Bolivia nombra a José Armando Urioste como fiscal general interino tras la caída de Roger Mariaca

La Asamblea Legislativa de Bolivia eligió este lunes 5 de octubre a José Armando Urioste como fiscal general interino, con mandato de 90 días, en medio de una tormenta judicial que terminó con la destitución y el encierro del exfiscal Roger Mariaca. El acto se realizó en el histórico Palacio de Gobierno de La Paz, bajo la supervisión del presidente Rodrigo Paz, quien puntualizó que la posesión formal corresponde al vicepresidente y presidente del Legislativo, Edmand Lara.

El contexto político y judicial que llevó a la destitución

Roger Mariaca había sido designado en octubre de 2024 por una mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) que, al igual que Evo Morales y Luis Arce, controla gran parte del Congreso. Su gestión se vio empañada cuando, el 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. revocó visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señalando que Mariaca había usado su cargo para favorecer el narcotráfico y recibir sobornos. El fiscal negó las acusaciones, catalogándolas como una “injerencia” de Washington en sus investigaciones.

Dos días después, el 30 de septiembre, Mariaca fue detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, junto al fiscal departamental Alberto Zeballos, también incluido en la lista estadounidense. La Fiscalía boliviana calificó la detención como ilegal, al no haber orden judicial. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que los cargos incluyen organización criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El caso no es aislado: en marzo de 2024, bajo la dirección de Mariaca, la Policía boliviana capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue expulsado a EE. UU. con apoyo de la DEA. Según el Gobierno, Mariaca ya había protegido a la organización de Marset antes de asumir la Fiscalía.

El nombramiento de Urioste y sus credenciales

Ante la urgencia de “recuperar la institucionalidad”, la Asamblea aprobó la Ley 1773, que permite elegir un sustituto en la misma sesión si el fiscal general está imputado o bajo medida cautelar. Con 113 votos a favor, 11 en contra, 3 abstenciones y 1 voto en blanco, Urioste obtuvo más de dos tercios de los 128 votos presentes, tras una sesión de más de 20 horas y cinco votaciones entre tres candidatos.

José Armando Urioste es abogado con maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Su trayectoria incluye cargos de juez de instrucción, de partido y civil y comercial, vocal de sala y decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, además de docencia universitaria. En su discurso de toma de posesión prometió que no habrá una “cacería de brujas” y pidió a los fiscales departamentales que pongan sus cargos a disposición, buscando evitar una persecución política.

El presidente Paz encomendó a Urioste “recuperar la credibilidad de la Fiscalía” y subrayó que el Ministerio Público no debe usarse como arma contra nadie. La Vicepresidencia, sin embargo, anunció que revisará el proceso de elección, ya que el vicepresidente Edmand Lara, opositor al Gobierno, estaba en España cuando se realizó la votación. Lara cuestionó la retroactividad de la nueva normativa, argumentando que la Ley 1773 solo rige para futuros casos.

Repercusiones para la región y la mirada argentina

El escándalo judicial tiene ecos más allá de la frontera boliviana. La lucha contra el narcotráfico en el Cono Sur afecta directamente a provincias como Córdoba, donde el tráfico de cocaína y precursores químicos atraviesa rutas que parten de Bolivia. La caída de Mariaca y la designación de Urioste pueden modificar la dinámica de cooperación policial entre ambos países.

Para los productores y exportadores argentinos, la incertidumbre jurídica en Bolivia repercute en los costos de importación de materias primas agrícolas y en la estabilidad de los acuerdos bilaterales de energía. Un fiscal más alineado con la agenda del Gobierno podría endurecer los controles fronterizos, complicando el laburo de transportistas y generando una “movida” de precios en el mercado interno.

En el plano diplomático, la reacción de EE. UU. y la presión internacional sobre Bolivia generan un debate en la región sobre la soberanía judicial y la influencia de potencias extranjeras. Argentina, que mantiene una política de no intervención pero sí de estrecha colaboración en seguridad, observará de cerca cómo se desarrolla el proceso de designación definitiva del fiscal, pues cualquier retroceso en la lucha contra el narcotráfico podría traducirse en un aumento de la violencia en la frontera norte.

Ecos del caso en la seguridad del Cono Sur

El caso Mariaca‑Urioste se inscribe en una serie de episodios que, desde la década de los 2000, han marcado la relación entre los estados sudamericanos y el tráfico de estupefacientes. La captura de Sebastián Marset, por ejemplo, evidenció la capacidad de la DEA para operar en territorio boliviano, generando tensiones diplomáticas que aún se sienten en la agenda de seguridad regional.

En la historia reciente, Bolivia ha visto varios cambios de gabinete y de altos funcionarios judiciales cuando se ha intensificado la presión de EE. UU. y la UE. La reforma de la Ley 260 del Ministerio Público, modificada por la Ley 1773, refleja una tendencia a centralizar el poder ejecutivo sobre la Fiscalía, una movida que críticos consideran un retroceso democrático.

Para Córdoba, la lección es clara: la estabilidad institucional de los vecinos del norte es clave para mantener una frontera segura y un flujo comercial predecible. La vigilancia de la ruta del “coca‑cinturón” pasa por una Fiscalía boliviana que, sea interina o titular, deba operar sin interferencias políticas y con un compromiso firme contra el crimen organizado.

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