Histórico juicio en Honduras contra ex jefe militar por ataques a la prensa: qué implica para la libertad de expresión en Centroamérica

El 1 de septiembre de 2026 una jueza hondureña dictó auto de formal procesamiento contra el general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto y exsecretario de Defensa bajo la administración de Xiomara Castro. La audiencia preliminar quedó fijada para el 14 de septiembre, y la fiscalía lo acusa de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión. La defensa apeló la decisión el 4 de septiembre, alegando la exclusión indebida de peritajes y documentos presentados por su equipo legal.

Orígenes del conflicto: la tensión electoral que encendió la llama

El caso se remonta al ciclo electoral que culminó con la asunción de Nasry Asfura como presidente el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó una denuncia contra 12 medios de comunicación por supuesta calumnia y difamación, señalando una estrategia institucional para silenciar a la prensa crítica. La situación escaló el 9 de marzo de 2025, día de las elecciones primarias, cuando Thelma Mejía, periodista hondureña y directora de la Red Centroamericana de Periodistas, denunció una ola de hostilidad: el 72 % de los centros de votación sufrió retrasos por la retención de material electoral bajo custodia militar. Los periodistas exigieron explicaciones y una investigación del Ministerio Público, lo que provocó la ira de Hernández.

El 26 de mayo de 2025, el medio oficial militar “FF.AA. Digital” publicó una portada titulada “Sicarios de la verdad”, señalando a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra como difusores de información falsa. La pieza incluyó también un ataque directo al periodista José Adán López, vinculándolo con el crimen organizado. Estas acusaciones se replicaron en redes sociales y en mantas que aparecieron en distintos puntos de Tegucigalpa, bajo el sello del Movimiento Popular Hondureño, que se desligó de cualquier vínculo con las Fuerzas Armadas.

El panorama de violencia contra la prensa y la reacción de la sociedad civil

Un informe de C‑Libre reveló un aumento del 19,6 % en agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el periodo electoral. El estudio apuntó que el 49 % de los ataques provenían de las Fuerzas Armadas, el 22,8 % de funcionarios del gobierno de Castro y el 17 % de la Policía Nacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2025, advirtió sobre el deterioro del debate público y la intimidación sistemática ejercida por la alta cúpula militar.

Ante este panorama, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, subrayó la importancia de la presión constante de periodistas y organizaciones de la sociedad civil: “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar de que ya estaba listo”. Meza calificó el expediente como “un caso emblemático e histórico” y resaltó el papel decisivo de Asopodehu y de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos.

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advirtió que la presentación del caso en noviembre de 2025, justo antes del cambio de gobierno, podría estar motivada políticamente. No obstante, sostuvo que la causa tiene el potencial de convertirse en un “parteaguas” jurídico para sancionar actos de coerción contra periodistas, creando jurisprudencia que sirva de referencia en toda la región.

Ángulo cordobés: ¿qué implica este juicio para la prensa argentina?

Desde la provincia de Córdoba, donde la defensa de la libertad de expresión es una lucha cotidiana de periodistas de medios locales y de la Universidad Nacional de Córdoba, el proceso hondureño se percibe como una señal de alerta. Organizaciones como la Asociación de Periodistas de Córdoba (APC) y el Centro de Estudios de la Comunicación (CEC) han emitido comunicados recordando que la impunidad en casos de agresión a la prensa alimenta una cultura de autocensura que también se vive en la Argentina, sobre todo en contextos de polarización política.

El caso de Hernández pone en relieve la necesidad de fortalecer mecanismos de protección a periodistas en América Latina. En Argentina, la Ley de Medios y la Ley de Protección a Testigos y Víctimas han sido objeto de debates y reformas; el precedente hondureño podría impulsar una revisión de la normativa argentina para incluir sanciones más severas contra funcionarios que utilicen su cargo para intimidar a la prensa.

Además, la comunidad periodística cordobesa ve en este juicio una oportunidad para reforzar la cooperación transnacional. La Red de Periodistas de América Latina (RPLA), con sede parcial en Córdoba, está organizando una serie de webinars y talleres para compartir estrategias legales y de seguridad digital, inspirados en la experiencia de Asopodehu y Ciprodeh.

Un paso decisivo hacia la rendición de cuentas

El proceso judicial contra el general Roosevelt Hernández representa, según los analistas, el primer caso en la historia de Honduras donde un militar de alto rango enfrenta cargos penales por atentar contra la libertad de expresión. La audiencia preliminar del 14 de septiembre será observada de cerca por observadores internacionales, ONG y por la propia sociedad hondureña, que espera que la justicia actúe sin interferencias.

Si bien la defensa ha pedido el sobreseimiento definitivo, la presión de la comunidad internacional y la creciente conciencia sobre la importancia de proteger a los comunicadores hacen improbable que el caso se archive sin consecuencias. Un fallo condenatorio podría sentar un precedente jurídico que obligue a los gobiernos de la región a revisar sus protocolos de actuación frente a los medios, reduciendo la impunidad y fortaleciendo la democracia.

En definitiva, el juicio contra el ex jefe militar hondureño no solo es una historia local; es una pieza clave del rompecabezas de la libertad de prensa en América Latina. Para Córdoba y toda Argentina, representa una llamada a la acción: reforzar la defensa de los derechos de los periodistas, impulsar reformas legales y mantener la vigilancia ante cualquier intento de silenciar la voz del pueblo.

Raíces de la resistencia periodística en Centroamérica y su eco en Córdoba

La tradición de resistencia periodística en Centroamérica se remonta a los años 80, cuando los regímenes militares utilizaban la censura como herramienta de control. Desde entonces, la prensa ha luchado contra la intimidación, la autocensura y la violencia. En la década de 1990 surgieron organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (CIDH) y la Red Centroamericana de Periodistas, que sentaron las bases para la defensa de la libertad de expresión.

En la Argentina cordobesa, la historia de la prensa independiente también está marcada por episodios de represión, desde la dictadura militar (1976‑1983) hasta los enfrentamientos contemporáneos con gobiernos locales. La memoria de esos hechos ha impulsado la creación de espacios de formación y de redes de apoyo que hoy colaboran con sus homólogos centroamericanos.

Esta interconexión histórica y la solidaridad transfronteriza son esenciales para que casos como el de Hernández no queden en la sombra. La cooperación entre ONG, universidades y medios de comunicación de ambos lados de la frontera fortalece la capacidad de respuesta ante amenazas a la libertad de expresión y asegura que la prensa siga cumpliendo su rol fundamental en la democracia.

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