Corte Suprema de EE. UU. cierra la puerta a la apelación de Khalid Sheikh Mohammed: la pena de muerte sigue en juego

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este lunes la última apelación presentada por Khalid Sheikh Mohammed y sus dos coacusados, manteniendo viva la posibilidad de que el presunto cerebro del 11‑S reciba la pena capital. La decisión, emitida mediante una orden sin firma, deja firme el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia que había validado la autoridad del exsecretario de Defensa Lloyd Austin para anular los acuerdos de culpabilidad negociados en Guantánamo. Los tres detenidos siguen recluidos en la base naval cubana desde 2006, mientras un juez de la Fuerza Aérea fijó para junio de 2028 la fecha del juicio militar.

El contexto legal y los acuerdos de culpabilidad

Los acuerdos que buscaban evitar la pena de muerte fueron el resultado de más de dos años de negociaciones entre abogados del gobierno y de la defensa, iniciadas tras la designación de la brigadier general retirada Susan Escallier como autoridad convocante de las comisiones militares en 2023. En 2024, los pactos preveían que los acusados se declararan culpables de todos los cargos, recibieran cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y asistieran a una audiencia pública donde las familias de las víctimas podrían formular preguntas.

Sin embargo, la reacción de los legisladores republicanos y la firme postura de Austin, quien argumentó que “una decisión de tal magnitud debería recaer en mí”, provocaron la revocación de los acuerdos apenas dos días después de su anuncio. La anulación desencadenó una serie de resoluciones contradictorias: un juez militar declaró los acuerdos válidos en noviembre de 2024, pero el Tribunal de Revisión de Comisiones Militares los ratificó y programó audiencias para formalizar las declaraciones. Finalmente, el Departamento de Justicia solicitó al Circuito DC que frenara las audiencias, y la Corte Suprema, al negar la apelación, devolvió el expediente a los tribunales militares.

La batalla judicial en Guantánamo

El proceso contra Mohammed, Mustafa al Hawsawi y Walid bin Atash ha sido una movida legal de décadas. Capturados en 2003 y trasladados a Guantánamo en 2006, los tres pasaron por cárceles secretas de la CIA donde fueron sometidos a lo que el gobierno denominó “técnicas de interrogatorio mejoradas”, ampliamente catalogadas como tortura. Las acusaciones formales llegaron en 2008, pero el caso se estancó por disputas sobre la admisibilidad de pruebas obtenidas bajo coacción.

El analista legal Steve Vladeck, de la Universidad de Georgetown, señaló que la decisión de la Corte “despeja el camino para que los procedimientos previos al juicio continúen”, pero advirtió que la fecha de junio de 2028 es “completamente irrealista” dada la cantidad de cuestiones pendientes. Entre esas cuestiones están la validez de los testimonios obtenidos bajo presión, la aplicación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en un tribunal militar y la posible intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Repercusiones políticas y la opinión pública

La administración de Donald Trump mantuvo la postura de Austin, argumentando que la autoridad del secretario de Defensa era indiscutible. El Departamento de Justicia celebró la resolución, calificándola como “un paso crítico hacia la justicia para las víctimas y sus familias”. Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos humanos protestaron, sosteniendo que la decisión prolonga “la mejor oportunidad de resolución del caso del 11‑S en un cuarto de siglo”.

En Argentina, la noticia revivió el debate sobre la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Organizaciones cordobesas como la Comisión Provincial de Derechos Humanos recordaron que el país también ha tenido que enfrentar su propia historia de juicios por crímenes de lesa humanidad, y subrayaron la importancia de que cualquier proceso judicial respete los estándares internacionales para evitar repetir errores del pasado.

De la historia de Guantánamo a la actualidad cordobesa

Guantánamo, creado en 2002 bajo la presidencia de George W. Bush, surgió como una respuesta rápida a la “guerra contra el terrorismo”. Desde entonces, el recinto ha albergado a cientos de sospechosos, muchos de los cuales siguen sin ser juzgados. La permanencia del centro más de 24 años evidencia la complejidad de equilibrar seguridad nacional y garantías judiciales, una discusión que también se vive en la provincia de Córdoba cuando se trata de casos de terrorismo y seguridad interna.

En la última década, Córdoba ha reforzado su legislación contra el financiamiento del terrorismo y ha participado en foros internacionales para compartir buenas prácticas. Sin embargo, la provincia sigue lidiando con la “movida” de la delincuencia organizada local, donde los recursos policiales a veces se ven sobrecargados. La lección que se extrae del caso de Guantánamo es la necesidad de contar con procesos judiciales claros y transparentes, que eviten dilaciones interminables y garanticen la rendición de cuentas.

Para los cordobeses, el caso de Khalid Sheikh Mohammed no es solo una noticia internacional; es un recordatorio de que la justicia, sea cual sea el territorio, debe ser ágil, respetuosa de los derechos humanos y, sobre todo, capaz de ofrecer respuestas concretas a las víctimas. La Corte Suprema de EE. UU. cerró una puerta, pero la discusión sobre cómo se hará justicia sigue abierta, tanto en Washington como en la Plaza San Martín.

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