Fiscal general boliviano Roger Mariaca enfrenta seis meses de prisión preventiva junto a tres acusados de narcotráfico

La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el ex procurador general Roger Mariaca y para los tres detenidos que lo acompañan, bajo la acusación de integrar una supuesta red dedicada al tráfico de drogas y a la organización criminal. La petición, presentada ante la Asamblea Legislativa, busca que los imputados permanezcan bajo custodia mientras continúan las investigaciones, y propone su traslado a los penales de San Pedro y Patacamaya.

Los imputados y los cargos que los persiguen

El Ministerio Público formalizó la imputación contra Roger Mariaca, el ex fiscal general que ocupó el cargo desde enero de 2024, y contra Alberto Zeballos, Martín Irusta y el agente policial Rubén Aparicio. A cada uno se le acusa de delitos de tráfico de sustancias controladas y de organización criminal, hechos que, según la Fiscalía, estarían vinculados a una estructura que habría protegido y fomentado el narcoterrorismo en el país.

Los cargos se sustentan en testimonios de testigos, interceptaciones telefónicas y documentos que, según la investigación, demuestran una coordinación entre autoridades y grupos delictivos para el traslado y la distribución de cocaína y otras drogas en la región andina.

La crisis institucional que se desató tras la detención

La captura de Mariaca provocó una disputa de poder dentro del Ministerio Público. En la mañana siguiente a la detención, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante los medios como titular interino, argumentando que, conforme a la normativa boliviana, el funcionario de mayor antigüedad debía asumir la conducción de la Fiscalía de manera transitoria.

El Gobierno, sin embargo, cuestionó esa decisión. El vocero presidencial José Luis Gálvez pidió inicialmente esperar una definición de las autoridades competentes, pero horas después denunció que Montaño estaba usurpando funciones y lo acusó de intentar cerrar el sistema institucional para impedir la recepción de denuncias. “Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general”, declaró Gálvez en una conferencia de prensa.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, endureció la postura del Ejecutivo, calificando la supuesta organización criminal liderada por Mariaca como “blanco y negro” y asegurando que no existía ningún matiz de duda respecto a la gravedad de los hechos.

Reacciones políticas y judiciales

Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui exigió una definición institucional inmediata para evitar un vacío de poder en la Fiscalía. “La Asamblea debe elegir cuanto antes a un nuevo titular para devolverle la credibilidad al Ministerio Público y evitar que quede sometido a ningún gobierno”, sostuvo la legisladora.

Especialistas en derecho constitucional señalaron que la detención del fiscal general constituye una situación excepcional que debería ser resuelta por la Asamblea Legislativa, pese a que la legislación boliviana permite que, en ausencia temporal, el funcionario de mayor antigüedad asuma de forma transitoria.

La crisis también tuvo repercusión a nivel operativo: Luis Carlos Torrez, fiscal departamental de La Paz, presentó su renuncia después de que la Policía registrara las oficinas de la institución, manteniendo el edificio bajo custodia mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

Impacto en la lucha contra el narcotráfico y la percepción ciudadana

El caso pone en relieve la fragilidad de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en Bolivia, un país que, según informes de la ONU, sigue siendo uno de los mayores productores de coca en el mundo. La percepción de que altos funcionarios pueden estar vinculados a redes delictivas alimenta la desconfianza ciudadana y complica la tarea de los organismos de seguridad.

Analistas de seguridad advierten que, mientras se resuelve la crisis institucional, la operatividad contra el narcotráfico podría verse afectada, generando un espacio propicio para que organizaciones criminales refuercen sus actividades en zonas vulnerables.

Un poco de historia sobre la Fiscalía boliviana

La Fiscalía de Bolivia, creada en 1995, ha pasado por diversas reformas destinadas a garantizar su autonomía y a fortalecer su capacidad investigativa. Sin embargo, la historia reciente muestra episodios de interferencia política que han puesto en entredicho su independencia.

Durante la década de 2000, la institución enfrentó críticas por su manejo de casos de corrupción y por la falta de recursos para combatir el narcotráfico, una problemática que se intensificó con la expansión de cultivos de coca en los valles andinos.

En los últimos años, la Fiscalía ha implementado unidades especializadas en delitos de alto impacto, como el narcotráfico y la trata de personas, pero la reciente acusación contra su ex líder evidencia que la lucha contra la criminalidad organizada sigue siendo una tarea compleja y a menudo peligrosa para sus integrantes.

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