Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad en la represión iraní de 2022 y exige investigación de 87 altos mandos

Amnistía Internacional presentó un informe de más de 1.000 páginas que acusa al Estado iraní de perpetrar crímenes de lesa humanidad durante el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” del 2022. La investigación, basada en 270 entrevistas y más de 2.000 videos y documentos oficiales, pide que 87 funcionarios de alto rango – entre la Guardia Revolucionaria (IRGC) y la Jefatura de Policía (FARAJA) – sean investigados penalmente por su responsabilidad en la masiva represión.

Una maquinaria estatal al rojo vivo

El documento, titulado Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, describe cómo la IRGC y la FARAJA ejecutaron asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual contra cientos de manifestantes, entre ellos niños y niñas. Según el informe, los actos fueron “parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil” y obedecían una política estatal diseñada para sofocar cualquier forma de disidencia.

Los testimonios recabados son estremecedores. Shahram, de Yavanrud (Kermanshah), recordó: “Parecía un campo de batalla, nos perseguían agentes uniformados de la Guardia Revolucionaria con rifles Kalashnikov y no dejaban de disparar”. Mahshid, de Mahabad (Azerbaiyán Occidental), describió la escena como “una zona de guerra” donde “las fuerzas de seguridad no se apiadaban de nadie”. En Sanandaj (Kurdistán), Iman contó que los agentes disparaban a quien entrara en su campo de visión, sin importar su edad o sexo.

El “viernes sangriento” y la escalada de violencia

El informe destaca episodios de letalidad extrema, como el 30 de septiembre de 2022 en Zahedán (Sistán y Baluchistán), donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego tras los rezos del viernes y mataron a 87 personas en cuestión de horas. La masacre, conocida en Irán como el “viernes sangriento”, se realizó con munición letal, perdigones de metal y gas lacrimógeno disparados desde techos de comisarías y casas cercanas.

Documentos filtrados revelan una cadena de mando clara: una orden del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, emitida el 21 de septiembre, exigía “una respuesta firme y severa” a cualquier reunión. Dos días después, el comandante de la FARAJA en Mazandarán ordenó “responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte”. Estas directivas prueban la intencionalidad del Estado para eliminar la protesta.

Victimización de minorías étnicas y violencia sexual sistemática

Las comunidades kurda y baluchi fueron golpeadas de manera desproporcionada: representan el 62 % de las víctimas registradas pese a ser una fracción minoritaria de la población iraní. Amnistía documentó 106 homicidios baluchis (20 niños) y 95 kurdos (13 menores). Además, 16 personas fueron violadas mientras estaban bajo detención arbitraria, incluyendo a una niña de 14 años; los métodos de agresión incluyeron barras de madera, botellas de cristal y mangueras.

Otros 29 casos de violencia sexual distinta de la violación fueron también catalogados: manoseos, golpes, exposición forzada a bajas temperaturas y, en el caso de hombres y niños, descargas eléctricas e inserción de agujas. La organización concluye que se cumplen los criterios para calificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad de violación y violencia sexual.

Los 87 mandos señalados y la impunidad que persiste

Amnistía identifica a 87 altos cargos – 62 de la IRGC y la FARAJA, y 25 del Ministerio del Interior – que, según la ONG, deben ser investigados por responsabilidad de mando o complicidad. Entre los nombres más resonantes están el entonces líder supremo Ali Khamenei y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Mohammad Bagheri, ambos fallecidos en los ataques aéreos de 2026. También aparecen Hossein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, ex ministro del Interior que pasó a liderar la IRGC.

Lo que llama la atención es que la mayoría de esos funcionarios sigue en funciones, e incluso ha ascendido dentro de la cadena de mando, lo que evidencia que el aparato represivo permanece intacto. Amnistía informó al líder supremo Mojtaba Khamenei y a los jefes de la FARAJA, la IRGC y el Ministerio del Interior el 4 de agosto de 2026, sin obtener respuesta.

¿Qué implica para Argentina y la comunidad cordobesa?

El caso tiene resonancia en Argentina, donde la memoria de la dictadura y la lucha por la justicia de los crímenes de lesa humanidad siguen vigentes. Organizaciones de derechos humanos argentinas han expresado su solidaridad con las víctimas iraníes y piden que el Congreso abra un debate sobre la creación de un mecanismo internacional de justicia penal que permita juzgar a los responsables, pese al veto del Consejo de Seguridad.

Además, la diáspora iraní en la Ciudad de Córdoba – estimada en varios cientos de familias – ha denunciado temores de represión transfronteriza y ha pedido al gobierno argentino que brinde protección y facilite la documentación de posibles crímenes cometidos contra sus compatriotas. La presión de la sociedad civil cordobesa, conocida por su activismo en causas de derechos humanos, podría impulsar a la Cancillería a elevar el tema en foros multilaterales.

Un llamado a la comunidad internacional

Amnistía solicita a la Asamblea General de la ONU la creación de un mecanismo internacional de justicia penal para Irán, dado el bloqueo del Consejo de Seguridad. La organización también insta a los Estados a ejercer jurisdicción universal para investigar a los altos cargos señalados. La falta de rendición de cuentas, advierte el informe, “contribuye peligrosamente a la normalización de los homicidios masivos en protestas”, como quedó evidenciado en los episodios de represión de enero de 2026.

Raíces de la represión y lecciones para el futuro

El levantamiento de 2022 surgió tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, a manos de la policía de la moral. Su fallecimiento encendió la chispa de una protesta que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país, exigiendo el fin de décadas de represión, discriminación y falta de rendición de cuentas.

Históricamente, Irán ha usado la violencia estatal como herramienta para silenciar disidencias, desde la Revolución Islámica de 1979 hasta los disturbios de 2009 (las protestas del “Green Movement”). La continuidad de estas tácticas muestra una cultura institucional de impunidad que solo se rompe cuando la presión internacional y la sociedad civil logran un consenso sobre la necesidad de justicia.

Para Córdoba, la lección es clara: la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. La experiencia de los años de la dictadura militar argentina nos recuerda que la impunidad se alimenta del silencio. Por eso, la comunidad cordobesa debe seguir acompañando a sus pares iraníes, exigir investigaciones y apoyar los esfuerzos de organismos internacionales que busquen poner fin a la impunidad en Teherán.

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