Incineraron 1,45 mil millones de pesos en droga: la 12ª destrucción masiva de estupefacientes en Córdoba

Este martes, bajo la supervisión del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, se consumó la incineración de 147 bultos que contenían 321 mil dosis de marihuana, 78 mil dosis de cocaína, tres mil pastillas sintéticas y equipamiento para la producción de droga, lo que equivale a un valor estimado de $1.450 millones. El operativo, ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y ejecutado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), marcó la duodécima orden de destrucción en la historia reciente de la provincia y la novena desde la creación de la unidad especializada.

¿Qué se quemó y cómo se realizó la incineración?

Los 147 bultos fueron introducidos en hornos de alta temperatura especialmente adaptados para la destrucción de sustancias ilícitas. Para evitar la liberación de gases tóxicos, se emplearon filtros sanitarios de última generación, diseñados para capturar partículas y químicos peligrosos antes de que el aire sea expulsado al exterior. Entre los objetos destruidos se encontraban también equipos de laboratorio y utensilios destinados al armado y reducción de estupefacientes, lo que garantiza que nada de lo incinerado pueda volver a circular en el mercado negro.

Repercusiones para la seguridad pública y la lucha antidroga

“Todo lo incinerado habla del éxito de los resultados obtenidos”, afirmó el ministro López, quien destacó que la eliminación física de la droga secuestrada “garantiza la seguridad pública y evita que las sustancias vuelvan al circuito ilegal”. El funcionario subrayó que la medida también representa el cierre de la cadena de custodia, un paso crucial para preservar la evidencia y evitar filtraciones.

La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, añadió que “esta droga ya no está a disposición de jóvenes y de un sinnúmero de familias que se han visto afectadas por el consumo problemático”. La desaparición de esos bultos, según ella, es el resultado de un “enorme trabajo” conjunto entre la fiscalía, la justicia y la FPA.

Apoyo institucional y ampliación de la infraestructura judicial

Durante el acto, el ministro también anunció la duplicación de las fiscalías antinarcóticos en la provincia, una medida que, según él, “permite obtener los mejores resultados”. La ampliación de la estructura judicial se articula con la inversión en equipamiento, infraestructura y nuevas tecnologías, como lo recordó el gobernador Martín Llaryora en su cuenta de Twitter, resaltando la provincia como un “territorio hostil para el narcotráfico”.

El operativo contó con la presencia del Fiscal General Adjunto, Héctor David, y del Jefe de la FPA, Camilo Lassaga, quienes supervisaron la correcta ejecución de la incineración y certificaron la ausencia de incidentes ambientales.

Una mirada al proceso: imágenes y video del acto

En la fotografía se observan los hornos al pleno funcionamiento, rodeados de personal técnico con equipos de protección. La escena transmite la magnitud del laburo conjunto entre la justicia, la policía y la administración provincial.

Los funcionarios acompañantes, entre los que se encuentran el ministro López y la secretaria Fernández, revisan los protocolos de seguridad antes de iniciar la quema.

Para quienes prefieren el formato audiovisual, el siguiente video muestra paso a paso el proceso de incineración, desde la carga de los bultos hasta la activación de los filtros sanitarios.

Tras los fogones: historia de la lucha antidroga en la provincia

La provincia de Córdoba lleva más de una década impulsando una política integral contra el narcotráfico. Desde la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en 2015, se han registrado más de 1.000 operativos que han resultado en la incautación de cientos de toneladas de estupefacientes. La estrategia se sustenta en tres pilares: inteligencia policial, fortalecimiento judicial y prevención social.

En los últimos años, la provincia ha invertido en laboratorios forenses de alta tecnología, lo que ha permitido identificar con mayor precisión la trazabilidad de la droga y desarticular redes de distribución que conectan a Córdoba con otras provincias y con el exterior. Esta modernización se ha traducido en una reducción significativa de los índices de violencia asociados al narcotráfico en barrios como la Ciudad Jardín y el barrio General Paz.

El crecimiento de las fiscalías antinarcóticos, anunciado recientemente, no solo amplía la capacidad de procesamiento judicial, sino que también brinda mayor protección a los fiscales y a los testigos que arriesgan su vida para colaborar con la justicia. Según datos del Ministerio de Seguridad, la tasa de homicidios vinculados al narcotráfico ha descendido un 12 % en los últimos dos años, una tendencia que los expertos atribuyen al trabajo conjunto de la policía, la justicia y los programas de reinserción social.

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