Trump elimina el TPS y deja a 200.000 salvadoreños sin protección: la movida que sacude a EE. UU., El Salvador y la comunidad latina en Córdoba

Desde Washington, la administración de Donald Trump puso en marcha una de sus promesas de campaña y, a la vez, rompió la alianza estratégica con el presidente salvadoreño Nayib Bukele: a partir de hoy el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a cerca de 200.000 salvadoreños residentes en Estados Unidos quedó sin efecto. La medida, que se suma a la cancelación de programas similares para Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua, deja a miles de familias en la incertidumbre de tener que abandonar el país o enfrentar una posible deportación.

¿Qué implica la cancelación del TPS para los salvadoreños?

El TPS, creado en 1990 por el senador demócrata Edward Kennedy y promulgado bajo la presidencia de George H. W. Bush, otorgaba a ciudadanos de países golpeados por conflictos, desastres naturales o epidemias un permiso de trabajo y una protección temporal contra la expulsión. En el caso de El Salvador, el programa estuvo vigente desde 1991, permitiendo que cientos de miles de salvadoreños construyeran una vida en EE. UU. sin llegar a obtener la residencia permanente.

Con la derogación, los beneficiarios vuelven a un estatus irregular y quedan sujetos a procesos de deportación. La incertidumbre se agudiza porque la administración no ha definido un plazo claro para que los afectados abandonen el territorio estadounidense, lo que genera un clima de ansiedad y miedo entre quienes temen perder su laburo y la estabilidad que han conseguido durante años.

Repercusiones económicas en EE. UU. y en El Salvador

Los salvadoreños bajo el TPS aportaban más de 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, trabajando en sectores como la construcción, el transporte, la manufactura y la restauración. La pérdida de ese flujo de mano de obra calificada podría traducirse en vacantes difíciles de cubrir y en un aumento de los costos para las empresas que dependen de estos trabajadores.

En El Salvador, la situación es aún más crítica. Las remesas enviadas por la diáspora representan entre el 24% y el 26% del PIB nacional. Si la derogación provoca que cientos de miles de trabajadores regresen o pierdan sus ingresos, el país enfrentará una caída abrupta de estos recursos, lo que agravará la pobreza estructural y complicará la recuperación económica post‑pandemia.

El eco de la medida en Córdoba y la comunidad latina

En la provincia de Córdoba, la comunidad latina –especialmente la salvadoreña y hondureña que se ha asentado en barrios como Nueva Córdoba y el Centro– siente la medida como una amenaza directa a su propio laburo. Muchos de estos migrantes trabajan en la industria agroalimentaria, la construcción de obras públicas y el sector servicios, aportando mano de obra esencial que los empleadores locales describen como “difícil de reemplazar”.

Para los argentinos que comparten el mismo piso o la misma fábrica, la posible salida de estos compañeros significa menos compañeros de trabajo, menos diversidad cultural y, en algunos casos, la pérdida de redes de apoyo que facilitan la inserción de nuevos inmigrantes. Además, la caída de las remesas también afecta a familias argentinas que, a través de lazos familiares o de amistad, reciben envíos de dinero que ayudan a cubrir gastos de educación y salud.

Perspectiva política y posibles escenarios

La decisión de Trump llega en un momento de alta tensión política en EE. UU., donde la cuestión migratoria se ha convertido en un tema central de la campaña electoral. La medida podría interpretarse como una señal de dureza para presionar a gobiernos latinoamericanos, incluido El Salvador, a alinearse con la agenda estadounidense en materia de seguridad y comercio.

En el plano internacional, la derogación del TPS podría desencadenar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para conseguir líneas de crédito de emergencia que mitiguen el impacto económico en El Salvador. Sin embargo, la dependencia de Washington sobre los organismos financieros internacionales implica que cualquier ayuda vendrá acompañada de condiciones que podrían limitar la autonomía del país centroamericano.

Raíces y consecuencias de la política migratoria estadounidense

El TPS nació como una respuesta humanitaria ante crisis que escapaban al control de los gobiernos de origen. A lo largo de los últimos tres decenios, el programa se convirtió en una especie de amnistía de facto, aunque nunca fue pensado como una solución permanente. La cancelación actual revela la fragilidad de los derechos migratorios cuando dependen de decisiones ejecutivas y no de una legislación consolidada.

Para los salvadoreños que han construido su vida en ciudades como Los Ángeles, Houston o Miami, la medida representa un quilombo legal y personal: muchos tienen hijos nacidos en EE. UU. con ciudadanía americana, y la pérdida del TPS los deja en una encrucijada donde el futuro de sus familias pende de un hilo. En Córdoba, la noticia ha generado protestas y reuniones en la Casa de la Cultura de la ciudad, donde activistas latinos piden al gobierno argentino que abra canales de apoyo consular y que presione a Washington para que reconsidere la medida.

En definitiva, la derogación del TPS no solo afecta a los 200.000 salvadoreños que ahora deben decidir si vuelven a su país o se quedan en situación irregular; también repercute en la economía estadounidense, en la estabilidad de El Salvador y en la vida de comunidades latinoamericanas que, como la de Córdoba, dependen de la movilidad y del intercambio cultural para seguir adelante.

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