Córdoba lanza $240.500 millones en inversiones y genera más de 3.000 empleos en Noroeste y Sur‑Sur

El gobernador Martín Llaryora, desde la Bolsa de Comercio de Córdoba, dio a conocer este martes los resultados de la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI), una pieza clave del Plan de Igualdad Territorial (PIT). La medida moviliza $240.500 millones y promete crear más de 3.000 puestos de trabajo formales, directos e indirectos, en 21 localidades del Noroeste y Sur‑Sur de la provincia.

Cómo funciona el programa y quiénes se llevan la parte dulce

El IPI funciona como un incentivo fiscal: se devuelve hasta el 100 % del Impuesto sobre los Ingresos Brutos invertido en nuevos proyectos y se eximen los sellos para actividades vinculadas. La convocatoria, abierta en febrero y marzo de 2026, recibió 40 proyectos; 25 fueron seleccionados para el Noroeste y 15 para el Sur‑Sur. De esos, 35 son pioneros, es decir, son los primeros en su tipo en esas localidades, y 14 ya están en marcha.

Los sectores beneficiados son muy variados: 20 proyectos industriales, 8 turísticos, 6 del sector primario, 3 de salud y 3 multisectoriales que combinan actividades agrícolas, industriales y turísticas. Entre los emprendimientos destacan una planta de módulos de hormigón en Deán Funes, frigoríficos en Laboulaye, feedlots en Del Campillo, una planta extrusora en Bañado de Soto y una plataforma exportadora de alfalfa en Villa de María de Río Seco.

Impacto real en el empleo y la economía local

Según las estimaciones del gobierno, los proyectos crearán más de 900 puestos de trabajo directos y, al sumar los indirectos, la cifra supera los 3.000 empleos formales. Eso representa un aumento cercano al 50 % del empleo formal en las localidades receptoras, una cifra que, en términos de bolsillo, se traduce en más familias con ingresos estables y mayor consumo local.

El ministro de Economía, Guillermo Acosta, explicó que el IPI “es un mecanismo de corrección de fallas del mercado”. Al atraer capital privado a zonas rezagadas, el programa no solo genera empleo, sino que diversifica la matriz productiva, fortaleciendo cadenas de proveedores locales y reduciendo la dependencia de sectores tradicionales.

Infraestructura, alianzas y la visión a futuro

Llaryora subrayó que la infraestructura es la base para cualquier inversión: “Hay que construir el piso y después encontrar el techo”. Por eso, el gobierno provincial está trabajando en obras de carreteras, energía y telecomunicaciones en los departamentos involucrados. Además, la articulación entre lo público y lo privado se presenta como “un proyecto cordobés”, algo poco común en otras provincias.

El programa también se apoya en otras herramientas de política económica, como la Ley de Promoción Industrial, la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Industria Audiovisual, que ofrecen regímenes de apoyo complementarios. El Banco de Córdoba, por su parte, pone a disposición líneas de financiamiento con cuota cero y tasas competitivas para facilitar la compra de maquinaria y equipos.

Los departamentos que se suman a la transformación

El alcance territorial incluye los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de las pedanías Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y Suburbios del Río Primero. En el Sur‑Sur, los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca completan el mapa de la iniciativa.

En la práctica, la presencia de proyectos pioneros significa que en muchos de esos lugares antes no existía ninguna empresa formal del sector. Ahora, la comunidad verá la llegada de fábricas, centros turísticos, clínicas y unidades productivas que, con el tiempo, pueden generar efectos multiplicadores en la economía regional.

Raíces y desafíos del Plan de Igualdad Territorial

El PIT nació en 2025 con la Ley Provincial 11.062, una respuesta a la histórica brecha entre el centro de la provincia y sus regiones periféricas. Desde entonces, la idea ha sido que el desarrollo no sea una suerte de “hoyo de lobo” donde solo las áreas más competitivas reciben recursos, sino un proceso de equidad que permita a todos los cordobeses acceder a oportunidades de trabajo y crecimiento.

Históricamente, el Noroeste y el Sur‑Sur han sido zonas agrícolas con escasa diversificación industrial. La falta de infraestructura, la distancia a los centros de consumo y la escasa oferta de servicios públicos fueron obstáculos que frenaron la llegada de inversiones privadas. Con el IPI, el gobierno busca romper ese círculo vicioso, ofreciendo incentivos que compensen los riesgos y generen la confianza necesaria para que empresarios de toda la Argentina (y del exterior) apuesten por la región.

El desafío ahora es mantener la continuidad del programa, garantizar la transparencia en la asignación de los recursos y acompañar a los proyectos con capacitación local, para que la mano de obra cordobesa esté preparada para los nuevos puestos de trabajo. Si se logra, Córdoba podría convertirse en un modelo de desarrollo territorial que inspire a otras provincias a replicar la fórmula.

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