La carrera de los data centers de IA: entre el rechazo electoral en EE.UU. y la disputa latinoamericana por la energía y el agua

Lead: La reciente elección de medio término en Estados Unidos mostró un rechazo palpable a la instalación de gigantescos centros de datos de inteligencia artificial, mientras que en América Latina, especialmente en Argentina, se desata una competencia feroz entre países para atraer esas mismas inversiones, a costa de recursos hídricos y energéticos escasos.

El voto contra las granjas de servidores

En 29 jurisdicciones estadounidenses, la gente votó en contra de proyectos que prometían traer empleo pero que, en la práctica, disparaban las facturas de luz y consumían agua en cantidades alarmantes. La reacción de Elon Musk en su red X, donde comentó que “los centros de datos en el espacio se ven bastante atractivos ahora”, dejó en claro que la presión social está obligando a los grandes jugadores a replantearse la ubicación de sus infraestructuras.

Según un estudio de la Reserva Federal de Dallas, los centros de datos elevaron un 6,9 % los precios mayoristas de electricidad a nivel nacional en 2025; en el norte de Virginia la cifra supera el 15 %. La carga recae directamente sobre los hogares, que ven sus facturas subir mientras el ruido y la polución se vuelven parte del paisaje cotidiano.

Impactos ambientales: energía y agua bajo la lupa

Los servidores no solo demandan electricidad; cada megavatio-hora consumido requiere alrededor de 7,1 m³ de agua para refrigeración, lo que equivale a más de 2,5 millones de litros anuales por cada MW instalado. La Agencia Internacional de la Energía calcula que los data centers representaron el 1,5 % del consumo mundial de electricidad en 2024 (415 TWh) y que esa demanda podría duplicarse para 2030.

En regiones como el norte de Virginia o el sur de Texas, donde el recurso hídrico ya es limitado, la llegada de una granja de servidores genera conflictos con comunidades agrícolas y con la gestión municipal del agua. La falta de transparencia en el uso de estos recursos intensifica la protesta social, como señaló la profesora Lisa Sachs de la Columbia Climate School.

América Latina como nuevo tablero de juego

Frente al rechazo norteamericano, las compañías de IA buscan territorios donde la regulación sea más laxa y la energía más barata. Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, se ha anunciado como una “zona libre de regulaciones” para la industria tecnológica, lo que ha puesto a provincias como Chubut y Neuquén en la mira de los inversores.

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, advierte que la ausencia de condiciones claras podría convertir al país en un campo de pruebas para gigantes tecnológicos sin que la sociedad reciba compensaciones ni garantías ambientales. En Paraguay, el proyecto Stargate de Peter Thiel ya se instaló en Iguazú City porque allí encontró energía más barata y menos trabas regulatorias, desplazando un data center que inicialmente se había planificado para Argentina.

El Observatorio Tengo Data, liderado por Pablo Serdán de la UBA, registra 52 centros de datos operando en Argentina, cuyo consumo energético equivale al de 391 000 habitantes —casi el total de La Ríoja o Catamarca. Sin datos precisos sobre el consumo hídrico, la preocupación crece en lugares como Trelew (Chubut), donde el estrés hídrico es una constante.

¿Qué significa para la soberanía y la ciencia local?

La capacidad de cómputo es cada vez más un elemento estratégico para la investigación y la independencia tecnológica. Ceder infraestructura crítica a empresas extranjeras sin condiciones puede traducirse en una subordinación de la ciencia nacional. La firma del acuerdo “Pax Cíclica” con EE. UU., que prioriza a compañías estadounidenses, ilustra cómo la geopolítica de los datos puede limitar la autonomía regional.

Brasil, por ejemplo, impone monitoreo de consumo energético y regulaciones hídricas, mientras que Argentina, bajo el proyecto super RIGI, podría quedar atada a contratos de 30 años que dificulten una revisión futura. Serdán advierte que ese “corsé jurídico” podría dejar a los ciudadanos “atados de pies y manos” frente a una tecnología que aún no comprendemos plenamente.

Una carrera sin frenos: ¿quién ganará?

La disputa por los data centers de IA está lejos de resolverse. Mientras los votantes estadounidenses siguen rechazando proyectos que les encarecen la vida, los gobiernos latinoamericanos compiten por ofrecer incentivos que, en muchos casos, ignoran los costos sociales y ambientales. La pregunta que queda en el aire es si la presión ciudadana logrará equilibrar la balanza o si la lógica del mercado seguirá dictando el rumbo, dejando a la región con una infraestructura energética cada vez más vulnerable.

Raíces y retos de la infraestructura digital en la región

Desde la década de 2000, Argentina ha intentado posicionarse como hub tecnológico, con iniciativas como la Ley de Software Libre y la creación de parques de tecnología en Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, la falta de una política integral de energía renovable y gestión hídrica ha limitado el desarrollo sostenible de estos proyectos.

En la década de 2010, la expansión de los data centers se concentró en zonas frías del país, como la Patagonia, para aprovechar el clima y reducir costos de refrigeración. Ese modelo, sin una regulación clara, generó tensiones con comunidades locales que vieron cómo sus recursos hídricos se reducían sin una compensación adecuada.

Hoy, la discusión se traslada al nivel nacional: ¿se prioriza la atracción de inversión extranjera a costa de la calidad de vida de los vecinos? La respuesta dependerá de la capacidad de los gobiernos para negociar condiciones justas, imponer monitoreos transparentes y, sobre todo, integrar la agenda climática en la estrategia de desarrollo digital.

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