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EE.UU. endurece la guerra contra el financiamiento del terrorismo con nuevas sanciones cripto a Irán

El pasado viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho proveedores de servicios de activos digitales que, según la autoridad, colaboraban con el régimen iraní para evadir sanciones y alimentar la financiación del terrorismo. Las medidas, anunciadas dentro de la Operación Bloqueo Económico, buscan cortar los canales que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y otras entidades sancionadas usan para mover riales y criptomonedas fuera de Irán.

Cómo operaban los ocho servicios sancionados

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las empresas designadas intercambiaban riales iraníes y otras divisas por activos digitales, enviando los fondos a billeteras vinculadas a la IRGC y a plataformas de intercambio ya bajo sanción. Algunas cambiaron de nombre y de domicilio para escabullirse de la vista de los reguladores, pero continuaron su laburo pese a los avisos públicos. La lista incluye a Million Exchange (operada por Diverse Trade Inc. en Ontario), Amin Exchange (1380079 BC Limited y su filial Top PC Technician Inc.), NIA Nations Currency Ltd., Farah Exchange y otras entidades que, además de servir al régimen, lavaban dinero procedente del narcotráfico.

El vínculo con el narcotráfico canadiense y su repercusión en América Latina

Una de las piezas clave de la investigación es el narcotraficante canadiense Ryan Wedding, quien utilizó casas de cambio de Vancouver y Toronto para blanquear cientos de millones de dólares y enviarlos a través de los servicios sancionados. Wedding, ahora bajo arresto en EE.UU., había coordinado una red de “correos humanos” que transportaban efectivo a los exchanges, los convertían en cripto y los enviaban a Irán. La OFAC señaló que estas operaciones también involucraban a actores de América Latina, entre ellos Argentina, donde algunos usuarios de plataformas cripto sin regulación podrían haber sido indirectamente afectados.

Qué significa para la comunidad cripto cordobesa y argentina

Para los laburantes del ecosistema fintech de Córdoba, la medida tiene un eco inmediato. La provincia alberga un creciente número de startups que manejan criptoactivos, y la reciente ola de sanciones internacionales pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos KYC/AML. “Si en Washington están cerrando puertas, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestras casas no se conviertan en la próxima vía de escape”, comentó un analista de una incubadora cordobesa. Además, la colaboración entre EE.UU. y Canadá, que incluye a la unidad de inteligencia financiera FINTRAC, abre la puerta a futuros acuerdos bilaterales que podrían impactar la forma en que los exchanges argentinos operan con socios extranjeros.

El marco legal y la Orden Ejecutiva 13902

Las sanciones se basan en la Orden Ejecutiva 13902, que autoriza al Tesoro a bloquear a cualquier entidad que facilite la adquisición de activos digitales por parte del régimen iraní. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró que “cualquier intento de evadir estas restricciones será perseguido en cualquier parte del mundo”. La OFAC también advirtió que la violación de las sanciones puede derivar en procesos penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros.

Un vistazo al futuro: ¿qué sigue para la Operación Bloqueo Económico?

El Departamento del Tesoro anunció que continuará ampliando la lista de entidades sancionadas, no solo en el sector cripto iraní sino también en cualquier actor internacional que ayude a financiar al terrorismo. La estrategia busca evitar que países como Argentina, Colombia o El Salvador se conviertan en refugio para fondos ilícitos. En Córdoba, la expectativa es que la normativa nacional se ajuste rápidamente para alinearse con las directrices internacionales, lo que podría traducirse en mayor vigilancia y, potencialmente, en una mayor confianza de inversionistas extranjeros.

Raíces de la lucha contra el financiamiento del terrorismo

La presión sobre Irán no es nueva. Desde 2019, EE.UU. ha impuesto una serie de sanciones dirigidas a su sector financiero y a su capacidad de adquirir tecnología militar. La inclusión de criptomonedas en la ecuación representa una evolución del conflicto: los activos digitales permiten mover grandes sumas de dinero al instante, sin pasar por los canales tradicionales que pueden ser más fácilmente monitoreados.

En el contexto latinoamericano, la proliferación de exchanges sin regulación ha generado un terreno fértil para que redes criminales encuentren puentes hacia el sistema financiero global. La acción conjunta de EE.UU. y Canadá busca cerrar esas brechas, pero también plantea un desafío para los reguladores locales que deben equilibrar la innovación fintech con la seguridad nacional.

En Córdoba, la respuesta ha sido clara: reforzar la cooperación con organismos internacionales, invertir en capacitación de compliance y promover la adopción de marcos regulatorios que eviten que la provincia se convierta en una “puerta trasera” para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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