Córdoba se moviliza para exigir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Colectivo Federal de Emergencia en Discapacidad lanzó una convocatoria nacional para este miércoles 9 de septiembre, día en que la Cámara de Diputados debatirá la prórroga del proyecto de ley 27.793. En la capital cordobesa la concentración tendrá lugar a las 12 del mediodía en la emblemática Plaza San Martín, donde se realizará una clase pública y, a continuación, una marcha alrededor del espacio público. La medida se replica en varias provincias y busca presionar a los legisladores para que den quórum y acompañen la continuidad del régimen de emergencia.

Movilización en Plaza San Martín: la agenda del 9 de septiembre

La convocatoria reúne a personas con discapacidad, sus familias, profesionales del sector y organizaciones civiles. Entre los presentes se espera la participación de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), cuyo vocero, Patricia Giussani, explicó a Hoy Día Córdoba que la acción busca “insistir, instar, presionar y exigir a los diputados que bajen a dar quórum”. Giussani subrayó que el reclamo no se dirige solo a quienes ya apoyan la norma, sino también a los que la rechazan: “Que tengan la dignidad y la decencia de bajar a discutir”.

¿Qué implica la Ley 27.793 y por qué su vigencia es crucial?

La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2022, funciona como una herramienta jurídica que permite presentar amparos y reclamos administrativos vinculados al acceso a derechos y prestaciones. Aunque su implementación ha sido parcial, la normativa sigue siendo la base para que cientos de familiares y organizaciones invoquen la justicia. Giussani recordó que la ley “se cae en diciembre del 2026”; mientras esté vigente, los beneficiarios pueden seguir exigiendo su cumplimiento, aun cuando la ejecución haya sido a cuentagotas.

Una caída prematura de la emergencia dejaría sin respaldo a numerosos amparos ya presentados, pues la mayoría de los recursos judiciales se sustentan en la 27.793. La preocupación es que, sin la ley, la población con discapacidad quedaría “en el aire”, sin una norma que legitime sus demandas.

Pensiones, prestaciones y la carga del empleo formal

Uno de los puntos más críticos señalados por Giussani es la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad. Según datos citados del entonces jefe de Gabinete, Adorni, más de 100.000 pensiones fueron dadas de baja y apenas 3.000 altas en el último año. Además, los montos actuales equivalen al 70 % de la jubilación mínima, lo que vincula directamente la precariedad de los jubilados con la de las personas con discapacidad.

El colectivo también denunció la falta de una compensación económica prevista en la Ley de Emergencia para afrontar las pérdidas del sector en 2024. Los aumentos “por goteo” que recibió el sistema no sustituyen la compensación integral, y la ausencia de este recurso dificulta la sostenibilidad de los prestadores del sistema de discapacidad.

Otro aspecto que Giussani resaltó es la dependencia de los recursos del sistema en los aportes de los trabajadores activos. La caída del empleo registrado y la reducción de salarios erosionan la recaudación, generando un círculo vicioso que afecta a los usuarios más vulnerables.

Demoras en estudios, medicamentos y el colapso judicial

Las demoras en la autorización de estudios, tratamientos y medicamentos a través de PAMI e Incluir Salud son otro reclamo central. “Estudios que debían hacerse en tres meses se demoran un año y medio”, denunció Giussani, quien también señaló que la entrega de medicamentos se vuelve un proceso exasperante.

Ante la falta de respuesta institucional, muchas familias recurren a la vía judicial mediante amparos. El número de estos recursos se ha cuadruplicado respecto a dos años atrás, saturando los tribunales y convirtiendo procesos que deberían tardar una semana en alargarse a seis meses.

Un llamado a la presión: la voz de la comunidad cordobesa

El Colectivo Federal invitó a la ciudadanía a sumarse a la movilización, a compartir videos y adhesiones en su Instagram @emergenciadiscapacidadfederal. En Córdoba, la meta es lograr una presencia multitudinaria que demuestre la fuerza del movimiento y la necesidad de que los diputados acompañen la prórroga. “Necesitamos hacer presión, porque en este momento nada se mueve a favor de la gente sin presión”, concluyó Giussani.

Los raíces que alimentan la lucha actual

La Emergencia en Discapacidad nació como respuesta a la histórica falta de políticas públicas inclusivas en Argentina. Desde la década de los 2000, organizaciones de derechos humanos y sindicatos lucharon por la creación de un marco legal que garantizara accesibilidad, educación y salud para las personas con discapacidad. La sanción de la Ley 27.793 marcó un hito, pero su aplicación desigual reveló la necesidad de una herramienta de presión constante.

En Córdoba, la tradición de movilizaciones sociales data de la década del ‘70, cuando la provincia se convirtió en un polo de resistencia contra la dictadura. Ese legado de organización y reclamo se traslada hoy a la defensa de los derechos de la comunidad discapacitada, que encuentra en la Plaza San Martín un escenario simbólico para alzar la voz.

La prórroga de la emergencia no solo implica mantener vigente una norma; representa la continuidad de una estrategia de lucha que ha permitido a miles de familias acceder a la justicia y a prestaciones básicas. La movilización del 9 de septiembre será, por tanto, una prueba más de que la sociedad civil cordobesa sigue dispuesta a frenar los retrocesos y a exigir políticas que realmente incluyan a todos.

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