Urgente relevamiento de deudas a prestadores de discapacidad: la Justicia de Córdoba exige respuestas
La Justicia de Córdoba obliga a PAMI e Incluir Salud a regularizar los pagos y abre la puerta a un relevamiento nacional de deudas.
En medio de una creciente ola de reclamos por demoras y deudas acumuladas en el sistema de atención a personas con discapacidad, una convocatoria de carácter urgente se ha lanzado a nivel nacional para que todos los prestadores – desde clínicas y centros terapéuticos hasta transportistas y farmacias especializadas – informen los montos que PAMI e Incluir Salud mantienen pendientes. La iniciativa, impulsada por la abogada Marta Lastra, busca documentar la situación real de los pagos y convertir esos datos en pruebas contundentes ante la Justicia.
¿Por qué ahora?
El llamado surge tras la sentencia del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que el 23 de junio de 2026 confirmó la medida cautelar dictada el 18 de mayo, obligando a regularizar los pagos a los prestadores de servicios a titulares de pensiones no contributivas. La sentencia, con alcance nacional, reconoce que los atrasos pueden superar los cinco meses y que la falta de una estrategia de pago afecta directamente la continuidad de tratamientos críticos.
El panorama de los prestadores
Según Lastra, la realidad es dispar. “Algunos lograron ponerse al día y solo deben tres meses de atrasos; otros arrastran deudas desde diciembre del año pasado”, explicó a Hoy Día Córdoba. La falta de una decisión organizativa, según la letrada, impide que se establezca un mecanismo único de pago. Mientras tanto, los profesionales siguen cumpliendo con sus obligaciones tributarias, pagando impuestos con intereses, pero sin poder cobrar sus honorarios con los mismos recargos, lo que complica aún más su situación financiera.
Impacto en los tratamientos y la vida de los usuarios
Las demoras no son solo un problema económico; repercuten directamente en la salud de las personas con discapacidad. Se registran suspensiones de cirugías, retrasos en la autorización de cambios de botón gástrico y dificultades para acceder a medicamentos esenciales, incluidos los oncológicos. “No se puede sostener el servicio con el aire”, advirtió Lastra, señalando que la falta de pago pone en riesgo la continuidad de terapias vitales para los beneficiarios.
La denuncia penal que se avecina
Paralelamente al amparo colectivo, se presentó una denuncia penal contra el Ministro de Salud de la Nación, con la intención de que la información recabada en el relevamiento también sirva como prueba en esa causa. La abogada denunció dilaciones, respuestas evasivas y un incumplimiento sistemático por parte de los organismos encargados de financiar el sistema, incluyendo a la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los valores del nomenclador y la Ley de Emergencia en Discapacidad
Otro punto crítico señalado por Lastra es la brecha entre los valores arancelarios del nomenclador y los estipulados por los colegios profesionales de cada provincia. El incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad mantiene los pagos por debajo de lo necesario, agravando la precariedad de los prestadores y, por ende, la calidad de la atención.
Los antecedentes que explican la crisis actual
El sistema de atención a la discapacidad en Argentina tiene sus raíces en la década de 1990, cuando se creó el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para cubrir a jubilados y pensionados. Con la incorporación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en 2022, se buscó ampliar la cobertura a personas con discapacidades no contributivas, pero la falta de una actualización adecuada del nomenclador de precios quedó en el olvido.
En los últimos años, la creciente demanda de servicios especializados – desde terapias ocupacionales hasta tratamientos oncológicos – ha sobrecargado una red de prestadores que ya operaba con márgenes reducidos. La ausencia de una política de financiación clara y la dependencia de pagos puntuales de PAMI e Incluir Salud han generado una espiral de atrasos que, hasta ahora, solo se había abordado de forma fragmentada.
La sentencia de Córdoba representa un punto de inflexión: al reconocer la extensión nacional del problema, se abre la puerta a una posible reconfiguración del modelo de pago. Sin embargo, la efectividad dependerá de la rapidez con la que se realice el relevamiento, de la voluntad política para actualizar los aranceles y de la capacidad de los entes reguladores para supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
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