Córdoba y Nación sellan un acuerdo de $143 mil millones: ¿qué implica para la provincia?

La provincia de Córdoba firmó un convenio que le permite compensar casi 143 mil millones de pesos de deudas con la Nación, estableciendo un cronograma de pagos que se extenderá hasta diciembre de 2027 y manteniendo vigentes ciertos reclamos sobre la Caja de Jubilaciones. El acuerdo, que será ratificado por la legislatura cordobesa, se enmarca dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Decreto 969/2024.

¿Qué deudas se están compensando?

El principal componente del crédito nacional a favor de Córdoba son 110 mil millones de pesos provenientes de anticipos de ANSES para el ejercicio 2026, acordados en el convenio del 23 de febrero de este año. A estos se suman 32.959.650.596,66 pesos por ajustes del Consenso Fiscal (Ley 27.429), desglosados en tres tramos: $15.741.756.002,97 por los últimos tres trimestres de 2024, $11.002.597.716,54 para 2025 y $6.215.296.877,15 para los dos primeros trimestres de 2026.

Por su parte, Córdoba reconoce una obligación de 400 mil millones de pesos como anticipo financiero otorgado mediante el Decreto 584/2026, más $14.958.904.109,59 de intereses calculados al 29 de octubre de 2026. Además, se incluye un pago a cuenta del Club de París de $23.747.078.456,40 (US$15.222.486,19) según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del mismo día.

El cronograma de pagos y la tasa de interés

El saldo resultante, que asciende a 295.746.331.969,33 pesos a favor de la Nación, se pagará en tres tramos: $60 mil millones con vencimiento el último día hábil de noviembre de 2026; $44.958.904.109,59 para diciembre de 2026; y el resto, $190.787.427.859,74, en ocho cuotas mensuales iguales entre mayo y diciembre de 2027. La tasa de interés nominal anual se fija en el 15%; los intereses se devengarán mensualmente hasta el 31 de diciembre de 2026 y se pagarán en una única cuota, mientras que a partir del 1 de enero de 2027 se calcularán y abonarán mensualmente.

El cobro se realizará mediante retenciones de la coparticipación federal, siguiendo lo dispuesto por la Ley 25.570 o su sustituto.

Reclamos que la provincia mantiene

El convenio contempla una renuncia general a los derechos y acciones vinculados a los conceptos incluidos en la compensación, pero excluye expresamente dos ámbitos críticos: las diferencias que puedan surgir del déficit previsional de 2025 y 2026, y dos causas judiciales que ya están tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (expedientes CSJ 526/2023 y CSJ 968/2023). Estos reclamos quedan fuera de la renuncia y podrán seguir su curso judicial.

En los procesos que sí queden abarcados por el desistimiento, la provincia deberá presentar el convenio para su homologación, asumiendo cada parte sus propias costas y dividiendo los gastos comunes a la mitad.

Obligaciones de información y futuros acuerdos

Desde la entrada en vigencia del pacto, Córdoba está obligada a suministrar información detallada sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. La provincia entregará mensualmente reportes de ejecución presupuestaria, stock de deuda, gasto en personal, situación del Tesoro y otros indicadores, además de informes semestrales y anuales sobre ingresos y gastos.

El acuerdo no cierra la puerta a nuevas incorporaciones de deudas o créditos entre ambas jurisdicciones; futuras compensaciones podrán pactarse bajo los mismos parámetros del régimen.

Ecos de la historia fiscal cordobesa

El 13 de diciembre de 2024 Córdoba se adhirió al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una herramienta creada para simplificar la compleja maraña de créditos y deudas entre la Nación y sus provincias. Desde entonces, la provincia ha buscado estructurar sus finanzas con mayor previsibilidad, reduciendo la incertidumbre que genera el pago de intereses sobre deudas históricas.

Este nuevo acuerdo se inscribe en una serie de negociaciones que, a lo largo de la última década, han permitido a Córdoba equilibrar su presupuesto, financiar obras de infraestructura y sostener programas sociales sin sobrecargar la carga fiscal de los cordobeses. La tasa del 15% y el calendario de pagos buscan evitar un golpe de presión sobre la coparticipación federal, que constituye la principal fuente de ingresos corrientes de la provincia.

En el plano político, el pacto también representa un punto de negociación entre el gobierno provincial encabezado por el gobernador Martín Llaryora y el Ministerio de Economía nacional, liderado por Luis Caputo. La capacidad de Córdoba para preservar sus reclamos previsionales y judiciales muestra una postura firme en defensa de los derechos de los jubilados y del erario provincial, al tiempo que se abre una vía de diálogo para futuros ajustes que puedan aliviar la presión presupuestaria en los próximos años.

¿Qué significa para los cordobeses?

Para la ciudadanía, la concreción del acuerdo implica una mayor estabilidad fiscal que se traducirá en menos sobresaltos en la recaudación de impuestos y en la posibilidad de mantener o ampliar inversiones en salud, educación y obra pública. Asimismo, la preservación de los reclamos previsionales garantiza que los futuros ajustes del sistema jubilatorio seguirán bajo la lupa del Estado nacional, evitando que la carga recaiga exclusivamente sobre la provincia.

En resumen, el convenio de compensación de $143 mil millones no solo regulariza una deuda histórica, sino que sienta las bases para una relación financiera más clara y predecible entre Córdoba y la Nación, con beneficios tangibles para la economía local y la calidad de vida de los cordobeses.

Explora más noticias en nuestra sección: Córdoba