Córdoba refuerza la lucha contra el crimen en el III Consejo Nacional de Seguridad Interior de San Juan

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, llegó a San Juan este viernes para participar en la tercera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CNSI). La delegación, encabezada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se sumó a la agenda nacional que aborda narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas y las nuevas modalidades delictivas que afectan a la República.

Una agenda cargada de desafíos y soluciones

El encuentro, convocado por la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, reunió a autoridades de todas las provincias. Entre los temas prioritarios estuvo la detección y bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios, una herramienta tecnológica que busca cortar la comunicación de bandas criminales dentro de los penales. Además, se presentaron estrategias de prevención del delito y se debatió el fortalecimiento de la capacitación de los agentes de seguridad.

El equipo cordobés y sus prioridades

Junto a Quinteros, la delegación cordobesa incluyó al jefe de Policía, Marcelo Marín; al subjefe de Policía, Alberto Bietti; y al subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Seguridad, Martín Soda. Todos coincidieron en la necesidad de adaptar las políticas de seguridad a la realidad local, donde el narcotráfico y el tráfico de armas siguen marcando el pulso de la violencia, especialmente en la zona norte de la provincia.

“Nuestro objetivo es llevar a Córdoba las mejores prácticas y, a la vez, compartir nuestras experiencias en la zona del Valle del Guadalquivir, donde la coordinación interjurisdiccional ha sido clave para frenar el paso de cargamentos ilícitos”, señaló el ministro Quinteros durante la sesión inaugural.

Herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad

Uno de los momentos más esperados fue la presentación del Programa de Bloqueo de IMEI/IMSI, que permite identificar y bloquear teléfonos móviles dentro de los recintos penitenciarios. La medida, impulsada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, busca evitar que los internos organicen delitos desde la cárcel, una práctica que ha cobrado fuerza en los últimos años.

Los representantes cordobeses manifestaron su intención de implementar este programa en la cárcel de Villa del Rosario, la mayor de la provincia, y solicitaron apoyo técnico al gobierno nacional para su puesta en marcha.

Convenios y alianzas estratégicas

Durante la jornada se firmaron varios convenios entre provincias, entre los que destaca el acuerdo de intercambio de bases de datos de antecedentes penales y la creación de una red de vigilancia conjunta para el control del tráfico de armas. Córdoba, que ha sido pionera en la instalación de cámaras de seguridad en la ruta provincial 20, aportó su experiencia para la elaboración de protocolos de vigilancia en carreteras críticas.

El secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, subrayó que “la cooperación entre provincias es la piedra angular para enfrentar una amenaza que no respeta fronteras”.

Impacto en la vida cotidiana de los cordobeses

Para la ciudadanía de la capital y el interior, estas decisiones se traducen en un mayor nivel de seguridad en barrios como Alta Córdoba y el Centro, donde la presencia policial ha aumentado en los últimos meses. Asimismo, la implementación del bloqueo de IMEI en la cárcel de Villa del Rosario promete reducir la incidencia de delitos planificados desde el interior del penal, lo que se reflejará en una menor carga de robos y asaltos en la zona metropolitana.

“Cuando la seguridad se vuelve más preventiva y menos reactiva, la gente siente que el laburo de la policía es más eficaz y se genera confianza”, comentó Marcelo Marín, jefe de Policía, en una entrevista posterior al congreso.

Un futuro de coordinación y tecnología

El CNSI cerró la jornada con la promesa de una segunda reunión en el próximo año, donde se evaluarán los resultados de los programas presentados y se ajustarán las estrategias según los indicadores de criminalidad. Córdoba se comprometió a presentar un informe de avances a finales de 2027, con métricas que permitan medir la reducción de delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.

En definitiva, la participación cordobesa en el III Consejo Nacional de Seguridad Interior representa una oportunidad para afinar la coordinación interprovincial, impulsar la adopción de tecnologías de punta y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los cordobeses frente a la inseguridad.

Raíces históricas de la cooperación en seguridad en la República

La idea de un Consejo Nacional de Seguridad Interior nace a principios de la década del 2000, cuando el país enfrentaba una ola de violencia vinculada al narcotráfico. En aquel entonces, la necesidad de articular esfuerzos entre la Nación y las provincias llevó a la creación de un espacio permanente de diálogo, que ha evolucionado con la incorporación de herramientas tecnológicas y la participación de la sociedad civil.

En Córdoba, la cooperación interjurisdiccional ha tenido antecedentes importantes. Durante la década de 1990, la provincia firmó convenios con Mendoza y San Luis para el control de rutas de contrabando de tabaco, lo que sentó las bases para la actual red de intercambio de información criminal. Asimismo, la experiencia de la Policía de Córdoba en la implementación de sistemas de videovigilancia en la ruta provincial 20 sirvió de modelo para otras jurisdicciones.

Hoy, la integración de tecnologías como el bloqueo de IMEI/IMSI y la creación de bases de datos unificadas refleja la evolución de esa visión inicial: una seguridad más preventiva, basada en la información y la cooperación. El legado de los primeros años del Consejo se mantiene vivo en cada acuerdo firmado y en cada herramienta que se despliega en el terreno, demostrando que la unión hace la fuerza contra el delito.

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