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Ataque del ejército venezolano al ELN en Apure deja veintena de muertos y aviva la tensión fronteriza

Un mortífero operativo militar en Apure deja al menos veinte víctimas y aviva la disputa fronteriza.

Ataque del ejército venezolano al ELN en Apure: veintena de muertos y una frontera en vilo

Una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra lo que describen como un centro de acopio de drogas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó al menos veinte fallecidos en la zona de Buena Vista del Meta, en el sur de Apure, cerca de la frontera con Colombia. Entre las víctimas se contó una mujer de 62 años y un piloto civil, y varios de los guerrilleros portaban cédulas de identidad venezolanas, Carnés de la Patria y licencias de conducir. El Ministerio de la Defensa no ha emitido un comunicado oficial que detalle el número exacto de muertos ni la justificación del operativo.

El operativo y sus protagonistas

El ataque se inició el jueves 29 de octubre de 2026, cuando drones armados sobrevolaron la zona y derribaron aeronaves camufladas entre la vegetación, supuestamente vinculadas al ELN. Posteriormente, helicópteros y aviones de la FANB lanzaron una serie de bombardeos que destruyeron la supuesta instalación guerrillera. Entre los fallecidos se nombró a Olinda Moraima Camacho de Solórzano, una mujer de 62 años que se presume era esposa de uno de los combatientes; también fueron identificados Juan Carlos Guerrero Márquez, Nelson Magallanes, Wilden Luis Solórzano Camacho, Gabriel Carlos Bruzual, Luis Alexander Solórzano Camacho, con antecedentes por violencia contra la mujer, y Jesús Javier Bruzual Carrero, originario de Los Teques, que había cumplido 53 años en diciembre.

Los cuerpos de nueve de los muertos fueron trasladados a la morgue del cementerio “Luis Herrera” en San Fernando de Apure; el sábado 31 de octubre los funcionarios recibieron órdenes de enterrarlos en el municipio Esteros de Camaguán, al sur del estado Guárico. La zona de Buena Vista del Meta, ubicada junto al río Meta, afluente del Orinoco, forma parte de las Sabanas del Meta, un punto estratégico que conecta con los departamentos colombianos de Vichada y Guainía, y permite el acceso fluvial a Puerto Carreño en cuestión de minutos.

Repercusiones en la frontera y la respuesta militar

El operativo se produce en medio de una intensa presencia militar en Apure. Además de la zona de Buena Vista del Meta, el ejército venezolano mantiene puestos de control, motos y vehículos de alta cilindrada en el municipio Páez, cuya capital es Guasdualito. En esa localidad se registraron dos atentados armados en octubre: el 20 de ese mes el comerciante araucano Joel Vargas fue baleado en la avenida Santa Rita, y una semana después Cleiver Carvajal, de 26 años, recibió disparos en la calle Cedeño con Arismendi. Ambos hechos subrayan la escalada de violencia en la frontera.

Según fuentes locales, la FANB habría recibido apoyo logístico de los Estados Unidos, que en los últimos meses incrementó su presencia aérea sobre la zona. Entre el 16 y el 18 de octubre, aviones C‑146A Wolfhound de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolaron la frontera sur de Venezuela, aunque su misión era de reconocimiento y logística, no de ataque directo. Asimismo, el 28 de octubre dos aviones Cessna 208 Grand Caravan (YV‑1188 y YV‑2355) y dos helicópteros fueron despachados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) hacia Apure, lo que sugiere una coordinación entre las distintas ramas de seguridad del país.

El contexto geopolítico y la mirada de EE.UU.

El ataque se inscribe en la creciente presión de Washington sobre la presencia de grupos armados irregulares en territorio venezolano. El senador estadounidense Marco Rubio, durante una visita a Colombia en septiembre de 2026, afirmó que el gobierno interino de Delcy Eloína Rodríguez Gómez había sido advertido por la administración de Donald Trump sobre la necesidad de “solucionar” los campamentos del ELN y otras guerrillas en la frontera. Rubio sostuvo que la colaboración entre Venezuela y los grupos insurgentes colombianos representa un obstáculo para la seguridad regional y una barrera para la normalización de relaciones entre ambos países.

Históricamente, la presencia del ELN en Apure se intensificó bajo la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, cuando la guerrilla colombiana encontró un refugio natural en las sabanas y selvas del sur venezolano. Tras el acuerdo de paz con las FARC, el ELN se consolidó como la principal fuerza insurgente con capacidad para financiarse mediante el narcotráfico y el contrabando. El gobierno de Nicolás Maduro, pese a su retórica anti‑imperialista, ha permitido que ciertos sectores de la FANB colaboren con el ELN, creando una relación de conveniencia que complica aún más la situación en la zona fronteriza.

De la selva a la historia: cómo el ELN marcó la zona de Apure

Las Sabanas del Meta fueron, desde la década de los 90, un corredor natural para el tráfico de drogas y armas entre Colombia y Venezuela. La falta de infraestructura estatal y la escasa presencia de servicios públicos favorecieron la instalación de campamentos guerrilleros que, con el tiempo, se transformaron en verdaderos enclaves de poder local. La comunidad campesina de la parroquia Codazzi, en el municipio Pedro Camejo, ha vivido una “guerra de sombras” donde los grupos armados y las fuerzas del Estado se alternan en la imposición de tributos y control territorial.

El reciente ataque de la FANB, aunque justificado por el gobierno como una acción contra el narcotráfico, ha dejado al descubierto la fragilidad del modelo de seguridad venezolano y la vulnerabilidad de la población civil. Las familias de los fallecidos, muchas de ellas con lazos estrechos con la comunidad local, ahora deben enfrentar la pérdida y la incertidumbre sobre quién será el próximo objetivo de la violencia.

En el plano internacional, el episodio refuerza la percepción de que la frontera entre Apure y el Vichada colombiano es un punto caliente que podría desencadenar un conflicto más amplio si no se establecen canales de diálogo efectivos. Mientras tanto, los residentes de la zona siguen esperando respuestas claras del Ministerio de Defensa y de los organismos de derechos humanos, que hasta la fecha se han mantenido en silencio.

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