EE.UU. corta visas a más de 60 figuras políticas de Colombia y Bolivia por presuntos lazos con el narco

Washington anunció este jueves la revocación de visas a más de sesenta altos cargos, exfuncionarios y políticos de Colombia y Bolivia, acusados de estar vinculados al narcotráfico y a la corrupción. Entre los sancionados se encuentran el ex presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. La medida forma parte de la ofensiva antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump en América Latina.

Una lista que sacude a la política colombiana

En Colombia la nómina incluye a personajes de alto perfil: Ricardo Roa Barragán, quien dirigió la petrolera estatal Ecopetrol y fue gerente de campaña del presidente de izquierda Gustavo Petro; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre; y el senador electo Wadith Manzur, detenido antes de asumir su cargo por una orden judicial. También aparecen la representante a la Cámara Karen Manrique, vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), y los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, junto al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.

El Departamento de Estado argumentó que la decisión respalda al recién electo presidente boliviano Abelardo de la Espriella, quien derrotó a Petro en las últimas elecciones, y sus esfuerzos por “eliminar la influencia criminal” en todos los niveles del Estado.

Bolivia bajo la lupa: 40 nombres y sus familiares

En Bolivia la medida alcanzó a 40 personas, entre ellas 15 exfuncionarios y 25 familiares directos. Entre los citados están el ex fiscal general Juan Lanchipa Ponce, el ex fiscal Armando Rojas, y el juez Julio Alba Flores. También figura el magistrado Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas, Julio César Porras Velarde.

Otros nombres incluyen a Rony Suárez Milliet, investigado por su vínculo con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y a Freddy Bismarck, excomandante policial de Tarija y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). La lista también contiene a la ex directora general de Migración, Katherine Calderón, y a varios exdirectores de organismos de seguridad y finanzas.

El plan Trump y la estrategia antidrogas en la región

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el expresidente Donald Trump ha convertido la lucha contra el narcotráfico en una de sus prioridades de política exterior. La revocación de visas es una herramienta de presión que busca debilitar las redes de poder vinculadas al tráfico de estupefacientes y a la corrupción institucional.

Estados Unidos es el principal socio de Colombia en la lucha contra la cocaína, tanto en términos de asistencia técnica como de mercado para la exportación legal de productos agrícolas. En Bolivia, la medida se suma a una serie de sanciones que ya habían llevado a la detención de un exfiscal general por presuntos sobornos a organizaciones narcotraficantes.

Repercusiones en la agenda local y la economía cordobesa

Para Córdoba y el resto del país, la noticia tiene un eco directo: la presión de Washington sobre los gobiernos vecinos afecta también a los flujos comerciales y de inversión. Las exportaciones cordobesas de productos agroindustriales, que a menudo pasan por puertos colombianos, pueden verse impactadas si la relación bilateral se tensa por estas sanciones.

Además, la medida refuerza la narrativa de que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad que trasciende fronteras, lo que podría traducirse en más fondos internacionales para proyectos de desarrollo y seguridad en la región del Norte Argentino, cerca de la frontera con Bolivia.

Trasfondo histórico de la política antidrogas en la región

La lucha contra el narcotráfico en América Latina tiene raíces que se remontan a los años 80, cuando la cocaína se convirtió en uno de los principales productos de exportación ilegal del continente. Los gobiernos de la zona, bajo presión de EE. UU., adoptaron políticas de erradicación forzada y cooperación judicial que, en muchos casos, provocaron conflictos internos y desplazamientos.

En Colombia, la firma del Plan Colombia en 2000 marcó un hito al canalizar miles de millones de dólares en asistencia militar y policial estadounidense. Sin embargo, la estrategia también generó críticas por violaciones de derechos humanos y por la concentración de la lucha en zonas rurales, dejando a la élite política y empresarial en la sombra.

Bolivia, por su parte, ha vivido una relación más ambivalente con Washington. Durante la década de los 2000, el país adoptó una postura de soberanía frente a la presión antidrogas, pero los últimos gobiernos han buscado equilibrar la cooperación internacional con la defensa de sus recursos naturales. La actual administración de De la Espriella parece haber optado por una alineación más estrecha con la política estadounidense, como lo evidencia la reciente ola de sanciones.

En ambos países, la revocación de visas a funcionarios y sus familiares constituye una herramienta de presión que busca desarticular redes de poder y enviar un mensaje claro: la impunidad frente al narcotráfico ya no será tolerada.

¿Qué sigue para los sancionados y la región?

Los nombres incluidos en la lista todavía no han emitido declaraciones oficiales, y sus defensores legales argumentan que las sanciones son arbitrarias. Mientras tanto, los gobiernos de Colombia y Bolivia deberán gestionar la respuesta diplomática y evaluar el impacto de la medida en sus relaciones bilaterales con EE. UU.

Para la ciudadanía cordobesa, el tema se traduce en la necesidad de seguir de cerca cómo estas decisiones influyen en la seguridad, la economía y la percepción internacional de la región. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una movida compleja, y cada acción de Washington repercute en la vida cotidiana de los argentinos que comparten frontera y comercio con estos países.

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