Seguridad sin miedo: lecciones de El Salvador para Perú y la perspectiva cordobesa

Lead: Desde la carretera que une San Salvador con la frontera peruana, la presidenta peruana anunció que el país adoptará medidas drásticas para devolver a los ciudadanos la posibilidad de vivir y trabajar sin temor, tomando como referencia el modelo de seguridad que, según ella, ha devuelto la paz a El Salvador. La propuesta, que se discute en el Congreso y que podría impactar la economía regional, incluye reformas legales, aislamiento de líderes criminales y una mayor cooperación internacional.

¿Qué funcionó en El Salvador y cómo se quiere replicar en Perú?

El gobierno salvadoreño, en menos de cinco años, redujo la tasa de homicidios en más del 70 % y logró que la población vuelva a ocupar plazas públicas sin temor. Según los datos oficiales, los crímenes pasaron de 62 muertes por cada 100 000 habitantes en 2015 a menos de 20 en 2023. La estrategia se basó en una combinación de mano dura –incluyendo el uso de la llamada “guerra contra las pandillas”– y programas de reinserción laboral para internos. La presidenta peruana señaló que, aunque cada país tiene sus particularidades, el ingrediente esencial es la decisión política y la voluntad de usar la fuerza del Estado contra quienes cometen delitos.

Desafíos peruanos: territorio, población y marco legal

Perú, con una superficie que supera los 1,2 millones de km² y una población de más de 33 millones, enfrenta retos que difieren notablemente de los de la pequeña República de Centroamérica. La diversidad geográfica –desde la selva amazónica hasta la sierra andina y la costa pacífica– dificulta la presencia estatal y la vigilancia de fronteras. Además, el crimen organizado se ha sofisticado, utilizando empresas pantalla y criptomonedas para lavar dinero. La propuesta peruana incluye la actualización de la legislación penal para tipificar nuevas modalidades delictivas y dotar a la Fiscalía de mayores recursos investigativos.

El ángulo argentino: ¿qué puede aprender Córdoba?

En la provincia de Córdoba, la inseguridad urbana ha crecido en los últimos años, sobre todo en barrios como Centro y Güemes, donde los robos a locales y la extorsión a pequeños comercios generan una sensación de vulnerabilidad. Los empresarios cordobeses siguen preguntándose si las medidas adoptadas en El Salvador podrían servir de modelo para nuestras ciudades. La respuesta no es sencilla, pero sí hay puntos de convergencia: la necesidad de cooperación interjurisdiccional entre la Policía Federal y las fuerzas provinciales, y la importancia de aislar a los líderes de organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios.

Además, la experiencia del programa “Seguridad Integral” de la Municipalidad de Córdoba, que combina patrullaje inteligente, cámaras de vigilancia y participación vecinal, muestra que la prevención desde la base es clave. Si bien la “mano dura” no es la única solución, sí puede complementarse con inversiones en tecnología y en la capacitación de los agentes de seguridad, tal como propone el gobierno peruano.

Costos, sostenibilidad y cooperación internacional

Implementar un modelo de seguridad al estilo salvadoreño implica gastos considerables: la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad, la compra de equipos de monitoreo y la capacitación de personal especializado. En Perú, se estima que la inversión necesaria supera los 2 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Para Argentina, y particularmente para Córdoba, la cuestión es cómo financiar proyectos similares sin sacrificar otras áreas críticas como la salud y la educación.

Una vía es la participación en alianzas regionales, como el “Escudo de las Américas”, que reúne a varios países de la zona para compartir inteligencia, recursos y entrenamiento. La presencia de fuerzas argentinas en ejercicios conjuntos en la frontera con Bolivia ya ha demostrado que la cooperación puede reducir el flujo de armas y drogas que alimentan a los grupos delictivos.

El futuro de la seguridad en Perú y su eco en Córdoba

La presidenta peruana dejó claro que el objetivo es “restaurar el derecho de los peruanos a vivir y trabajar sin miedo”. Para lograrlo, se propone un plan de cuatro pilares: reforma legal, aislamiento de líderes criminales, cooperación internacional y educación cívica desde la escuela. Cada uno de estos ejes tiene resonancia en la realidad cordobesa, donde la comunidad pide más seguridad pero también exige que las medidas respeten los derechos humanos.

En los próximos meses, el Congreso peruano debatirá proyectos de ley que podrían sentar un precedente para toda América Latina. En Córdoba, los líderes locales observarán de cerca los resultados, con la esperanza de que las lecciones aprendidas sirvan para diseñar políticas que devuelvan la tranquilidad a los barrios, a los comercios y a las familias.

Raíces y perspectivas: la seguridad como proyecto de sociedad

La historia de la seguridad pública en América Latina está marcada por ciclos de represión y de apertura. Desde los años 90, cuando varios países adoptaron políticas de “mano dura”, hasta los últimos intentos de reforma policial basados en derechos humanos, el debate nunca ha cesado. En Córdoba, la memoria de la dictadura y la lucha por la justicia social siguen influyendo en la forma en que la población percibe las medidas de seguridad.

Hoy, la discusión se traslada al ámbito de la prevención: escuelas que enseñan valores cívicos, familias que refuerzan la disciplina y autoridades que promueven la participación vecinal. Como señaló la presidenta peruana en su visita, “el orden no se reduce a policías y cárceles; comienza en las escuelas y las familias”. Esa visión resuena con la experiencia cordobesa de programas comunitarios que buscan empoderar a los jóvenes y reducir la vulnerabilidad ante el reclutamiento de pandillas.

En definitiva, la apuesta por una seguridad sin miedo exige un compromiso colectivo, una inversión sostenida y la voluntad de adaptar modelos externos a la realidad local. Perú, El Salvador y Córdoba comparten el mismo objetivo: que cada ciudadano pueda salir a la calle sin temer por su vida, y que el trabajo sea una oportunidad, no una exposición al riesgo.

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