporte y generando un fuerte malestar en barrios como Marqués de Sobremonte.

El paro parcial se enmarca dentro del conflicto salarial que el gremio mantiene con los empresarios del transporte del interior del país. Según explicó el vocero de UTA, Adrián Lentini, las negociaciones arrastran más de dos meses y medio sin llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Impacto real en la movilidad cordobesa

Pasadas las 7 hrs, las líneas 22, 24 y 28 de TAMSE dejaron de circular. Los colectivos que habían llegado a la punta de línea en el barrio Marqués de Sobremonte fueron obligados a regresar a la base y no volvieron a salir, lo que provocó largas filas y quejas en redes sociales. “Nos quedamos sin laburo para la mañana y sin plata para el almuerzo”, comentó una usuaria que esperaba el colectivo 24 en la zona de la Plaza San Martín.

El sector del comercio local también sintió el efecto colateral: tiendas y bares que dependen del flujo de clientes que llegan en colectivo reportaron una caída del 15 % en sus ventas durante la mañana. “Cuando el colectivo no pasa, la gente no llega y el negocio se resiente”, señaló el dueño de una heladería en el barrio Güemes.

El reclamo salarial que no cede

El sindicato rechazó la propuesta empresarial de un aumento del 2 % mensual, considerándola insuficiente para cubrir la inflación y el deterioro de los salarios reales. La demanda original de los trabajadores incluye un 6 % para julio, seguido de dos aumentos del 2 % para agosto y septiembre, además de un componente no remunerativo que todavía está en discusión.

Lentini explicó que la paritaria nacional de UTA sigue una modalidad que prioriza el cierre de un acuerdo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes de trasladarlo al resto de las jurisdicciones. En Córdoba, la Federación de Trabajadores del Autotransporte Provincial (FETAP) ofreció un 2 % para agosto y otro 2 % para septiembre, propuesta que fue rechazada rotundamente por el gremio.

Próximas negociaciones y el panorama de los subsidios

Las partes tienen prevista una nueva audiencia el martes 8 de septiembre, donde continuarán las conversaciones para intentar destrabar el conflicto. Desde UTA también cuestionaron el impacto de la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior, una medida que, según el vocero, trasladó a cada jurisdicción la carga de financiar el servicio sin recursos suficientes.

El gremio advierte que la discusión salarial se desarrolla en un escenario complejo para el transporte público del interior, y que las diferencias con el AMBA profundizan las dificultades para alcanzar un acuerdo que sea viable tanto para los conductores como para los usuarios.

Una movida que repercute en la economía familiar

Para la familia cordobesa promedio, la suspensión de los colectivos implica un gasto extra en taxis o en aplicaciones de transporte privado, lo que encarece la movilidad diaria. Además, la incertidumbre salarial afecta la planificación de gastos de los conductores, que dependen de su sueldo para cubrir la cuota del alquiler, la alimentación y la educación de sus hijos.

Los expertos en economía del transporte advierten que, si el conflicto se prolonga, el sector podría enfrentar una caída de la demanda y una pérdida de confianza que tardaría años en recuperarse. “El transporte público es una columna vertebral de la ciudad; cuando se corta, se siente en todo el ecosistema urbano”, puntualizó un analista de la Universidad Nacional de Córdoba.

Raíces históricas del conflicto en Córdoba

El enfrentamiento entre UTA y los empresarios del transporte no es nuevo. Desde la década de 1990, la provincia ha vivido varias paritarias que dejaron a los conductores sin aumentos reales frente a una inflación que superó el 30 % en varios años. En 2001, la crisis económica provocó la suspensión de subsidios federales, lo que obligó a las provincias a asumir costos que antes cubría el Estado nacional.

En los últimos diez años, la falta de una política de subsidios clara ha llevado a que cada gobierno provincial negocie de manera aislada, generando disparidades entre la capital y los municipios del interior. La última ronda de negociaciones, iniciada en 2023, buscó un acuerdo integral, pero la brecha entre la propuesta del sector empresarial y las exigencias sindicales sigue siendo amplia.

Hoy, la asamblea de UTA en Córdoba se inserta en esa larga historia de reclamos por salarios dignos y condiciones de trabajo justas. La expectativa de los trabajadores es que la audiencia del 8 de septiembre marque un punto de inflexión y que el gobierno provincial, junto a la municipalidad, intervenga para garantizar un transporte público accesible y sostenible.

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