De denunciantes a detenidos: la caída de los altos funcionarios del Banco Central tras la crisis del Ueno Bank

Diez días bastaron para que los cinco funcionarios que, el 3 de noviembre, presentaron una denuncia formal contra Ueno Bank ante el Ministerio Público, fueran ellos mismos arrestados por la misma investigación que impulsaron. La cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) se encontró bajo la lupa de la Fiscalía por encubrimiento, omisión de controles y connivencia con el desastre financiero que dejó congeladas más de un millón de cuentas.

Los cargos que estremecieron al sector financiero

El expediente fiscal que sustenta las órdenes de detención es contundente: los directivos del BCP conocían el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde diciembre de 2025 y, pese a ello, no adoptaron medidas preventivas. En febrero de este año, el organismo ya había recibido alertas sobre el incumplimiento del plan de factibilidad, la modificación irregular de fideicomisos y operaciones con empresas vinculadas al Grupo Vázquez por alrededor de USD 140 millones. Sin embargo, la entidad siguió captando depósitos del público, alimentando una burbuja que estalló en la madrugada del 3 de noviembre.

Ese mismo día, el Directorio del BCP decidió por unanimidad cerrar Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia había caído bajo el 50 %. La medida dejó a más de un millón de cuentahabientes en vilo, mientras las autoridades prometían la devolución de depósitos hasta el tope legal de 75 salarios mínimos (G. 228.300.000) a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con un plazo máximo de 15 días.

Los cinco funcionarios que pasaron de la denuncia a la cárcel

Carlos Carvallo Spalding, presidente del Banco Central al momento del colapso, renunció el mismo día del cierre. Días después, su vivienda en el barrio Madame Lynch fue allanada. La Fiscalía lo acusa de mentir al Senado y de permitir que Ueno Bank siguiera captando ahorros pese a las advertencias internas. Los cargos incluyen lesión de confianza, producción de documentos falsos y administración en provecho propio; actualmente cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Holger Insfrán, superintendente de Bancos, fue detenido el 12 de noviembre tras el allanamiento de su domicilio en el barrio Santa Librada, donde se incautaron unas 500 fojas de documentos. Se le imputa haber omitido medidas cautelares y retrasado la comunicación formal al Directorio sobre la concentración crediticia de Ueno Bank con empresas vinculadas.

Liana Caballero, con 18 años de trayectoria en la institución y brevemente presidenta interina del BCP tras la salida de Carvallo, fue detenida en un allanamiento a su domicilio en Asunción. Simultáneamente, Miguel Mora, otro miembro titular que también ejerció la presidencia interina durante la crisis, fue aprehendido en su residencia de Luque.

Marco Aurelio González, ex procurador general de la República y miembro del Directorio hasta el 4 de noviembre, presentó su renuncia apenas un día después del colapso. No estaba en su domicilio cuando llegaron los allanamientos, pero se entregó horas más tarde en la Comisaría Primera Metropolitana y quedó a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. González había advertido públicamente sobre filtraciones de un informe confidencial que el BCP remitió al Senado y había alertado sobre posibles consecuencias penales para los responsables de esas filtraciones.

Repercusiones políticas: el caso Peña y la crisis institucional

El derrumbe no se limitó al sistema financiero. El 6 de noviembre, el Congreso Nacional destituyó al expresidente Santiago Peña mediante juicio político, una medida directamente vinculada a la crisis de Ueno Bank. Horas después de abandonar el cargo, Peña fue detenido y actualmente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, investigado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias.

La fotografía que el 3 de noviembre retrató a los directivos del Banco Central entregando su denuncia ante el fiscal general Emiliano Rolón Fernández resume, en diez días, la magnitud de la crisis: quienes señalaron el fraude terminaron siendo señalados por él.

Las raíces del colapso bancario en Paraguay

Para entender la magnitud de este escándalo, es necesario retroceder a la década pasada, cuando el sector financiero paraguayo experimentó una expansión desmedida impulsada por la entrada de capitales externos y la liberalización de los mercados crediticios. El Banco Central, bajo la dirección de Carvallo, había adoptado una política de supervisión flexible que, según expertos, favoreció la proliferación de bancos con estructuras de capital débiles.

Ueno Bank, fundado en 2008, se había posicionado como una entidad enfocada en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, pero su modelo de negocio dependía en gran medida de la captación de depósitos a tasa preferencial. La falta de controles internos robustos y la ausencia de una auditoría independiente permitieron la creación de fideicomisos opacos y la canalización de recursos hacia empresas del Grupo Vázquez, un conglomerado con lazos políticos y empresariales que, hasta hace poco, había escapado a la vigilancia regulatoria.

El escándalo también revela la fragilidad del marco legal paraguayo en materia de garantía de depósitos. El límite de 75 salarios mínimos, aunque alineado con estándares internacionales, quedó expuesto como insuficiente para cubrir la magnitud de los ahorros perdidos, generando una ola de protestas en barrios como Villa Morra y San Lorenzo, donde la población se vio directamente afectada.

En el plano internacional, la crisis ha encendido las alarmas de organismos como el FMI y la CEPAL, que ya habían advertido sobre la necesidad de reforzar la supervisión bancaria en la región. Para los cordobeses y argentinos que mantienen inversiones o relaciones comerciales con Paraguay, el caso plantea un serio cuestionamiento sobre la seguridad de los fondos depositados en instituciones financieras de vecinos del Mercosur.

El proceso judicial continúa, y la expectativa es que la Fiscalía presente pruebas que demuestren la responsabilidad penal de los funcionarios del BCP. Mientras tanto, los depositantes esperan la restitución de sus ahorros y el país busca estabilizar su sistema financiero antes de que la crisis se convierta en una recesión prolongada.

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