EE.UU. endurece el cerco a La Habana tras descubrir vínculos financieros con el banco iraní Karafarin

Washington impuso este jueves nuevas sanciones contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), acusándolo de haber brindado servicios financieros al banco iraní Karafarin desde al menos 2022. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, se inscribe dentro de una ofensiva más amplia contra los supuestos lazos entre La Habana y Teherán, y se ejecutó bajo la Sección 2(a)(i)(A) de la Orden Ejecutiva 14404.

El marco legal de la sanción

El Departamento de Estado utilizó la Orden Ejecutiva 14404, emitida en 2017, que autoriza a designar entidades que operen en sectores críticos de la economía cubana y que, según Washington, sirvan de fachada para actividades hostiles. En este caso, el BICSA fue señalado por “prestar servicios al designado banco iraní Karafarin desde al menos 2022”. La designación permite congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibir cualquier transacción con ciudadanos o empresas americanas.

El Departamento del Tesoro, por su parte, ya había sancionado a Karafarin Bank en 2020 bajo la Orden Ejecutiva 13902, que apunta a instituciones financieras vinculadas al programa nuclear iraní y a actividades de patrocinio del terrorismo. La acción contra BICSA se describe como una operación “en concierto” con esa medida anterior, reforzando la estrategia de Washington de cortar los canales financieros que, según la administración, facilitan el flujo de fondos entre La Habana y Teherán.

Cuba e Irán: una alianza bajo la lupa

Rubio sostuvo que “durante demasiado tiempo, la Cuba comunista ha permitido operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas, incluida la República Islámica de Irán”. La acusación sitúa a la isla como un punto de apoyo logístico para redes vinculadas a Teherán, a escasa distancia de territorio estadounidense. En la narrativa oficial, esa proximidad representa una amenaza directa a la seguridad nacional de EE.UU., sobre todo en un contexto donde la administración busca frenar la expansión de influencias antiamericanas en América Latina.

El secretario de Estado recordó también la postura del expresidente Donald Trump, quien había dejado claro que cualquier Estado que albergue operaciones hostiles cerca de los EE. UU. no sería tolerado. La referencia a “fuerzas extra hemisféricas” busca reforzar la idea de una conspiración internacional contra los intereses estadounidenses, una retórica que ha sido recurrente en la política exterior de Washington.

Repercusiones para la economía cubana

El BICSA es una de las principales instituciones financieras del país, responsable de canalizar divisas, gestionar créditos internacionales y apoyar a empresas estatales como CUPET, la petrolera nacional. La congelación de sus activos y la prohibición de operar con bancos estadounidenses complicarán aún más la ya precaria situación económica de la isla, que lleva años bajo un embargo comercial y financiero.

En los últimos meses, la administración estadounidense amplió la presión con sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel, la familia de Fidel Castro y otras entidades estatales. Cada medida busca aislar a La Habana del sistema financiero global, obligando a la economía cubana a depender de aliados como Rusia, China o, en este caso, Irán, lo que a su vez alimenta la narrativa de que el régimen cubano está alineado con actores considerados enemigos de EE. UU.

Raíces históricas del aislamiento económico a La Habana

El embargo estadounidense contra Cuba, instaurado en 1960, ha sido una constante en la política exterior de EE. UU. Desde entonces, sucesivas administraciones han añadido capas de sanciones que van más allá del comercio de bienes, alcanzando sectores financieros, energéticos y hasta la movilidad de personas. La decisión de Rubio se inserta en esa larga línea de medidas que buscan ejercer presión política mediante el estrangulamiento económico.

Durante la Guerra Fría, Cuba se convirtió en un aliado estratégico de la Unión Soviética, recibiendo subsidios y apoyo militar. Tras la caída del bloque comunista, el país buscó diversificar sus alianzas, acercándose a potencias emergentes como China y, en menor medida, a Irán. Esa relación con Teherán, aunque discreta, ha sido objeto de sospechas en Washington, que la percibe como una vía para evadir el embargo y financiar actividades consideradas subversivas.

En la última década, la presión se intensificó con la política de “desgaste” de la administración Trump, que introdujo sanciones a individuos y empresas vinculadas al gobierno cubano, a la familia Castro y a la industria petrolera estatal. Con la llegada de la administración Biden, aunque se habló de una posible revisión del embargo, la política de sanciones siguió firme, y la reciente medida contra BICSA demuestra que, al menos en materia de seguridad nacional, el enfoque duro persiste.

El futuro de la relación entre EE. UU. y Cuba sigue siendo incierto. Mientras la isla busca alternativas para sortear el aislamiento, Washington mantiene la estrategia de señalar cualquier vínculo con Irán como una justificación para endurecer el cerco económico. La población cubana, que ya sufre escasez y alta inflación, será la principal víctima de esta escalada de sanciones, mientras los analistas internacionales siguen debatiendo si la presión financiera logrará el cambio político buscado por Washington.

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