Córdoba reclama a Belgrano Cargas una revisión urgente de la seguridad ferroviaria tras la muerte del cabo Yozía

Por orden del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la Policía de la Provincia de Córdoba exigió a Belgrano Cargas y Logística S.A. una inspección inmediata de las condiciones de custodia en sus operaciones ferroviarias. La medida se tomó después de que el cabo Nicolás Yozía perdiera la vida el 19 de octubre mientras realizaba sus tareas de vigilancia en el barrio Remedios de Escalada, en el noroeste cordobés. La autoridad policial envió una nota formal al presidente de la empresa, con copia a la Secretaría de Transporte de la Nación, exigiendo respuestas en 48 horas.

Una petición que va más allá del lamento

El documento, firmado por el sub‑jefe de la Policía provincial, Federico Cisnero, no solo pide una disculpa institucional; solicita la designación de un responsable con poder de decisión y la creación de una mesa de trabajo urgente. Además, advierte que, de no recibirse respuesta o no garantizarse condiciones de seguridad aceptables, la provincia suspenderá los servicios policiales adicionales contratados para los tramos críticos.

Entre los sectores señalados destacan Remedios de Escalada, El Nylon y Los Galpones, zonas donde viviendas se encuentran a escasos metros de la vía, el tránsito peatonal es constante y se registran antecedentes de descarrilamientos y bloqueos intencionales de la traza. La Policía insiste en que se realice un relevamiento conjunto que incluya la infraestructura, la proximidad de viviendas, los accesos de evacuación y los espacios de resguardo para los efectivos.

Historia reciente que respalda la urgencia

El pedido se inscribe en un contexto de incidentes que ponen en tela de juicio la seguridad ferroviaria cordobesa. El 23 de marzo, un suboficial evitó que una menor fuera arrollada por un tren de carga, lo que subraya la vulnerabilidad de los vecinos frente a la circulación de trenes de carga sin supervisión adecuada. Asimismo, la zona ha sido escenario de varios descarrilamientos menores y de intentos de obstrucción deliberada de la vía, hechos que incrementan la presión sobre los cuerpos de seguridad.

La empresa Belgrano Cargas, que administra la infraestructura ferroviaria bajo la modalidad de concesión, tiene la obligación legal de mantener los estándares de seguridad, independientemente del proceso de privatización. La Policía provincial recalca que la delegación de la gestión no exime a la compañía de sus responsabilidades ni puede servir de excusa para postergar medidas preventivas.

Qué implica la posible suspensión de servicios

Si la empresa no responde dentro del plazo establecido, la autoridad provincial dejará de destinar efectivos a posiciones o modalidades de custodia que no cuenten con garantías de seguridad. La medida se limitará a los servicios de Policía Adicional contratados para los sectores críticos, manteniéndose intactas las funciones generales de prevención y respuesta policial. La amenaza de suspensión busca presionar a Belgrano Cargas para que actúe con celeridad y evite que se repitan tragedias como la del cabo Yozía.

En paralelo, se solicita revisar la modalidad de custodia, la cantidad y especialidad del personal asignado, los medios de comunicación entre los efectivos y los operadores ferroviarios, y establecer procedimientos claros de aviso previo al paso de los trenes. La idea es definir posiciones seguras y pautas de actuación ante contingencias, con plazos y responsables bien definidos.

Raíces de la seguridad ferroviaria en Córdoba

El ferrocarril ha sido una pieza clave del desarrollo económico y social de la provincia desde el siglo XIX, conectando el interior con los puertos del litoral y favoreciendo la exportación de granos, ganadería y manufacturas. En la actualidad, la red sigue siendo vital para el movimiento de carga, pero la falta de inversión en infraestructura y la creciente urbanización de áreas cercanas a la vía han generado nuevos retos de seguridad.

Los barrios que se formaron alrededor de las vías, como Remedios de Escalada, surgieron en un contexto de crecimiento desordenado, donde la proximidad a la vía era vista como una ventaja económica. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa cercanía se tradujo en riesgos cotidianos para los residentes y para el personal que debe vigilar la circulación de trenes pesados.

La provincia ha intentado, en los últimos años, articular políticas de reordenamiento urbano y de mejora de la infraestructura ferroviaria, pero la falta de coordinación entre los entes provinciales, la empresa concesionaria y el gobierno nacional ha entorpecido los avances. La exigencia de hoy, por parte de la Policía, representa una oportunidad para reactivar el debate y buscar soluciones conjuntas que garanticen la seguridad de los vecinos y de los efectivos policiales.

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