Miles en la Plaza San Martín exigen la continuidad de la Emergencia en Discapacidad

El Colectivo Federal de Emergencia en Discapacidad convocó a una movilización nacional para este miércoles 9 de septiembre, día en que la Cámara de Diputados debatirá la prórroga de la Ley 27.793. En Córdoba, la concentración se realizará a las 12 hs en la emblemática Plaza San Martín, con una clase pública seguida de una marcha alrededor del espacio. La acción se replica en varias provincias con la intención de presionar a los legisladores para que mantengan vigente la normativa que protege a millones de personas con discapacidad y a sus familias.

¿Por qué la prórroga es crucial para Córdoba?

Patricia Giussani, integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), explicó a Hoy Día Córdoba que la urgencia radica en que la Ley 27.793, vigente hasta diciembre de 2026, funciona como la única herramienta legal para presentar amparos, reclamos administrativos y judiciales sobre derechos y prestaciones. “Si la ley cae, se nos van los respaldos que hoy utilizamos para exigir pensiones, ayudas y la cobertura de tratamientos”, advirtió Giussani.

En la capital cordobesa, la falta de una prórroga tendría un efecto dominó: los recursos destinados a las pensiones no contributivas, a la compensación de los prestadores del Sistema de Discapacidad y a los subsidios de estudio y salud, se verían desmantelados. La caída de la normativa dejaría a más de 100.000 beneficiarios sin la posibilidad de presentar recursos legales, lo que, según datos citados por Giussani, ya ha generado una explosión de amparos que saturan la justicia provincial.

Pensiones, prestaciones y la brecha salarial

Uno de los puntos más sensibles es la situación de las pensiones no contributivas. Según el Colectivo, alrededor de dos años transcurren sin que muchos solicitantes reciban respuesta tras presentar la documentación requerida. Además, la normativa actual establece que la pensión equivale al 70 % de la jubilación mínima, lo que la vuelve insuficiente cuando la jubilación misma es escasa. Giussani recordó que, según el exjefe de Gabinete Adorni, se dieron de baja más de 100.000 pensiones y se otorgaron apenas 3.000 nuevas, una cifra que evidencia la precariedad del sistema.

La falta de una compensación de emergencia para los prestadores del sistema, prevista para 2024, también se suma al desencanto. “Les han dado aumentos por goteo, pero la compensación integral nunca se concretó. Con la prórroga podríamos volver a exigirla”, señaló la activista.

Retrasos en estudios, tratamientos y medicamentos

El acceso a la salud es otro caldo de cultivo para la protesta. Giussani denunció demoras absurdas en la autorización de estudios, tratamientos y medicamentos a través de PAMI e Incluir Salud. “Un diagnóstico que debería hacerse en tres meses se extiende a un año y medio”, afirmó. Estas demoras obligan a muchas familias a recurrir al sistema judicial, cuyo colapso se traduce en procesos de amparo que pueden tardar hasta seis meses en resolverse.

El Colectivo también subrayó la relación directa entre el empleo formal y la financiación del sistema. La caída del empleo registrado y la disminución de salarios reducen los aportes de los trabajadores activos, mermando los recursos con los que se sostienen las prestaciones de discapacidad.

La movilización: una protesta federal y plural

La convocatoria está abierta a personas con discapacidad, familiares, profesionales y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es claro: “Instar, presionar y exigir a los diputados que asistan al recinto, den quórum y acompañen la continuidad de la emergencia”. Giussani pidió especialmente a los legisladores que se abstuvieron en la sesión anterior que esta vez acompañen el proyecto, sea cual sea su postura.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a sumarse, compartir videos y testimonios en Instagram @emergenciadiscapacidadfederal, y a difundir la causa en sus redes. “Necesitamos presión porque, sin ella, nada se mueve a favor de la gente”, concluyó Giussani.

Raíces históricas de la emergencia en discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en 2020, nació como respuesta a la crisis sanitaria y social que dejó a cientos de miles de personas sin acceso a servicios básicos. Desde entonces, la normativa ha sido utilizada como un escudo legal para reclamar derechos, pero su implementación ha sido parcial y desigual. En Córdoba, la historia de la lucha por la inclusión se remonta a la década de los 90, cuando organizaciones como la Asociación de Personas con Discapacidad de Córdoba comenzaron a demandar accesibilidad en el transporte público y la adaptación de edificios públicos.

Durante los últimos años, la provincia ha avanzado en la creación de centros de atención temprana y en la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la política social. Sin embargo, la falta de recursos y la ausencia de una normativa nacional consolidada han generado brechas que aún persisten. La prórroga de la Ley 27.793 representa, para muchos activistas cordobeses, la última barrera antes de que se cierre el camino de la reivindicación de derechos.

En este contexto, la movilización del 9 de septiembre no es solo una protesta puntual, sino la continuidad de una lucha que lleva décadas gestándose en la provincia. La participación masiva en Plaza San Martín simboliza la voluntad de la sociedad cordobesa de no dejar atrás a sus ciudadanos más vulnerables y de exigir al Estado una respuesta integral y sostenible.

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