Córdoba endurece la regulación de apps de transporte: multas millonarias a plataformas por viajes sin habilitación

El Concejo Deliberante de la capital cordobesa aprobó la discusión de una ordenanza que busca modificar la Ordenanza N.º 13.549 y el Código de Convivencia Ciudadana para que las plataformas digitales de movilidad asuman la responsabilidad económica cuando asignen viajes a vehículos o conductores que no cuenten con la habilitación municipal. La iniciativa, impulsada por el concejal Diego Casado (Hacemos Unidos por Córdoba), propone sanciones que pueden alcanzar los $246.840.000, con el objetivo de evitar que la multa recaiga sobre el chofer y el vehículo.

¿Qué plantea la iniciativa?

El proyecto concentra la sanción económica por una irregularidad registral exclusivamente en la empresa operadora. Cuando la única falta sea de carácter registral –por ejemplo, la ausencia o vencimiento de la inscripción municipal– la multa se aplicará a la plataforma y el conductor recibirá una intimación para cesar el viaje y regularizar su situación en 30 días corridos, sin que se le retenga el automóvil. Además, se elimina la retención preventiva del vehículo salvo en casos graves de seguridad vial, como falta de licencia, seguro obligatorio, ITV vencida o suplantación de identidad.

Multas que llegan a los 250 millones de pesos

El esquema sancionatorio está pensado en Unidades Económicas Municipales (UEM). Las multas por asignar viajes irregulares oscilarán entre 1.000 y 3.000 UEM (entre $16.456.000 y $49.368.000) y podrán duplicarse en caso de reincidencia. Si la plataforma opera sin habilitación municipal, la sanción se eleva a 3.000‑15.000 UEM, acompañada de la orden de cese de actividad. Las penalizaciones incluyen suspensiones de la app de 30 a 180 días y posibles inhabilitaciones de hasta dos años, prohibiendo expresamente que la empresa traslade o descuente el valor de la multa al conductor o propietario.

Cómo afectará a conductores, usuarios y la ciudad

Para las empresas de ride‑hailing, la norma exige que verifiquen la vigencia de habilitaciones de choferes y unidades antes de activar una cuenta y antes de despachar cada viaje, bloqueando automáticamente la solicitud cuando detecten irregularidades. La medida, según Casado, es “control del control”: obliga a la empresa a cumplir con la normativa y a cuidar a los pasajeros, sus hijas, mujeres y hombres. Para los conductores, el cambio representa una mayor protección: no tendrán que afrontar multas ni la extracción del auto por errores que, en la práctica, son responsabilidad de la plataforma.

Raíces de la regulación de la movilidad en Córdoba

La ciudad ha experimentado una explosión de servicios de transporte bajo demanda en la última década. Desde la llegada de Uber en 2015, la oferta de apps de movilidad ha transformado la forma de desplazarse de los cordobeses, pero también ha generado tensiones con el sector del taxista tradicional y con la autoridad municipal, que ha buscado mecanismos para garantizar la seguridad y la equidad fiscal.

En 2019 se aprobó la primera normativa municipal que exigía la inscripción de los vehículos y conductores en el Registro de Transporte Público, pero la falta de mecanismos de fiscalización dejó un vacío que hoy la nueva propuesta pretende llenar. La experiencia de otras capitales, como Buenos Aires, donde se aplican multas a las plataformas por incumplimientos de registro, sirvió de referencia para diseñar un marco más estricto en Córdoba.

El proyecto también incluye una fase de acompañamiento: las plataformas tendrán 30 días para adaptar sus sistemas y 60 días de asistencia digital para formalizar la inscripción de los trabajadores. Con esta medida, el municipio busca evitar que la regulación se convierta en una carga excesiva que frene la prestación del servicio, garantizando al mismo tiempo que la movilidad urbana sea segura y transparente.

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