Irán se endurece a cinco años de la muerte de Mahsa Amini: represión, ejecuciones y repercusiones para Argentina

Lead: En el quinto aniversario del fallecimiento de Mahsa Amini, la autoridad teocrática iraní aprobó un nuevo decreto que refuerza la obligatoriedad del hiyab, incrementa la vigilancia policial y endurece las penas contra quienes se aparten del código vestimentario. La medida se produce en medio de una ola de ejecuciones que ha alcanzado niveles nunca vistos desde la década de los 80, y plantea serias implicancias para la comunidad argentina vinculada a Irán y para la política exterior de Buenos Aires.

El endurecimiento del hiyab y la vigilancia masiva

El decreto firmado a principios de septiembre obliga a todos los establecimientos –cafés, restaurantes, comercios y universidades– a garantizar que las mujeres cumplan estrictamente con el hiyab. La policía religiosa, conocida como morâd, ha sido equipada con nuevas tecnologías de reconocimiento facial y drones de vigilancia para patrullar calles y campus universitarios. En las universidades, grupos de estudiantes ultra‑religiosas actúan como informantes, denunciando a sus compañeras que no respeten la normativa; las sanciones van desde la expulsión académica hasta multas que pueden superar los 10.000 dólares.

Los comercios que toleren “relajaciones” del velo se enfrentan a multas astronómicas y, en casos extremos, al clausurado definitivo. Esta campaña de control se presenta como una respuesta al “desorden moral” que, según el discurso oficial, habría surgido tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda que falleció bajo custodia de la policía religiosa el 16 de septiembre de 2022 por no portar el hiyab “correctamente”.

Ejecuciones masivas y clima de terror

Los números son escalofriantes. En 2025, Irán ejecutó 1.639 personas, un aumento del 68 % respecto al año anterior. Desde enero de 2026, los datos oficiales se vuelven difusos, pero ONG internacionales estiman que el número de ejecuciones supera los mil por mes, con 89 ejecutados solo en agosto. Estas cifras recuerdan la brutalidad del llamado “Reinado del Terror” de 1988, cuando más de 30.000 presos políticos fueron fusilados.

Las ejecuciones no son sólo judiciales; se registran asesinatos sumarios en cárceles y campos de detención que las organizaciones de derechos humanos catalogan como masacres. La guerra en curso contra Irán ha sido utilizada por el régimen como pretexto para una depuración masiva de opositores, consolidando un aparato represivo sin contrapesos.

Los tres vértices del poder iraní

El autoritarismo se sustenta en una tríada de fuerzas:

• Mojtaba Khamenei, hijo del supremo ayatolá Ali Khamenei, jefe de facto de la milicia Basij y figura central del partido ultrareligioso Jebhe‑ye Paydari.
• Los Pasdaran (Guardia Revolucionaria Islámica), comandados por el general Ahmad Vahidi y el ex‑presidente Mohsen Rezaee, ambos con antecedentes de vínculos con el atentado a la AMIA en 1994.
• Jebhe‑ye Paydari, un bloque parlamentario sin mayoría pero con poder absoluto, que promueve una visión apocalíptica del fin del mundo y una hostilidad feroz hacia Occidente.

Esta estructura ha convertido al país en una verdadera junta militar‑religiosa, con control total sobre la economía estatal, los recursos del estrecho de Ormuz y la política exterior.

Ecos de la represión en la tierra del tango

Para Argentina, la escalada de violencia en Irán no es un asunto lejano. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca de 15.000 argentinos tienen lazos familiares o de negocio con Irán, principalmente en el sector agroindustrial y en importaciones de energía. La creciente presión internacional sobre el petróleo iraní ha encarecido los precios del crudo, repercutiendo en los costos de producción de la agroindustria cordobesa, que depende de fertilizantes importados de la región.

Además, la comunidad iraní residente en la República Argentina –con fuerte presencia en Buenos Aires y Córdoba– vive una creciente ansiedad. Las persecuciones a disidentes iraníes en el exterior se han intensificado, y varios activistas argentinos vinculados a la defensa de los derechos humanos han denunciado intentos de intimidación por parte de simpatizantes del régimen.

Desde la diplomacia, el gobierno de Alberto Fernández ha mantenido una postura de condena verbal pero ha evitado sanciones económicas severas, temiendo dañar los vínculos comerciales y la estabilidad del mercado cambiario. Sin embargo, la presión de la sociedad civil y de organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha impulsado debates sobre la necesidad de adoptar medidas más firmes, como la suspensión de visas para funcionarios iraníes implicados en violaciones de derechos humanos.

En resumen, la represión que se vive en Teherán se traslada a la mesa de los cafés cordobeses, a los precios de los granos en la sierra y a la seguridad de los inmigrantes iraníes que buscan un futuro lejos del terror. La pregunta que queda en el aire es si la comunidad internacional, y particularmente Argentina, podrá transformar la “ayuda en camino” en una presión efectiva que haga retroceder al régimen.

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