EE.UU. aprieta el cerrojo a los inversionistas: ¿Qué implica para la Argentina y el Mercosur?

Washington lanzó este martes el Investment Climate Statement 2026 para Nicaragua, un informe que aconseja a los capitales extranjeros actuar con extrema cautela. El documento, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado, destaca que las decisiones económicas clave están bajo el control directo del poder político, que se intensifican las confiscaciones y que las empresas chinas gozan de privilegios que dejan a otros competidores en la lona.

El panorama político‑económico que preocupa a los inversionistas

Según la evaluación estadounidense, la relación personal con funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha convertido en un requisito indispensable para cerrar cualquier operación. Cada movimiento importante necesita la firma presidencial y los inversionistas se enfrentan a auditorías fiscales cada vez más invasivas, multas arbitrarias y obligaciones tributarias infladas. El informe reconoce, sin embargo, indicadores macroeconómicos relativamente positivos, pero sitúa el riesgo político como el factor determinante.

El economista opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro califica el nuevo texto como un “endurecimiento” respecto al año anterior. Para él, la redacción pasa de describir un entorno “inestable” a señalar directamente el “control político de la economía”.

Legislación de inversión extranjera y el control estatal

Un punto central del reporte es la Ley de Inversión Extranjera aprobada en febrero de 2025, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE). La normativa obliga a los inversores a registrarse y a entregar informes trimestrales, un mecanismo que, según Washington, amplía la vigilancia estatal y convierte al registro obligatorio en una herramienta de control político.

El informe también denuncia la falta de independencia de los organismos regulatorios y la cancelación de 19 cámaras empresariales en 2023 y otras 151 en agosto de 2024, entre ellas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham). La reforma constitucional de enero de 2025, que instituyó la copresidencia de Rosario Murillo, profundiza la centralización del poder y debilita aún más la separación de poderes.

Preferencia a China y sus repercusiones regionales

El tratado de libre comercio firmado en enero de 2024 entre Managua y Pekín ha abierto la puerta a un trato preferencial para compañías chinas. El Departamento de Estado advierte que esta ventaja permite la entrada de productos a precios “considerablemente más bajos”, lo que compite deslealmente con empresas locales y con inversores de otras latitudes.

Desde noviembre de 2024, las instituciones públicas nicaragüenses deben priorizar proveedores chinos en la adquisición de tecnologías de información y comunicaciones. Además, las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, creadas en octubre de 2025, otorgan exenciones del 100 % del impuesto a la renta y del IVA a las empresas chinas durante diez años, con renovaciones posibles.

Impacto para la Argentina y el Mercosur

Para los empresarios cordobeses y argentinos, la alerta de EE.UU. tiene una doble dimensión. Por un lado, el riesgo de invertir directamente en Nicaragua se vuelve más costoso: la necesidad de alianzas políticas y la exposición a confiscaciones hacen que el retorno esperado sea incierto. Por otro, la creciente dependencia nicaragüense del capital y la tecnología china abre una brecha competitiva que podría afectar a los exportadores de la región que compiten en los mismos sectores, como agroindustria y textiles.

Argentina mantiene relaciones comerciales con Nicaragua, aunque el intercambio es modesto comparado con el de EE.UU. No obstante, el flujo de remesas —más del 80 % provienen de EE.UU.— sigue siendo un motor clave de la economía nicaragüense. Un endurecimiento de las sanciones o la imposición de aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio podría repercutir indirectamente en la demanda de productos argentinos, especialmente en los mercados de alimentos procesados y maquinaria agrícola.

Los analistas del sector exportador argentino señalan que la advertencia estadounidense podría impulsar a los gobiernos de la región a revisar sus políticas de inversión y a buscar diversificar sus socios comerciales, reduciendo la exposición a regímenes autoritarios y a la influencia china. En Córdoba, varios empresarios de la zona de la industria ligera ya están evaluando alternativas de inversión en mercados más estables, como Chile y Uruguay, donde la seguridad jurídica es más predecible.

Un vistazo a la historia reciente de la inversión en Nicaragua

Desde la crisis política de 2018, Nicaragua ha visto cerrar más de 20 empresas y muchas han trasladado sus operaciones a Honduras o a otras naciones del Caribe. En 2025, los activos del sistema financiero alcanzaron los US$7,500 millones, concentrados en cuatro bancos principales que manejan el 77 % del total. Las zonas francas, sin embargo, siguen siendo la excepción: emplean a más de 100,000 personas y presentan una interferencia gubernamental menor, aunque en abril de 2026 se reformó la legislación para convertir en indefinidos varios beneficios fiscales y aduaneros.

El informe señala que entre 2020 y abril de 2026 el Estado confiscó 110 propiedades de opositores, transfiriéndolas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y a alcaldías locales. Estas acciones, sumadas a la ampliación de la zona de control estatal hasta 15 km de la frontera terrestre (ley del 5 de agosto 2025), refuerzan la percepción de un entorno de inversión “extremadamente riesgoso”.

En conclusión, la advertencia de EE.UU. no solo pinta un panorama sombrío para los capitales extranjeros en Nicaragua, sino que también plantea un desafío estratégico para la Argentina y el Mercosur. La necesidad de proteger los intereses de los inversionistas cordobeses y de buscar alianzas más seguras se vuelve una prioridad en la agenda económica regional.

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