Xi Jinping lanza una campaña global para gravar al 20% los ingresos de los chinos más acaudalados en el exterior

Desde el 22 de octubre, el fisco chino empezará a retener un veinte por ciento de los dividendos, intereses y rentas que los millonarios del país perciban a través de fideicomisos y estructuras fuera de la República Popular. La medida, anunciada por el Financial Times, incluye también herencias y ganancias de capital generadas cuando el contribuyente ya no sea residente fiscal en China.

¿Cómo funciona la nueva carga tributaria?

El gravamen no se limita a la fase de distribución; se extiende a la creación del fideicomiso, a la apreciación de sus activos y a cualquier rentabilidad que se produzca antes de la entrega a los beneficiarios. Las autoridades chinas han concedido 90 días para que los titulares regularicen su situación y han abierto una ventana de revisión que abarcará los periodos 2023‑2025. En la práctica, los bancos, asesores y gestores de patrimonio recibirán instrucciones de escudriñar cada operación que haya tenido lugar desde el año 2000.

Impacto en los centros financieros internacionales

Hong Kong y Singapur, los dos principales refugios de la riqueza china, sienten ya la presión. Según Boston Consulting Group, el patrimonio gestionado en Hong Kong alcanzó los 2,9 billones de dólares el año pasado, superando incluso a Suiza. En Singapur, empresarios chinos habían invertido en inmuebles de lujo y oficinas familiares bajo la premisa de que un cambio de residencia o ciudadanía los protegería de la recaudación de Pekín. La noticia provocó incredulidad entre los clientes de estudios como Wong Partnership, que ahora temen que la “cobertura” que buscaban se haya evaporado.

En Japón, la compra masiva de propiedades de alta gama en Tokio, Osaka y la zona de esquí de Niseko por parte de inversores chinos había contribuido al alza de precios en barrios selectos. Ahora esos mismos compradores deben replantearse si seguir manteniendo esos inmuebles o venderlos para cubrir el impuesto del veinte por ciento, lo que podría generar una oleada de ventas y, con ella, una corrección de precios.

Reacciones de los grandes patrimonios y la estrategia de adaptación

Los fundadores de compañías creadas en la era de la apertura económica están en una encrucijada. Harry Yu, socio de Fung Yu Trust Services en Hong Kong, describe el proceso como “más arqueología que planificación”: los registros están dispersos, incompletos y a veces se encuentran en manos de distintas instituciones. La tarea de reconstruir la historia de cada fideicomiso se vuelve un laburo titánico.

Un inversor tecnológico anónimo asegura que el nuevo sistema ya “conoce sus inversiones”. La precisión del fisco para identificar activos en el exterior ha dejado a muchos empresarios con la sensación de que no hay escapatoria. Algunos, como el director ejecutivo de la gestora Wrise, prefieren solicitar préstamos con sus acciones o inmuebles como garantía, evitando la venta directa de activos que, según ellos, son la última línea de defensa contra la pérdida de liquidez.

En Estados Unidos, la división de patrimonio privado de Morgan Stanley ha visto un repunte de consultas provenientes de Hong Kong y Singapur. La ausencia de intercambio automático de información bajo el Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE hace que EE. UU. siga siendo un refugio atractivo, aunque la obtención de una ciudadanía extranjera no es una opción sencilla para ejecutivos que siguen bajo la lupa de los reguladores de Beijing.

Raíces de la política fiscal china

El proyecto de “prosperidad común” que lidera Xi Jinping busca, entre otras cosas, redistribuir la riqueza acumulada durante las décadas de rápido crecimiento. La campaña tributaria no es un hecho aislado; se inscribe en una serie de restricciones de salida de capital, controles sobre el sector tecnológico privado y una mayor vigilancia del mercado inmobiliario.

Según Minxin Pei, experto en gobernanza china, las autoridades consideran que tienen derecho a perseguir a sus ciudadanos dondequiera que estén, una visión que se alinea con la expansión de las medidas de control de capital en los últimos años. Willy Wo‑Lap Lam, de la Fundación Jamestown, interpreta la ofensiva como parte de un intento de Pekín de reforzar su control sobre los grandes patrimonios y evitar que la fuga de capitales socave la estabilidad macroeconómica.

Para la clase empresarial china, que representa cerca del 80 % del empleo del país, la presión fiscal representa un dilema: pagar el impuesto y mantener la operación o enfrentar una carga que podría hacer inviable seguir arriesgando en proyectos de alto crecimiento. Un ejecutivo de una startup tecnológica comentó que, aunque evaluó cerrar su fideicomiso internacional, decidió “pagar” porque la alternativa activaría otro gravamen del 20 % sobre la liquidación.

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