EE.UU. amplía a 21 grupos la lista de organizaciones terroristas que amenazan a América Latina y el Caribe

La administración de Donald Trump incorporó a veintiún organizaciones criminales de la región a la lista de “organizaciones terroristas extranjeras” de Estados Unidos, una medida que antes se reservaba a grupos como el Estado Islámico o Al‑Qaeda. La designación, anunciada durante la gira del secretario de Estado Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú, abarca desde los cárteles mexicanos más potentes hasta pandillas haitianas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.

¿Qué implica la lista para la seguridad regional?

El objetivo declarado de Washington es ejercer presión contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes y otras economías ilícitas. Desde febrero de 2025, la política permite operaciones contra embarcaciones catalogadas como “narcoterroristas”, lo que ha provocado más de 200 muertos según el informe oficial. La medida también abre la puerta a sanciones financieras y a la congelación de activos de los grupos designados.

En Haití, la coalición Viv Ansanm y la pandilla Gran Grif fueron incluidas. Viv Ansanm paralizó el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe y liberó cientos de presos en 2024, obligando a la sociedad civil a negociar con las bandas para distribuir ayuda. Gran Grif, activa en la zona central del país, fue responsabilizada por la masacre de más de setenta personas en Pont‑Sondé.

Los grupos latinoamericanos bajo la lupa estadounidense

En Venezuela, la lista incorpora al Tren de Aragua, una organización nacida en una prisión de Caracas que se expandió a Chile y Estados Unidos, vinculada al tráfico de migrantes, trata de personas y explotación sexual. También se incluyó al llamado “Cártel de los Soles”, acusado de estar liderado por altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y de participar en minería ilegal y contrabando de combustible.

En México, ocho organizaciones fueron designadas: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezan la lista por su papel en el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. Otros grupos como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras también aparecen, afectando sectores locales como la producción de aguacate, una de nuestras exportaciones más importantes.

Las pandillas salvadoreñas MS‑13 y Barrio 18, originarias de Los Ángeles, fueron incorporadas tras su expansión en El Salvador, Guatemala y Honduras. Su designación coincide con la dura campaña del presidente Nayib Bukele, que ha encarcelado a más de 80.000 personas.

En Colombia, el Clan del Golfo (AGC) pasó a la lista; con unos 9.000 combatientes, extorsiona a negocios locales y tiene presencia en un tercio de los municipios del país. En Ecuador, se sumaron Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones, responsables de sicariato y lucha por rutas al Pacífico. Brasil aportó al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, dos de las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica.

Impacto directo en la economía y la seguridad de Córdoba

Para la provincia de Córdoba, la ampliación de la lista tiene consecuencias palpables. El flujo de cocaína y fentanilo que atraviesa la frontera norte del país sigue alimentando la violencia en barrios cordobeses, generando un aumento en los operativos policiales y en la presión sobre el sistema penitenciario. Además, la exportación de productos agropecuarios, como el aceite de soja y la carne bovina, se ve amenazada por posibles inspecciones más rigurosas y por la percepción internacional de riesgo.

Las sanciones a los cárteles mexicanos pueden traducirse en una reducción de la oferta de drogas en el mercado interno, pero también en una mayor violencia mientras los grupos compiten por el control de rutas que atraviesan la provincia. Los productores locales de aguacate, que dependen del mercado estadounidense, podrían beneficiarse de una menor competencia de los cárteles que antes controlaban la cadena de suministro.

En el ámbito de la cooperación policial, la designación abre la posibilidad de recibir asistencia técnica y financiera de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para reforzar la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando de armas, una oportunidad que el gobierno provincial podría aprovechar para modernizar sus unidades de inteligencia.

Raíces y repercusiones de la política antiterrorista en la región

La estrategia estadounidense se originó en 2025 como respuesta a la creciente interconexión entre el narcotráfico y el terrorismo. Desde entonces, Washington ha buscado desarticular redes que cruzan fronteras, utilizando la etiqueta de “terrorista” para legitimar acciones militares y sanciones económicas. La medida se inserta en un contexto de creciente rivalidad geopolítica con China y Rusia, que también buscan influir en la seguridad del hemisferio.

En América Latina, la designación ha generado controversia. Algunos gobiernos, como el de México, denuncian una intromisión que vulnera la soberanía nacional, mientras que otros, como el de Colombia, ven en ella una herramienta para fortalecer la lucha contra grupos armados ilegales. En Argentina, aunque no se ha incluido ninguna organización local, la comunidad académica advierte sobre el riesgo de que la etiqueta se extienda a actores políticos y sociales que simplemente desafían el status quo.

Históricamente, la clasificación de organizaciones como terroristas en la región ha sido utilizada como arma diplomática. Durante la década de 1990, el llamado “Cártel de los Soles” surgió como un eufemismo para describir a militares venezolanos involucrados en el narcotráfico; hoy, esa denominación vuelve a resurgir bajo la lupa de EE.UU. La continuidad de esta práctica muestra cómo la lucha contra el crimen organizado se entrelaza con intereses estratégicos y económicos.

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