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Autos eléctricos chinos en España: ¿Una puerta abierta al espionaje que también nos inquieta a los argentinos?

La expansión de vehículos eléctricos chinos en España plantea serios riesgos de seguridad que también podrían afectar a Argentina.

Autos eléctricos chinos en España: ¿Una puerta abierta al espionaje que también nos inquieta a los argentinos?

Lead: La masiva llegada de vehículos eléctricos fabricados por compañías chinas a España está generando alarma en Europa por posibles “backdoors” en su software, y la preocupación se extiende a Argentina, donde la industria automotriz y los consumidores temen que la misma vulnerabilidad pueda colarse en nuestras calles. Desde la presencia de marcas como BYD, Geely y Changan hasta los recientes hallazgos de cámaras ocultas en autos de la marca Deepal en Noruega, el debate sobre seguridad, soberanía tecnológica y competencia comercial se vuelve cada vez más candente.

Una avalancha de marcas chinas en el mercado español

En los últimos cinco años, España se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de la flota eléctrica china en Europa. El listado es tan extenso que resulta agotador enumerarlo: SAIC Motor, BYD, Chery, Leapmotor, Changan Automobile, Geely, XPeng, Shineray, FAW Group, Great Wall Motor, Dongfeng Motor, BAIC Group, GAC Group, Zhidou, Seres Group, JAC Motors, Skywell, entre otras. Muchas de estas marcas no solo venden sus propios modelos, sino que también han adquirido o licenciado tecnología de clásicos europeos como MG, Lotus y Volvo, incorporándola a sus plataformas de bajo costo.

El factor que ha impulsado su expansión es la combinación de precios competitivos –gracias a subsidios del gobierno de Beijing– y una oferta tecnológica que, en muchos casos, supera a la de los fabricantes tradicionales en autonomía y conectividad. En comparación, un coche eléctrico ensamblado en la planta de Martorell (Barcelona) o en Landaben (Navarra) suele costar entre un 15% y un 25% más, lo que ha provocado que los consumidores españoles opten cada vez más por la alternativa china.

Riesgos de seguridad y la sombra del “backdoor”

Más allá del atractivo económico, la preocupación central es la posibilidad de que estos vehículos incluyan “backdoors” en su software, es decir, accesos ocultos que podrían ser explotados por el Ministerio de Seguridad del Estado chino, tal como lo establece la Ley de Inteligencia Nacional de China. En septiembre de 2024, el think‑tank británico China Strategic Risks Institute (CSRI) publicó un informe que señalaba que los autos eléctricos chinos podrían servir como plataformas de espionaje, tanto para la captura de datos de ubicación como para la vigilancia a través de cámaras integradas.

El caso más sonado ocurrió en el aeropuerto de Oslo, donde, del 14 al 18 de septiembre, soldados noruegos descubrieron que los vehículos de la marca Deepal, pertenecientes a Changan Automobile, grababan videos desde sus cámaras internas y podían ser controlados remotamente desde Beijing. La noticia fue recogida por el diario Dagens Naeringsliv y avivó la alarma en la Unión Europea.

En España, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha solicitado información detallada sobre los microprocesadores o el código fuente de estos automóviles, lo que deja un vacío regulatorio que, según expertos, podría facilitar la infiltración de tecnologías de espionaje en la infraestructura de movilidad del país.

Repercusiones para Argentina y la industria automotriz local

En la República Argentina, la inquietud no es menor. Nuestro país ya enfrenta una fuerte competencia de importadores de autos usados y de kits de ensamblaje provenientes de Asia, y la entrada de vehículos eléctricos chinos podría acelerar la desindustrialización del sector automotriz nacional. Además, la falta de controles rigurosos sobre el software de estos autos abre la puerta a riesgos de seguridad vial y de protección de datos que podrían afectar a millones de conductores en la Patagonia y el Gran Buenos Aires.

El Ministerio de Producción y Trabajo ha advertido que la sustitución de componentes locales por piezas de origen chino, especialmente chips y módulos de conducción autónoma, podría debilitar la cadena de suministro nacional. En Estados Unidos, por ejemplo, se prohibió el uso de chips chinos en automóviles militares; una medida que, de replicarse en Argentina, obligaría a la industria a revisar sus contratos y a buscar proveedores alternativos, lo que encarecería el precio final de los vehículos.

Por otro lado, la Comisión Europea, liderada por la vicepresidenta Margrethe Vestager, ha manifestado su intención de investigar la seguridad de estos autos, lo que podría traducirse en normativas más estrictas que, indirectamente, afecten a los importadores argentinos que dependen del mercado europeo para la re‑exportación.

De la sombra del dragón a la pista cordobesa: antecedentes y lecciones

La relación entre Argentina y China en el ámbito automotriz no es nueva. Desde los años 2000, empresas chinas como Chery y Great Wall iniciaron proyectos de ensamblaje en la provincia de Córdoba, aprovechando la mano de obra calificada y los incentivos fiscales locales. Sin embargo, esos intentos se vieron truncados por problemas de calidad y por la falta de una política clara de protección de datos.

En la década pasada, el gobierno cordobés impulsó la creación de un parque tecnológico dedicado a la movilidad eléctrica, con la expectativa de atraer inversiones extranjeras y fomentar la fabricación de baterías. La llegada masiva de autos chinos a Europa reabre el debate sobre si esas inversiones deben acompañarse de cláusulas de seguridad cibernética, algo que hasta ahora no se había considerado en los convenios de cooperación.

Históricamente, la industria automotriz argentina ha sobrevivido a crisis de importación, a la devaluación y a la presión de competidores internacionales. La lección más valiosa es que la soberanía tecnológica no se construye solo con aranceles, sino con una normativa que exija auditorías de software, certificaciones de origen y transparencia en la cadena de suministro. En Córdoba, donde la tradición automotriz está arraigada, la comunidad empresarial y académica podría liderar la creación de un sello de “seguridad digital” para vehículos, evitando que la tentación del precio bajo se convierta en una vulnerabilidad nacional.

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