EE.UU. corta la puerta a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por presuntos actos de corrupción y narcotráfico

EE.UU. anunció este lunes la revocación o restricción de visas a 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junto a sus familiares directos, bajo una nueva política que persigue sancionar a extranjeros que, según el Departamento de Estado, utilicen la corrupción o el narcotráfico para debilitar gobiernos democráticos.

La medida y su marco legal

El Departamento de Estado explicó que la acción se tomó bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite impedir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o actividades puedan generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense. Además, la designación pública contra el fiscal boliviano Roger Mariaca se realizó bajo la sección 7031(c) de la normativa de asignaciones para seguridad nacional, que autoriza al secretario de Estado a señalar a funcionarios extranjeros con información creíble de corrupción o graves violaciones de derechos humanos.

Quiénes fueron sancionados y por qué

Bolivia concentró el mayor número de afectados: 12 personas tuvieron sus visas revocadas y sus familias incluidas en la prohibición, mientras que otras nueve quedaron imposibilitadas de obtener una visa en el futuro. Entre los nombrados están fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario, entre ellos Martin Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra y Alberto Zeballos Flores.

El caso más sonado es el del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años. Washington lo acusa de haber aceptado sobornos para facilitar el tráfico de drogas y de haber protegido a delincuentes violentos, poniendo en riesgo los esfuerzos de la administración Trump contra el narcoterrorismo.

En Colombia, la medida alcanzó al empresario Euclides Antonio Torres Romero, dueño de un conglomerado energético y de señalización vial, y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social. En Perú, la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Circuito Constitucional de Lima, fue revocada junto a la de sus familiares directos. Ecuador también quedó incluido, aunque el Departamento de Estado no reveló los nombres de los dos ciudadanos afectados.

Repercusiones para la región y la relación con el Escudo de las Américas

Washington vinculó la decisión con los compromisos asumidos dentro del llamado “Escudo de las Américas”, una iniciativa iniciada bajo la administración de Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas a la seguridad. Los países firmantes acordaron coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra individuos y grupos que socaven la democracia y el Estado de derecho.

Para la región, la medida representa un mensaje claro: la corrupción y el narcotráfico ya no serán tolerados en la esfera internacional, y los gobiernos que no actúen con firmeza pueden ver comprometida su relación con Estados Unidos, lo que podría traducirse en menos asistencia técnica, menor acceso a financiamiento y una mayor presión diplomática.

En el contexto cordobés, la noticia genera una discusión sobre cómo la política migratoria estadounidense puede influir en los lazos comerciales y de seguridad que mantienen nuestras provincias con los países andinos. Empresas cordobesas que exportan a Bolivia o Perú deberán estar atentas a posibles revisiones de controles y a la percepción de riesgo que estas sanciones pueden generar.

Un vistazo histórico a la política de visas estadounidenses

La práctica de usar la visa como herramienta de presión no es nueva. Desde la Ley Magnitsky de 2012, EE.UU. ha empleado restricciones migratorias para castigar a funcionarios involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la reciente ampliación bajo la sección 212(a)(3)(C) marca una escalada: ahora se pueden bloquear visas a familiares directos, ampliando el alcance de la sanción y dificultando la movilidad de toda una élite política.

En la década de los 90, la política de visas se enfocó mayormente en la seguridad fronteriza y el control del flujo migratorio irregular. Con la llegada del siglo XXI, la agenda se desplazó hacia la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción, reflejando una visión de la diplomacia basada en valores y no solo en intereses económicos.

De la política migratoria a la seguridad: lecciones para Córdoba

Para la provincia de Córdoba, la noticia subraya la importancia de mantener una gestión pública transparente y alejada de cualquier vínculo con el narcotráfico. Las empresas locales que tengan operaciones en los países afectados pueden verse expuestas a auditorías más rigurosas y a la necesidad de demostrar que sus socios cumplen con normas anticorrupción.

Además, la medida abre la puerta a un debate sobre la cooperación en materia de seguridad entre nuestras fuerzas provinciales y las agencias estadounidenses. Si bien Córdoba no es un punto de entrada directo a EE.UU., la colaboración en inteligencia y en la lucha contra el tráfico de drogas podría intensificarse, lo que requerirá recursos y capacitación adicional.

En definitiva, la revocación de visas es una señal de que la corrupción ya no será un asunto interno que se pueda ocultar bajo la alfombra. Para los cordobeses, el mensaje es claro: la transparencia y la integridad son requisitos indispensables si queremos seguir atrayendo inversión y manteniendo una relación fluida con socios internacionales.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo